Argentina y Perú en el conflicto del Beagle

¿Hubo un pacto ofensivo Perú–Argentina (1978–1980)?

Notas y ediciones especiales de Qué Pasa (1993), columnas de opinión (Aldo Mariátegui, 2005) y en Rodríguez Elizondo han sido usadas como supuestas pruebas de un pacto entre Argentina y Perú durante la década de los 1970s. Es decir: periodismo de trinchera y memorias interesadas, no archivo diplomático ni series estadísticas robustas. La regla básica del oficio: con cherry picking de fuentes puedes “probar” cualquier cosa. Falta contraste con estudios académicos, documentos desclasificados y bases de datos independientes (p. ej., SIPRI para gastos y transferencias de armas).

Según el palabrerío chileno...“El Perú inventó el armamentismo”… salvo que antes hubo varias carreras y Chile fue protagonista
Presentar 1948–70 como “origen” del armamentismo ignora que el Cono Sur ya vivió dos grandes ciclos previos:

• La carrera naval chileno-argentina de fines del XIX y su desenlace en los Pactos de Mayo de 1902. Chile no era un espectador: encargó buques capitales y consolidó superioridad naval antes de los pactos (Scheina, 1987; Burr, 1965).

• La “dreadnought race” sudamericana (Brasil-Argentina-Chile) previa a la I Guerra Mundial; Chile encargó el Almirante Latorre y otro acorazado (luego HMS Eagle) antes de que la guerra reordenara todo (Scheina, 1987).

O sea, el “pecado original” no nació en Lima en 1948. La región cicla en espirales de seguridad desde el siglo XIX.

La memoria de 1879 no es “revanchismo irracional”; es política de amenazas percibidas
Para Perú y Bolivia, la Guerra del Pacífico significó pérdidas territoriales enormes (Tarapacá; el litoral boliviano completo). El plebiscito de Tacna-Arica prometido en 1883 nunca se realizó y la “chilenización” de esas provincias fue conflictiva; el arreglo recién llegó en 1929, con Tacna devuelta al Perú y Arica a Chile (Sater, 2007; Farcau, 2000).
Llamar a todo esto “revanchismo” es cómodo; reconocerlo como grievances no resueltas explica mejor percepciones de amenaza que alimentaron presupuestos militares en todos los vecinos, no solo en uno.

La militarización chilena (y su financiación) desaparece del relato general. Es extraño que se insista en un Perú “armado hasta los dientes” y se omita que Chile, bajo la Ley Reservada del Cobre (Ley 13.196), destinó por décadas un 10% de las ventas brutas de Codelco al reequipamiento militar, facilitando compras mayores en los 70-80 (Bruneau & Matei, 2013). Entre otras, modernización naval y adquisición de submarinos alemanes Tipo 209, cazas F-5E/F, misiles antibuque, etc. (SIPRI Yearbooks; Scheina, 1987).
Ah, y las decenas de miles de minas antipersonales colocadas por Chile en los 70-80 en las fronteras norte y austral —que el propio texto menciona como “recuerdo” y luego elogia su remoción— ¿no cuentan como “armamentismo”? (Croll, 1998).

En el caso del acuerdo de Charaña (1975), el culpar a Perú omitiendo el Tratado de 1929 es… conveniente. Las negociaciones Chile-Bolivia para un corredor al norte de Arica requerían consentimiento previo del Perú según el Tratado de 1929. Perú propuso formulas alternativas (régimen compartido/condominio en el puerto) que Chile rechazó; Bolivia rompió con Chile en 1978. Dictaminar que “Perú saboteó” salta por encima de la regla jurídica vigente y del hecho político central: Chile hizo una oferta que sabía estaba condicionada a un tercero con intereses propios (Klein, 2011; Mesa Gisbert, 2003). ¿Diplomacia seria o jugada para endosar el costo del “no” a Lima? Saque usted su conclusión.

