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sábado, 9 de diciembre de 2023

Revolución Libertadora: Lealtad y sublevación en Bahía Blanca

Entre la sublevación y la lealtad: cómo se vivió en Bahía Blanca la caída del gobierno de Perón

Durante los cuatro días que duró la denominada "Revolución Libertadora", en septiembre de 1955, la ciudad tuvo una participación decisiva junto a Punta Alta. Combates, bombardeos y tensiones, en medio de una sociedad local partida en dos.





Archivo La Nueva.

Por Mariano Buren || La Nueva

 
Eran las 15.20 del viernes 16 de septiembre de 1955 cuando una voz de hombre interrumpió buena parte de las transmisiones radiales del país para exclamar: "¡Aquí Puerto Belgrano!".

El sobresalto que provocó aquella frase tomó igualmente por sorpresa a los hogares peronistas como a los antiperonistas: el "Comunicado número 1 del Comando de las Fuerzas de Marina de Guerra" le anunciaba "al pueblo de toda la República" que la Flota de Mar se había levantado "contra la siniestra tiranía" del presidente Juan Domingo Perón, en nombre de "la libertad, la justicia y la paz espiritual".

En ese mismo momento el entonces intendente de Bahía, el abogado y docente peronista Santiago Bergé Vila -que había asumido el 1 de mayo de ese año tras ganar las elecciones con el 60,67% de los votos- recibía en su despacho al capitán de corbeta Guillermo Castellanos Solá y a un grupo de oficiales, quienes le anunciaron solemnemente que ya no era más el jefe comunal.

Bergé Vila no se mostró sorprendido: desde hacía varias horas intuía que aquella podía ser su última jornada al frente del palacio de Alsina 65. Cerca de las 8.30 de la mañana de ese mismo viernes, mientras daba clase de matemática en la Escuela de Comercio, observó cómo un avión sobrevolaba el centro de la ciudad arrojando volantes con proclamas revolucionarias contra el Gobierno.




Intendente peronista Santiago Bergé Vila. ¡Afuera!


“Me fui a la intendencia, decreté asueto escolar y llamé a la gobernación pero, en vez de darme información, me pidieron que organizara la resistencia. Pedí Policía y me mandaron un agente. El resto estaba custodiando las usinas. A la hora me enteré de que la Marina había tomado Punta Alta (...). La Infantería ya estaba a tres kilómetros de Bahía Blanca, para tomarla. Entonces liberé al personal y me quedé solo a esperarlos", recordaría años después en el segundo tomo de Historia del Peronismo, de Hugo Gambini.

Para ese momento, informaciones contradictorias circulaban con fuerza por la ciudad: algunos afirmaban que la revolución contra Perón había estallado también en las ciudades de Córdoba y Curuzú Cuatiá, e incluso se rumoreaba sobre un inminente bombardeo contra las destilerías de YPF en La Plata. En paralelo los medios oficiales aseguraban que se trataba de "algunos levantamientos aislados" y que "dichos focos" estaban "siendo controlados y reducidos por las fuerzas leales". Era difícil saber quién decía la verdad.

Una versión, luego confirmada, sostenía que tres camiones con soldados adeptos al Gobierno habían sido atacados por un escuadrón aéreo en inmediaciones de General Cerri.

Casi al mismo tiempo “varias patrullas fueron destacadas hacia los caminos de acceso”, “se allanaron los locales de la GGT y la CGE, donde se secuestró algún armamento” y dos camiones con tropas armadas quedaron apostados “de vigilancia en el barrio obrero Villa Mitre”, agrega Isidoro Ruiz Moreno en su detallada investigación La Revolución del 55.



Las tropas, frente al municipio


El principal temor de muchos vecinos era que se repitieran los gravísimos incidentes ocurridos tres meses antes, cuando manifestantes peronistas destrozaron parcialmente la Catedral, la Curia Eclesiástica, los templos de Santa Teresita y del Inmaculado Corazón de María, además de incendiar la redacción del diario radical Democracia, en respuesta al intento de golpe de Estado del 16 de junio. Aquella tarde la ciudad había sufrido una de las jornadas políticas más críticas de su historia.

