La Guerra Antisubversiva en Argentina: Tácticas antiterroristas y descentralización operativa y evolución al presente
Por Esteban McLaren
Control de rutina durante la guerra antisubversiva: Conscriptos realizan el control de documentación.
¿Se podría repetir la intervención militar para combatir a la guerrilla o el terrorismo como en los 70s en Argentina? La respuesta es con alta probabilidad no. La evolución de las formas de combatir, no solo a la guerrilla sino a fuerzas convencionales, a evolucionado de modo que pocas tropas altamente especializadas a nivel de la policía con una logística específica y muñidos de inteligencia y análisis pueden desarrollar esa tarea que comprometió a todas las fuerzas armadas en su momento. El compromiso política y judicial, en todo caso, siempre será el responsable final de la eficiencia de todas las operaciones.
Parte 1: Doctrina y operatividad de la Guerra Antisubversiva
La denominada Guerra Antisubversiva en Argentina (1976-1983) marcó un período de intensa actividad militar y de seguridad interna orientada a combatir organizaciones insurgentes consideradas terroristas por el régimen militar. Esta etapa, impulsada por la Junta Militar, se caracterizó por la adopción de tácticas antiterroristas que buscaban neutralizar a grupos armados como los Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). A diferencia de otros países que adoptaron modelos más centralizados de coordinación, las operaciones argentinas se destacaron por una descentralización operativa significativa, permitiendo una autonomía notable a las unidades militares y policiales locales.
Tácticas antiterroristas en el terreno
Las tácticas antiterroristas implementadas en Argentina pueden analizarse desde tres ejes principales.
El modelo táctico argentino en la lucha contrainsurgente se construyó sobre un enfoque dual: reactivo y proactivo. Este diseño buscaba identificar, localizar y neutralizar objetivos insurgentes mediante una combinación de inteligencia precisa, operaciones directas y métodos coercitivos. La inteligencia humana (HUMINT) jugó un rol crucial en esta estrategia, con un amplio uso de informantes infiltrados y agentes dobles que penetraron las estructuras insurgentes. Gracias a estas operaciones, se lograron resultados significativos, como frustrar ataques planificados o desarticular acciones insurgentes críticas, incluyendo el conocido asalto al batallón de arsenales de Monte Chingolo, donde la anticipación y la información obtenida demostraron ser determinantes.
Sin embargo, no toda la información se obtuvo mediante infiltración. Los interrogatorios coercitivos se convirtieron en un componente oscuro pero central del esfuerzo contrainsurgente. Realizados en detenciones clandestinas, muchas veces fuera de cualquier registro oficial, estos interrogatorios emplearon métodos de tortura para extraer datos estratégicos. Este enfoque, aunque efectivo en términos operativos, permitió la identificación y neutralización de miembros clave dentro de las organizaciones insurgentes, incluidos altos mandos. Las consecuencias éticas y legales de estas prácticas siguen siendo objeto de debates históricos y políticos, pero su impacto operativo fue innegable en la desarticulación de redes rebeldes.
En los centros urbanos, la acción directa adquirió una forma particularmente agresiva con los denominados "grupos de tareas". Estas unidades, pequeñas pero altamente móviles, fueron desplegadas para llevar a cabo operaciones de asalto directo. Con precisión quirúrgica, se dedicaron a capturas, ejecuciones extrajudiciales y la desmantelación de células urbanas. Entre sus logros más destacados se encuentra la eliminación del jefe máximo del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), un golpe que desarticuló significativamente la capacidad operativa de esta organización. Estas operaciones urbanas, aunque polémicas, fueron el punto culminante de una estrategia diseñada para erradicar la insurgencia con eficacia implacable.
La combinación de inteligencia, coerción y acción directa formó un esquema táctico que resultó devastador para las fuerzas insurgentes. Aunque cuestionable desde una perspectiva ética y legal, este enfoque logró su propósito operativo: desmantelar las estructuras insurgentes y neutralizar su capacidad de amenaza. No obstante, dejó un legado de tensiones sociales y dilemas morales que continúan resonando en la memoria histórica de Argentina.
