Defensa, geopolítica y adquisiciones militares
La era del infantilismo estratégico que marcó el rumbo de la defensa durante todas las gestiones de origen kirchneristas derivó en un sistemático proceso de desarme e indefensión.
Defensa, geopolítica y adquisiciones militares
El ministro Luis Petri entregó en 2024 nuevos tanques el ejercito
Juan Battaleme
Secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa, Ministerio de Defensa
Diario Clarín
Es la geopolítica una de las razones centrales que llevan a las distintas naciones del planeta a adquirir equipos para sustentar su defensa? Sí, pero no la única. Las condiciones técnicas, las razones operacionales, las denominadas hipótesis de conflicto existentes y las perspectivas de un conflicto armado derivadas de la degradación del ambiente internacional también deben ser consideradas. La activación de dilemas de seguridad y un pesimismo creciente sobre el entorno internacional, también tienen su peso decisional.
La era del infantilismo estratégico que marcó el rumbo de la defensa durante todas las gestiones de origen kirchneristas derivó en un sistemático proceso de desarme e indefensión, con debates estériles y circulares. El tiempo para seguir por ese camino se encuentra agotado.
En lo que respecta al necesario reequipamiento y reactivación de los programas de modernización de material para las FF.AA. se han abierto diversos debates sobre la necesidad, la oportunidad junto con consideraciones geopolíticas.
Todos son bienvenidos, en particular cuando en el pasado reciente esos debates no tenían ningún sustento concreto. La recuperación de la aviación de combate, la adquisición de Vehículos Blindados de Combate a Rueda (VCBR) y la posible compra de submarinos, cambió el eje de la discusión: saliendo de la teoría para discutir las consecuencias que tiene para el país adquirir determinado tipo de equipamiento militar.
En cuanto a la aviación, Los Ministros Garre, Taiana, Puricelli y Rossi, dejaron pasar sucesivas oportunidades de incorporar aviones de combate polivalentes: desde los israelíes KFIR C-10/12, pasando por los Mirage F-1 y 2000 franceses, hasta abortar la posible adquisición del KAI T-50 surcoreano, aduciendo “veto británico”. Tardíamente apareció sobre la mesa el JF-17 de fabricación sino-pakistaní. Luego, y ante el avance de la propuesta china surgieron dos competidores: el F-16 A/B MLU ofrecido por Dinamarca y EE.UU., y el HAL Tejas Mk2, de origen indio.
Tanto Rossi como Taiana, habiendo contado con las condiciones políticas para avanzar con el JF-17, dilataron la decisión política y administrativa. Ellos deberán responder qué motivó que el entonces presidente Alberto Fernández declarara al FT el 7/12/ 22 que “no había dinero para aviones de combate y que no se iban a comprar”.
Resulta evidente que los responsables de defensa de esa gestión estaban más interesados en garantizarle el statu quo al Reino Unido. Eso sí: para disimular, protestaron con vehemencia y mantuvieron alta la narrativa sobre Malvinas, al tiempo que evitaron cualquier tipo de diálogo estratégico con ese país, para que la contradicción no se hiciera tan evidente. El ministro Petri revirtió esa situación: la decisión de avanzar con los F-16 se ejecutó en 100 días, tras una década de inacción.
Algo similar ocurrió con los VCBR. Otra vez, la inacción fue la constante de las administraciones kirchneristas. El ministro Petri tomó la decisión de avanzar, luego de un año de análisis minucioso de distintos modelos disponibles, dando respuesta a lo que el Ejército demandaba: un vehículo 8x8, no uno 6x6 como pretendía imponer Taiana. Ese proyecto comenzó en 2009; 16 años después es esta administración la que comienza a darle una solución, en tres etapas, con una operatoria transparente entre gobiernos.
Cabe señalar que la opción brasileña no avanzó por la desconfianza de la administración de Lula hacia la economía de los Fernández. Su ministro de Hacienda rechazó la operación con financiamiento del BNDES por considerar que Argentina no tenía capacidad de pago. La solidaridad ideológica tuvo poco peso cuando de adquisiciones en material de defensa se trata, y es entendible que así sea. Menos conocido es que, a pesar de la falta de financiamiento, se continuó evaluando el modelo brasileño. Fue el VCBR Stryker que resultó mejor posicionado según los informes técnicos del Ejército elevados al Ministerio de Defensa.