El doctor en Historia José Marcilese (UNS-Conicet) explica que, tras unos primeros tiempos de relativa convivencia, la tensión entre peronistas y antiperonistas bahienses había aumentado significativamente a lo largo de esa década.

"El golpe se justificó bajo el concepto de 'La segunda tiranía', un término acuñado por la oposición, pero también por el propio peronismo: las persecuciones, el control de los medios, el manejo de los contenidos escolares, las modificaciones electorales y la discrecionalidad en el reparto de los empleos públicos, entre otras acciones, fueron deslegitimando al peronismo, que se manejaba con mucha torpeza en relación a la oposición, y alimentando a un antiperonismo que sabía que nunca le iba a poder ganar electoralmente", detalla.

"Ademas hay que remarcar que se trataba de dos maneras completamente diferentes de mirar la realidad social: el peronismo modificaba jerarquías y afectaba intereses del statu quo, y las clases más acomodados no veían con buenos ojos el ascenso rápido de algunos sectores. El nuevo escenario era interpretado con desagrado", observa Marcilese.




Guillermo Castellanos Solá


Tras el desplazamiento de Bergé Vila como intendente, el denominado Comando Revolucionario del Sur tomó el control de la sede municipal y Castellanos Solá emitió una proclama por LU7 explicando los motivos del levantamiento e invitando a todos los vecinos a adherirse a la "Revolución Libertadora".

“Una gran parte de la población se volcó a las calles (…) y numerosos civiles ofrecieron espontáneamente su colaboración”, aseguró el capitán de Navío Jorge Perrén, uno de los jefes de la sublevación en Puerto Belgrano, según la investigación de Ruiz Moreno.

Sin embargo, no todo resultó tan pacífico: el Regimiento V de Infantería se mantuvo fiel al Gobierno, por lo que fue atacado durante varias horas por la Aviación de Marina hasta conseguir su rendición. De acuerdo con los datos del Archivo Nacional de la Memoria, en medio de esos enfrentamientos falleció el jornalero Tomás Pacheco, de 64 años.

En las primeras horas del sábado 17 de septiembre, la indefinición sobre la suerte del Golpe -especialmente en la Ciudad de Buenos Aires- forzó al interventor militar a decretar poco después un toque de queda a partir de las 11.30 del día siguiente para evitar posibles "alteraciones del orden".




Pero a diferencia de los combates que se desarrollaron en otras partes de la región, como en Sierra de la Ventana, Tornquist y Saavedra, durante los otros tres días que duró el derrocamiento casi no se registraron nuevos enfrentamientos en el casco urbano de Bahía.

Las multitudes que, por caso, habían acompañado las visitas de Perón, en febrero de 1946, y de Evita, en noviembre de 1948, quedaron silenciosas ante los grupos que avanzaban por la avenida Eva Perón (hoy Colón) arrancando los carteles enchapados con el nombre de la exprimera dama.

Del mismo modo, observaron impasibles cómo las caravanas de autos circulaban por las principales calles céntricas, tocando bocina y agitando banderas argentinas.

"No hubo reacción para defender a Perón y, de pronto, se notó ese odio contenido durante muchos años por los antiperonistas: hubo delaciones, despidos, cesantías, e incluso circularon grupos armados por la ciudad buscando a dirigentes y militantes peronistas para detenerlos", puntualiza Marcilese.

El martes 20 de septiembre las radios confirmaron finalmente la renuncia de Perón a la Presidencia, la asunción de una Junta Militar y el comienzo de otro capítulo político en el drama nacional.

viernes, 16 de junio de 2023

Argentina: Los antecedentes al bombardeo para matar a Perón

Los antecedentes del bombardeo para matar a Perón

@OldArg1810

Un 16 de junio de 1955 (haga clic aquí para revisar ese evento) tuvieron lugar los bombardeos a Plaza de Mayo que llevo a cabo la Marina de Guerra con el objetivo de asesinar al presidente Juan Domingo Perón.

Pero, ¿Por qué pasó? ¿Cuáles fueron los factores que desencadenaron el hecho?