En las áreas rurales de Argentina, la lucha contrainsurgente tomó un cariz implacable, modelado por tácticas que evocaban las empleadas por Estados Unidos en Vietnam. Tucumán se convirtió en el epicentro de estas operaciones durante el Operativo Independencia, un despliegue militar que, más allá de los montes tucumanos, se extendió a otras regiones rurales del país en un intento de sofocar las insurgencias. Las patrullas móviles emergieron como uno de los recursos tácticos más eficaces, pequeñas unidades que se adentraban en la espesura de la selva y los montes, rastreando a los guerrilleros y llevando la guerra hasta el corazón de sus escondites. Este enfoque, diseñado para minar la capacidad de las fuerzas insurgentes de moverse y operar con libertad, resultó devastador en muchos aspectos.
Paralelamente, la destrucción de la infraestructura logística de los insurgentes fue clave para debilitar sus capacidades operativas. Campamentos enteros eran desmantelados, redes de abastecimiento desarticuladas y arsenales clandestinos destruidos. Incluso las imprentas, símbolo de la resistencia y herramienta propagandística, eran objetivos prioritarios en esta guerra asimétrica. Cada armería destruida y cada línea de suministro cortada representaban un golpe que buscaba aislar a las fuerzas insurgentes, empujándolas al colapso operativo.
El aislamiento era una constante en esta estrategia de contrainsurgencia. Los cercos operativos se erigían como murallas invisibles pero letales alrededor de las áreas en las que los insurgentes encontraban refugio y apoyo civil. Estas operaciones, desplegadas con precisión luego de atentados, secuestros y otras acciones insurgentes, buscaban cortar todo vínculo entre los guerrilleros y las comunidades locales. En un entorno rural donde el apoyo civil era vital para la supervivencia de las fuerzas rebeldes, estos cercos demostraron ser una herramienta tan contundente como las patrullas móviles o las operaciones directas.
No obstante, la lucha no se limitó a las acciones en el terreno. El gobierno desplegó una maquinaria de propaganda y guerra psicológica que complementaba las acciones cinéticas con un sofisticado arsenal de mensajes destinados a desmoralizar a los insurgentes y consolidar el apoyo social. A través de mensajes intimidantes, exhibiciones de fuerza y narrativas diseñadas para justificar la represión, el Estado buscaba erosionar la moral de las fuerzas rebeldes mientras reforzaba el relato de la "guerra contra el terrorismo". Este esfuerzo no solo apuntaba a legitimar las operaciones militares, sino también a obtener el respaldo de sectores específicos de la sociedad, apelando a sus miedos y alineando su percepción con los objetivos del régimen.
La combinación de tácticas rurales y operaciones psicológicas en Argentina se convirtió en un ejemplo emblemático de contrainsurgencia multidimensional, donde cada patrulla en el monte y cada mensaje difundido desde los medios formaban parte de un entramado destinado a sofocar la rebelión a cualquier costo. Sin embargo, este modelo dejó un legado de lecciones y controversias, especialmente en cuanto al balance entre eficacia táctica, impacto social y respeto por los derechos humanos.
Descentralización operativa: Autonomía y fragmentación del mando
Argentina, a diferencia de otros países que optaron por enfoques centralizados como el modelo francés en Argelia, adoptó una estrategia descentralizada en su lucha contra las guerrillas. Este método otorgaba a las unidades locales la responsabilidad de planificar y ejecutar las operaciones, lo que resultó en una notable eficacia táctica. En cuestión de meses, las organizaciones guerrilleras quedaron al borde de la desarticulación operativa, un logro sin parangón en escenarios donde se emplearon estrategias más centralizadas.
