Argentina anuncia que destinará el 10 % de las privatizaciones a compras para defensa: ¿reordenamiento del Estado o gran negocio en marcha?
En una conferencia realizada hoy, 25 de marzo, el jefe de Gabinete del gobierno argentino, Manuel Adorni, anunció que el 10 % de lo recaudado por la venta de empresas estatales será destinado a la compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas. La medida fue presentada como una decisión administrativa más, casi técnica. Pero la pregunta inevitable es otra: ¿por qué privatizar justamente ahora, y quiénes serán los verdaderos beneficiarios de ese proceso?
Aunque Adorni no lo dijo públicamente, fuentes oficiales deslizaron extraoficialmente que ese mismo porcentaje también podría aplicarse a la venta de inmuebles del Estado. Es decir: no solo se rematarían empresas estratégicas, sino también patrimonio público, mientras una parte de ese dinero se canalizaría hacia adquisiciones militares. ¿Estamos ante una política de fortalecimiento nacional o frente a una gigantesca redistribución de activos, contratos y poder?
¿Por qué se financian compras militares con stocks (venta de inmuebles que sólo generan ingresos por la misma venta) y por flujos (porcentaje de la venta periódica de un bien o servicio? Con el financiamiento por medio de stocks, una vez que se gaste ese fondo NO HABRÁ MÁS FONDOS para seguir el reequipamiento, que está lejísimos de estar acotado. Son muchísimas las capacidades que se deben recuperar. Financiar reequipamiento con una venta de una sola vez es pan para hoy, hambre para mañana. Si se adquieren dos fragatas... ¿de donde saldrán los fondos para salarios, respuestos, dique seco, armas, mantenimiento? ¿Está garantizado eso? O tendremos, como ha sido la tristísima tradición, hierros nuevos oxidándose mientras los paseamos para los días patrios.
La lista de empresas que el Gobierno pretende vender en el corto plazo no es menor: Energía Argentina (Enarsa), Intercargo, Corredores Viales, Belgrano Cargas y Logística, ARSAT, Correo Argentino, Aerolíneas Argentinas, Transener y AySA. A eso se suman represas vinculadas a AES Argentina (Alicurá), Enel (El Chocón y Arroyito), Central Puerto (Piedra del Águila) y Orazul (Cerros Colorados). Demasiados nombres, demasiados sectores clave, demasiados intereses en juego como para pensar que se trata solo de una simple “modernización” del Estado. ¿A qué no adivinan quién se va a quedar con todas estas empresas?
Porque cuando se privatizan energía, transporte, comunicaciones, logística, agua e infraestructura, la discusión ya no pasa únicamente por la eficiencia. La verdadera pregunta es: ¿quiénes ganarán esas licitaciones? ¿Qué grupos económicos están preparados para quedarse con esos activos? ¿Habrá competencia real o nombres ya anotados de antemano?
Además, los tiempos propios de los procesos de privatización hacen que el dinero no llegue de inmediato a las Fuerzas Armadas. Los ingresos, en caso de concretarse, se verían recién en los próximos años. Y aun así, no se espera que sean montos realmente significativos frente a la magnitud de la inversión necesaria para recomponer la capacidad de defensa argentina. Entonces surge otra duda incómoda: si el beneficio militar no será inmediato ni decisivo, ¿es realmente la defensa el objetivo central de esta política, o apenas el argumento perfecto para justificar una nueva ola de ventas?
En ese contexto, el anuncio deja más interrogantes que certezas. ¿Se busca fortalecer al país o abrir una nueva etapa de transferencia de recursos estratégicos al sector privado? ¿Quién decide qué se vende, a qué precio y para beneficio de quién? Porque cuando el Estado empieza a desprenderse de piezas clave de su estructura, la historia muestra que rara vez se trata solo de números. Casi siempre hay algo más detrás.
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