La versión de un “Perú soviético” es real… y selectivo. Sí, es cierto que Perú compró T-55, Su-22 y lotes significativos en los 70. También es cierto que Argentina vivió su propio pico de gasto por el Beagle (TR-1700, Type 42, Exocet), y que Chile inició un ciclo de modernización sostenido por el cobre. La base de datos de transferencias de SIPRI no respalda la imagen de un Perú como único “outlier” regional: fue un pico simultáneo y mutuamente reactivo.

En el caso de confundiro “Espionaje = intención de agresión” es muy básico. El texto usa el caso Vargas Garayar (y otros) como prueba de un plan ofensivo. Espionaje en crisis es bidireccional y estructural en la competencia interestatal; no prueba casus belli por sí solo. Si esa vara valiera, tocaría listar también operaciones chilenas y argentinas de inteligencia de la época (y no acabaríamos nunca).

La versión también afecta a la percepción de otros eventos de ese momento: Uno fundamental fue el Beagle de 1978 donde Chile emerge en los relatos como una paloma. La narrativa se aferra a que la “intervención papal” detuvo una guerra en la que Chile solo se defendía. Pero la crisis no fue un accidente natural: ambas partes escalaron posturas y movilizaciones. Por cierto, al tiempo que se ensalza la prudencia chilena se pasa por alto la participación del régimen en la Operación Cóndor —difícil sostener credenciales pacificadoras externas cuando internamente se articulaba represión transnacional (McSherry, 2005).

El presidente Velasco mostrado como un villano único. Es forzar la Historia a martillazos. Usualmente se ha ridiculizado la enfermedad de Velasco para explicar “por qué no invadió” y deducir de ahí su voluntad agresiva es una anécdota convertida en causalidad. La literatura sobre el gobierno revolucionario peruano es bastante más compleja (McClintock & Lowenthal, 1983; Blasier, 1983). Pero claro: es más sencillo un cuento de buenos y malos.

El cierre “edificante” (minas fuera, todo bien) no resuelve la hipoteca histórica. Los últimso agregados al relato chileno celebra que Chile retire minas “apuestando” a que no se repetirá. La pregunta que el texto evita: ¿qué ha hecho Chile —además de desminar— para procesar las memorias de 1879 (Tacna/Arica), el enclaustramiento boliviano y los contenciosos marítimos? En 2014 la CIJ ya recordó a ambos que el Derecho también cuenta (caso Chile–Perú). La estabilidad no se decreta: se construye reconociendo la historia completa.

En síntesis 

Sí, el Perú de Velasco se armó fuerte. También lo hicieron Chile y Argentina en sus propios ciclos. Pretender que Lima “desencadenó” la militarización regional mientras Santiago apenas “reaccionaba” es historiografía de vitrina: brilla de lejos, se astilla al tocarla. Y lo más importante: ni Perú, ni Bolivia, ni Argentina olvidaron la Guerra del Pacífico porque sus efectos nunca fueron del todo reparados. Llamarlo “revanchismo” no resuelve la cuestión; solo la enmascara.

Referencias 

• Burr, R. N. (1965). By Reason or Force: Chile and the Balancing of Power in South America, 1830–1905.

• Scheina, R. L. (1987). Latin America: A Naval History, 1810–1987.

• Sater, W. F. (2007). Andean Tragedy: Fighting the War of the Pacific, 1879–1884.

• Farcau, B. W. (2000). The Ten Cents War: Chile, Peru, and Bolivia in the War of the Pacific, 1879–1884.

• McClintock, C. & Lowenthal, A. (eds.) (1983). The Peruvian Experiment Reconsidered.

• Blasier, C. (1983). The Giant’s Rival: The USSR and Latin America.

• McSherry, J. P. (2005). Predatory States: Operation Condor and Covert War in Latin America.

• SIPRI Yearbooks (varios años, 1970s–1980s): datos de transferencias y gasto militar.

• Ley 13.196 (Chile), “Ley Reservada del Cobre”: 10% de ventas de Codelco a FF.AA. (vigente durante la época).

• Klein, H. S. (2011). A Concise History of Bolivia (sobre el enclaustramiento y Charaña).

• Mesa Gisbert, C. D. (2003). Historia de Bolivia (cap. relaciones con Chile y Charaña).

• Croll, M. (1998). The History of Landmines (uso y remoción en la región).