La autonomía regional fue uno de los pilares de esta estrategia. Las zonas militares se dividieron en regiones estratégicas, cada una bajo un comando regional que gozaba de amplia libertad para diseñar y llevar a cabo operaciones. Este enfoque, basado en el principio militar de la Auftragstaktik, permitió respuestas rápidas y adaptadas a las necesidades locales. Sin embargo, esta descentralización también dio lugar a una falta de uniformidad en las tácticas empleadas y en los métodos de recolección de inteligencia, lo que debilitó la cohesión estratégica.
Otro elemento distintivo fue el uso de grupos de tareas compuestos por efectivos de diversas fuerzas, como el Ejército, la Policía Federal y Provincial, y la Gendarmería. Estos grupos operaban con una independencia considerable y sin una supervisión central constante. Si bien esta flexibilidad facilitó decisiones rápidas en el terreno, también incrementó los riesgos asociados a la falta de controles superiores.
La fragmentación, si bien eficaz en el nivel táctico, tuvo consecuencias de gran alcance. Aunque las acciones específicas, como capturas y eliminaciones de insurgentes, fueron ágiles y precisas, la coordinación estratégica quedó relegada, dificultando una evaluación integral de las operaciones. Además, la descentralización exacerbó los niveles de abuso de autoridad y discrecionalidad, lo que llevó a violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
Este modelo argentino, con sus logros y controversias, ilustra el delicado equilibrio entre autonomía táctica y supervisión estratégica, dejando lecciones clave para futuras operaciones de contrainsurgencia.
Evaluación de la eficiencia militar
Desde un enfoque estrictamente militar, la estrategia argentina de contrainsurgencia logró resultados magníficos hacia el final del conflicto, desmantelando gran parte de las capacidades operativas de los grupos insurgentes. Sin embargo, esta eficacia táctica estuvo acompañada de serias limitaciones y costos que dejaron un impacto profundo en las Fuerzas Armadas y en el país.
Operativamente, la estrategia cumplió con muchos de sus objetivos. Los principales líderes insurgentes fueron neutralizados, debilitando gravemente la capacidad ofensiva de organizaciones como los Montoneros y el ERP. Las operaciones urbanas, rápidas y contundentes, se adaptaron con eficacia a los entornos complejos de las ciudades, donde la insurgencia intentaba consolidar su presencia. Estas acciones reflejaron una capacidad táctica que, en el plano inmediato, logró frenar la amenaza insurgente.
Sin embargo, a nivel estratégico, el enfoque descentralizado mostró serias fallas. La falta de coordinación centralizada limitó la capacidad de consolidar los logros operativos en un marco nacional coherente. Esta fragmentación, aunque útil en el nivel táctico, impidió articular una estrategia unificada que capitalizara las victorias locales en un resultado estratégico definitivo. Además, la autonomía otorgada a los grupos operativos fomentó un clima de impunidad y corrupción interna. Recursos valiosos se desviaron, y los esfuerzos perdieron eficacia debido a la falta de supervisión y control central.
Los costos internos de esta estrategia también fueron profundos y duraderos. El enfoque descentralizado multiplicó los abusos y ejecuciones sumarias, lo que dañó gravemente la legitimidad de las Fuerzas Armadas. Este impacto negativo se vio exacerbado tras la derrota en la guerra de Malvinas, cuando la imagen institucional ya estaba seriamente deteriorada. Además, la carencia de tropas especializadas en tácticas no convencionales obligó a emplear a conscriptos, suboficiales y oficiales con un entrenamiento limitado y muchas veces improvisado. La falta de preparación adecuada dejó brechas operativas que pudieron haberse mitigado con una fuerza más capacitada.
Los recursos dedicados a la contrainsurgencia también debilitaron otras áreas críticas de la defensa nacional. Al embarcar a las tropas en una guerra no convencional, se comprometió su preparación para enfrentar conflictos convencionales, dejando vulnerabilidades estratégicas en el ámbito militar. Además, el abandono de una legislación que permitía combatir a los insurgentes con respaldo legal socavó la legitimidad de las acciones y contribuyó a un marco operativo que, aunque efectivo a corto plazo, resultó perjudicial en el largo plazo.