Otra curiosidad de la relación en defensa entre Argentina y Brasil fue la decisión de sumar a nuestro país como proveedor de Embraer en el proyecto del avión de transporte KC-390. Dicho proyecto incluye componentes británicos sensibles, como los sistemas de control de vuelo provistos por British Aerospace.
Aun así, el Ministro Rossi firmó una carta de intención para adquirir seis aeronaves, debiendo suponer que ese avión se encuentra sujeto al veto británico. Al día de hoy, su incorporación incierta: el KC-390 implicaría una mejora sustancial en la capacidad de transporte aéreo argentino y si es mejora está sujeto a veto. A ello se suma que Brasil no ha mostrado interés en financiar la operación, lo que deja a la Argentina dependiendo, por ahora, de los nobles y modernizados Hércules de EE.UU.
Esa es la diferencia entre firmar cartas de intención y equipar a las fuerzas. Expone a los decisores a distintos tipos de alternativas, opciones geopolíticas y realidades económicas.
La modernización del equipamiento militar tiene consecuencias, las cuales ya comienzan a verse, en particular en la reacción de aquellos que querían seguir el camino del desarme lento y sostenido que condenaba a las Fuerzas Armadas del octavo país del planeta a la irrelevancia operacional. Poner en valor a las Fuerzas Armadas es brindarles los medios para que puedan cumplir con el mandato constitucional y ser garante de la paz de los argentinos.
Addendum del editor
La política de defensa implementada por los gobiernos kirchneristas se caracterizó por un marcado desinterés estratégico y una inacción persistente que llevó a un preocupante estado de indefensión nacional. Bajo un enfoque calificado como "infantilismo estratégico", se abandonaron iniciativas clave para el reequipamiento militar, debilitando las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas argentinas y dejando al país sin medios adecuados para responder a potenciales amenazas.
Durante casi dos décadas, las administraciones kirchneristas no solo evitaron inversiones sustanciales en defensa, sino que además postergaron o directamente rechazaron decisiones fundamentales. Esto incluyó la falta de incorporación de aviones de combate polivalentes, pese a contar con múltiples oportunidades (KFIR israelíes, Mirage franceses, T-50 surcoreano, JF-17 chino-pakistaní, entre otros). Incluso cuando existía consenso técnico y condiciones políticas para avanzar, los ministros del área —Garré, Taiana, Puricelli y Rossi— optaron por dilatar o abortar las decisiones, muchas veces escudándose en supuestos vetos británicos sin intentar sortearlos por vía diplomática o técnica.
El caso de los Vehículos Blindados de Combate a Rueda (VCBR) siguió una lógica similar: 16 años de parálisis desde que se inició el proyecto en 2009, con decisiones políticas que nunca se concretaron. Solo en gestiones posteriores comenzó a ejecutarse una solución técnica basada en las necesidades reales del Ejército, tras una década y media de postergaciones.
En paralelo, el gobierno argentino se comprometió con proyectos como el KC-390 de Embraer —con componentes británicos sensibles al veto— sin garantías sobre su viabilidad real, demostrando una desconexión entre decisiones formales y capacidades operativas efectivas. Las declaraciones políticas sobre soberanía, en especial respecto a Malvinas, quedaron desmentidas por una praxis que evitó cualquier acción que pudiera incomodar al Reino Unido en el terreno concreto del reequipamiento militar.
La política de defensa del kirchnerismo incurrió en una negligencia sistemática que, por su profundidad y duración, roza los límites de la traición a los intereses nacionales. Sin dudas que fue coordinado con la desmantelación de todo el sistema de inteligencia nacional dejando las fronteras libres para todos los actos de corrupción imaginables. No dotar a las Fuerzas Armadas del equipamiento necesario en un contexto geopolítico cada vez más inestable no solo debilitó la soberanía efectiva del país, sino que dejó a la Argentina sin capacidad real de disuasión, comprometiendo su seguridad estratégica. La reversión parcial de este proceso en gobiernos posteriores expone, por contraste, el nivel de parálisis y desinterés que marcó la etapa anterior.