En definitiva, la estrategia argentina alcanzó su objetivo inmediato de desarticular la insurgencia, pero lo hizo a un costo significativo. La falta de coordinación estratégica, los abusos cometidos y el desvío de recursos erosionaron tanto la capacidad militar como la confianza social en las Fuerzas Armadas. Este legado, a la vez eficaz y controvertido, sigue siendo una lección de los dilemas inherentes a las guerras de contrainsurgencia.
Análisis legal: Costos nacionales e internacionales
La Guerra Antisubversiva dejó un legado de costos legales y éticos para los militares argentinos. A medida que las democracias volvieron a consolidarse, tanto a nivel nacional como internacional, las tácticas utilizadas fueron condenadas.
1. Impacto nacional
- Juicios por delitos de lesa humanidad: Con el regreso de la democracia en 1983, comenzó una serie de procesos judiciales contra oficiales y agentes involucrados en desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales.
- Reputación institucional dañada: La descentralización, que facilitó excesos y abusos, contribuyó a una deslegitimación pública de las Fuerzas Armadas.
2. Repercusiones internacionales
- Condenas en foros internacionales: Organismos como las Naciones Unidas y la OEA señalaron que las tácticas empleadas constituían violaciones graves de derechos humanos.
- Impacto diplomático: Argentina enfrentó aislamiento internacional durante la dictadura, lo que limitó su acceso a apoyo militar y económico.
3. Lecciones estratégicas:
La descentralización, aunque útil para responder rápidamente a amenazas insurgentes locales, demostró ser contraproducente en términos legales y éticos. En retrospectiva, un enfoque más centralizado y regulado podría haber mitigado los abusos, reduciendo los costos legales y diplomáticos a largo plazo.
Preliminares de la guerra antisubversiva
La Guerra Antisubversiva en Argentina fue un ejemplo de cómo un enfoque descentralizado puede ofrecer ventajas tácticas a corto plazo, pero generar graves consecuencias legales y éticas a largo plazo. Aunque se lograron los objetivos de neutralizar a los grupos insurgentes, las tácticas utilizadas dejaron profundas cicatrices en la sociedad argentina y comprometieron la legitimidad de las Fuerzas Armadas tanto dentro como fuera del país. La experiencia ofrece lecciones críticas para el diseño de estrategias antiterroristas modernas, donde el balance entre eficacia operativa y respeto por los derechos humanos es esencial.
Parte 2. Combatir la amenaza del terrorismo urbano en el Siglo XXI: ¿Cómo enfrentar el fantasma de los años 70?
Imaginemos por un momento un escenario que resucita las sombras de un pasado turbulento: grupos insurgentes operando en ciudades y zonas rurales, ataques selectivos contra objetivos civiles y militares, y una nación atrapada entre la necesidad de mantener el orden y el riesgo de caer en excesos. Los escenarios hoy se acercan más al narcoterrorismo (Rosario, Gran Buenos Aires, frontera con Paraguay y Bolivia), los grupos radicalizados araucanos en la Patagonia (alentados desde Chile), tal vez un amenaza del extremismo islámico (ya hemos tenido ataques del terrorismo islámico). Este escenario podría parecer arrancado de la Argentina de los años 70, pero ¿cómo enfrentaríamos hoy un desafío similar?
En ese entonces, la lucha contra el terrorismo y la guerrilla urbana en Argentina fue un torbellino de tácticas improvisadas, inteligencia fragmentada y acciones muchas veces llevadas al límite de la ley. Hoy, sin embargo, vivimos en un mundo donde la tecnología, las redes sociales y las fuerzas especiales han revolucionado la manera en que las naciones enfrentan las amenazas internas. Si una situación como la de los años 70 ocurriera hoy, la respuesta sería diferente: más precisa, más controlada, pero también más visible para el escrutinio público.
Del mismo modo, los 70s presentaron parte importante de la solución al desafío del terrorismo actual: Los equipos SWAT (Special Weapons and Tactics). La creación de fuerzas especiales comprimieron el tamaños de las secciones necesarias para combatir efectivamente elementos de insurgencia o terrorismo en el ámbito urbano.
La inteligencia, el nuevo campo de batalla
En los años 70, la inteligencia se basaba en agentes infiltrados, informantes y, tristemente, interrogatorios brutales. Era una lucha casi artesanal, donde la información se obtenía a través de redes humanas y operativos clandestinos. Hoy, la inteligencia ha evolucionado hasta convertirse en un arte dominado por algoritmos y análisis de datos.
Las herramientas modernas permiten a los gobiernos vigilar redes sociales, interceptar comunicaciones cifradas y rastrear movimientos con una precisión inimaginable hace décadas. Los analistas de inteligencia no solo dependen de espías y operativos, sino también de sistemas avanzados como Palantir, que cruzan millones de datos en tiempo real para detectar patrones de actividad sospechosa. Las redes sociales, que en los 70 ni siquiera existían, ahora son tanto una herramienta para los insurgentes como un arma para las fuerzas de seguridad. Plataformas como Twitter y Facebook pueden revelar reclutadores, simpatizantes y posibles objetivos con solo pulsar unas teclas.
Sin embargo, no se trata solo de observar; la guerra moderna también se libra en el ámbito psicológico. Las fuerzas de seguridad emplean estas mismas plataformas para sembrar desinformación entre los insurgentes, desacreditar sus narrativas y, en algunos casos, desactivar células antes de que actúen.
Las Fuerzas Especiales: Guerreros del Siglo XXI
En el pasado, Argentina dependía de "grupos de tareas" que, aunque efectivos a corto plazo, operaban con una descentralización que favoreció abusos y excesos. Hoy, los estándares han cambiado. La lucha contra el terrorismo urbano y rural recae principalmente en unidades especializadas altamente entrenadas y disciplinadas.
Equipos como el Grupo Halcón de la Policía Bonaerense o las unidades tácticas de la Policía Federal Argentina han evolucionado para convertirse en los escudos contra estas amenazas. Inspirados en modelos internacionales como los SWAT estadounidenses o el GIGN francés, estas fuerzas operan bajo estrictos protocolos y con una precisión quirúrgica. Cada policía provincial cuenta con un grupo de fuerzas especiales análogo.
El enfoque entonces ya no es lanzar una red amplia, sino realizar operaciones específicas, basadas en inteligencia sólida y con un claro objetivo: neutralizar amenazas con el menor daño colateral posible. En casos extremos, donde el terrorismo supera la capacidad de estas fuerzas—como cuando hay armas pesadas involucradas—la Gendarmería o incluso el Ejército pueden apoyar, pero siempre bajo un marco legal claro.
Ejemplos de grupos especiales provinciales
Como ya mencionó, el Grupo Halcón, formalmente denominado División de Seguridad Especial Halcón, es la unidad de operaciones especiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Fundado en 1986 como el Grupo de Operaciones Especiales (GOE),
su creación estuvo a cargo del comisario Julio César y el oficial
principal Claudio Rafael Pereyra. Inicialmente, sus miembros fueron
entrenados con estándares internacionales, incluyendo formación con
equipos SWAT en el extranjero.
El grupo tuvo su bautismo de fuego en el copamiento del cuartel de La Tablada, evento que consolidó su reputación. En 1996, se renombró formalmente como División Especial de Seguridad Halcón (DESH). Con una estructura compuesta por 75 comandos divididos en equipos tácticos de 15 miembros,
cada grupo incluye especialistas en francotiradores, explosivos,
negociación, medicina táctica, inteligencia y comunicación, además de
personal de asalto.
Reconocido como una de las fuerzas especiales de mayor nivel en
América Latina, el Grupo Halcón mantiene una rigurosa selección y
capacitación de su personal, reflejada en su distintivo brevet azul de
comando. Esta unidad sigue siendo un referente en la resolución de
situaciones de alto riesgo, como tomas de rehenes y operaciones tácticas
complejas.
La Compañía de Tropas de Operaciones Especiales (TOE) es la unidad de élite de operaciones especiales de la Policía de la Provincia de Santa Fe, Argentina. Su origen se remonta a 1987, cuando se llevó a cabo el primer Curso de Adiestramiento Policial Especial (CAPE). Posteriormente, el 4 de mayo de 1990, se formalizó la creación de la unidad bajo la denominación de Tropas de Operaciones Especiales (TOE).
Esta fuerza depende directamente del Jefe de la Policía de la Provincia y se desarrolló a partir de un análisis exhaustivo de reglamentos y tácticas utilizadas por unidades de operaciones especiales de renombre internacional. Entre estas se encuentran la GSG-9 (Alemania), RAID (Francia), GEO y BBT (España), FBI y SWAT (Estados Unidos), SAS (Reino Unido) y BOPE (Brasil). Los miembros de la TOE han recibido una capacitación intensiva en centros internacionales destacados, como el NCIS del Reino Unido y el Yamam de Israel, así como formación especializada en múltiples países de América Latina.
El alto nivel de organización e instrucción logrado permite a la TOE ejecutar una amplia gama de operaciones, que incluyen misiones de seguridad, investigaciones científicas, resolución de situaciones con rehenes, custodia de personalidades VIP, operaciones en montes, islas y mediante transporte aéreo, además de manejo de atentados con explosivos. Su versatilidad y preparación la posicionan como una de las unidades más completas y especializadas en su ámbito.
El Equipo de Tácticas Especiales Recomendable (ETER) de la Policía de la Provincia de Córdoba, creado el 19 de febrero de 1985, es una unidad de élite destinada a garantizar la custodia y seguridad de dignatarios provinciales, así como de funcionarios y personalidades nacionales e internacionales. Su labor se extiende a la resolución de situaciones de crisis como atentados terroristas, tomas de rehenes, secuestros, tiradores activos y sujetos parapetados.
Entre sus principales funciones también se encuentran la ejecución de allanamientos de alto riesgo y misiones especiales encomendadas por la Jefatura de Policía. Su misión central es resolver situaciones críticas manteniendo el orden público y la seguridad ciudadana, con un enfoque prioritario en la protección de la vida y la integridad física de todos los involucrados.
El ETER dispone de un equipo de Negociadores especializado para abordar incidentes de crisis y cuenta con personal altamente entrenado y equipado con recursos adaptados a cada tipo de operación. Su rápida respuesta y profesionalismo lo convierten en un pilar fundamental para enfrentar emergencias que demandan intervención táctica especializada.
El Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Provincia de Misiones fue creado en 1993 por iniciativa del Ministerio del Interior Nacional y bajo disposición del Ministerio de Gobierno, con respaldo de la Jefatura de Gobierno. Su misión principal es intervenir en la provincia de Misiones cuando las fuerzas policiales regulares, como comisarías y comandos radioeléctricos, no pueden manejar situaciones de alto riesgo.
El GOE está diseñado para actuar en escenarios complejos que requieren técnicas y tácticas especializadas, como rescates de rehenes, recuperación de buses, aeronaves o instalaciones, y operaciones en entornos urbanos o selváticos. Su personal está altamente capacitado en áreas como buceo táctico, manejo de explosivos, tiro especializado, rescate en altura, andinismo y supervivencia en el monte, entre otras.
La doctrina de instrucción del GOE se basa en métodos internacionales adquiridos a través de cursos realizados en Argentina y países vecinos. Su personal ha recibido formación en fuerzas de élite como el GATE de Brasil, la FOPE de Paraguay, y el GOPE de Chile, además de un entrenamiento especializado con el equipo SWAT del Departamento de Policía de Los Ángeles, en Estados Unidos. Esta preparación internacional asegura su capacidad para enfrentar las más diversas y exigentes situaciones.
Israel: Un modelo para aprender
Pocos países han enfrentado el terrorismo con tanta intensidad como Israel. Su experiencia contra grupos como Hamas y Hezbollah ha marcado el camino para las naciones que buscan perfeccionar sus estrategias.
Israel combina la tecnología más avanzada con una táctica clásica: la anticipación. Sus drones vigilan sin descanso, sus satélites identifican movimientos sospechosos, y sus unidades especiales, como Yamam, actúan con velocidad y precisión en los entornos más desafiantes. En Gaza, por ejemplo, los ataques quirúrgicos combinan bombardeos de precisión con incursiones terrestres para minimizar el impacto en la población civil.
En el sur del Líbano, Hezbollah ha construido túneles y escondites armados con cohetes de largo alcance. Israel responde con una mezcla de inteligencia satelital y fuerzas de comando para destruir estos puntos antes de que se conviertan en una amenaza real. El éxito de esta estrategia radica en su enfoque integrado, donde cada operación está respaldada por datos, tecnología y entrenamiento superior.
¿Cómo prepararnos para el futuro?
El mundo actual nos enseña que combatir el terrorismo no se trata solo de fuerza bruta. Requiere planificación, tecnología y, sobre todo, una clara delimitación de responsabilidades. En Argentina, una estrategia moderna debe priorizar:
Fortalecer unidades especializadas:
- Expandir y equipar grupos como el Grupo Halcón y otras fuerzas especiales así como a las fuerzas tácticas de la Policía Federal.
- Entrenar a la Gendarmería y Prefectura para manejar entornos rurales y fronterizos, donde las células terroristas podrían refugiarse. El grupo Alacrán y Albatros, respectivamente, ya tienen experiencia en tareas de golpes de mano y acciones complejas.
Inversión en inteligencia:
- Crear un centro nacional para analizar redes sociales, interceptar comunicaciones y coordinar información en tiempo real.
- Incorporar sistemas avanzados de análisis como Inteligencia Artificial y Big Data para detectar amenazas emergentes.
Rol militar limitado:
- Reservar el uso del Ejército para escenarios excepcionales donde las fuerzas policiales sean insuficientes, como en el caso de amenazas con armamento pesado.
- Mantener un mando centralizado y transparente para evitar los errores del pasado.
Colaboración internacional:
- Aprender de los modelos israelíes y europeos, participando en programas de entrenamiento conjunto.
- Integrar a Argentina en redes internacionales de intercambio de inteligencia para anticiparse a posibles amenazas globales.
Un futuro en guardia
Si algo nos enseñan los conflictos pasados y presentes es que la lucha contra el terrorismo nunca se detiene. Sin embargo, hoy contamos con las herramientas y el conocimiento para enfrentar estas amenazas de manera más efectiva, respetando los derechos humanos y limitando el impacto social y político. No es necesario la intervención directa de las fuerzas militares en un conflicto antiterrorista salvo que estas fuerzas ilegales adquieran equipamientos y tácticas que superen a las fuerzas especiales de las fuerzas de seguridad. Lo que sería necesario es ampliar la creación y disposición de unidades de fuerzas especiales provinciales para control local de estos conflictos.
Otro camino paralelo y necesario es la creación de unidades de combate del crimen especializadas, en áreas muy puntuales como la inteligencia (digital y de campo), equipos antisecuestro, policía científica, entre otros.
Argentina tiene la oportunidad de aprender del pasado y construir una estrategia que proteja a su población sin repetir los errores de épocas oscuras. El enemigo puede cambiar, pero la clave siempre será adelantarse a sus movimientos.