Cuatro años antes, en 1951, se inició el nuevo año con una gran huelga ferroviaria en reclamo de aumentos salariales y en contra de las autoridades de la Unión Ferroviaria. La huelga continuó aunque el presidente Perón la había declarado ilegal.




Esta terminó siendo reprimida brutalmente por el Ejército con los trabajadores ferroviarios siendo despedidos de sus empleos y detenidos por la policía por violar la Ley de Seguridad del Estado.




La participación de las Fuerzas Armadas en aspectos de la seguridad interior estaba permitida desde agosto de 1948, cuando la Cámara de Diputados aprobó en el lapso de unos pocos minutos, sin despacho de comisión ni debate previo,



la Ley de Organización de la Nación para Tiempos de Guerra, que legitimaba e institucionalizaba la participación de las Fuerzas Armadas en la represión interna.




Ante la interpretación de un “peligro inminente”, el presidente de la Nación podía asumir funciones judiciales y someter a los civiles a la justicia militar.



Esta ley fue aplicada por primera vez a los obreros ferroviarios en la huelga de 1951, cuya responsabilidad fue adjudicada por el gobierno a elementos socialistas y comunistas.




Esto se sumaba a que desde el año 1947 el gobierno había comenzado a atacar con dureza a la oposición, siendo detenidos muchos dirigentes opositores por el crimen de “desacato” o por violar el edito policial sobre reuniones públicas.




En mayo de 1951 se siguió en esa línea con el secuestro y tortura por parte de la policía del estudiante universitario y militante comunista, Ernesto Bravo, quien había sido detenido ilegalmente en su domicilio del barrio de La Paternal.





Hubo una intensa movilización estudiantil y de los partidos opositores exigiendo la reaparición de Bravo y la Federación Universitaria de Buenos Aires, presidida por David Viñas, decretó un paro de dos días en el mismo sentido.




El 12 de junio de 1951 el rector de la UBA, que era un funcionario nombrado por el Poder Ejecutivo, negaba la versión estudiantil de los hechos y la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia afirmaba que a Bravo lo mantenían oculto los mismos comunistas.




La CGT, los medios de prensa oficialistas y la bancada del Congreso del Partido Peronista denunciaron "las absurdas mentiras" de los comunistas, y que todo el llamado caso Bravo era una conspiración comunista para tomar el poder.



El gobierno intervino la Federación Universitaria de Buenos Aires, deteniendo a sus miembros, y clausurando los Centros de Estudiantes, debido al paro que realizaron exigiendo la aparición de Bravo con vida.



Bravo fue encontrada con vida, y declaró que había sido llevado a una comisaria, donde fue torturado reiteradamente con picana eléctrica, golpes de cachiporra y duchas de agua helada, permaneciendo inconsciente por mucho tiempo.

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Por las torturas a Bravo fueron acusados los comisarios Cipriano Lombilla y José Faustino Amoresano pero en agosto del mismo año la Cámara de Apelaciones revocó la medida arguyendo que no había evidencias de torturas.



El médico que contrastó las lesiones de Bravo, el doctor Alberto J. Caride, y el juez que dispuso la libertad de Bravo tuvieron que exiliarse en el Uruguay debido a las amenazas que comenzaron a recibir.




En noviembre de 1949, un hecho similar había ocurrido en Tucumán, cuando diez sindicalistas de la capital de la provincia fueron detenidos por planear un paro general de solidaridad con la huelga de obreros de los ingenios azucareros.



Uno de ellos, Carlos Antonio Aguirre, dirigente del sindicato de mozos e integrante del comité provincial del Partido Comunista de Tucumán, fue secuestrado, torturado y asesinado por la policía; al parecer, en el subsuelo de la Casa de Gobierno.



A posteriori se hizo desaparecer el cuerpo, mientras fuentes policiales y gubernamentales, y desde la propia CGT oficialista, promovían la hipótesis del auto secuestro y se responsabilizaba a los comunistas, lo que generó nuevos allanamientos en casas de militantes comunistas.




Empero, la investigación judicial permitió hallar su cuerpo dos semanas después en la provincia de Santiago del Estero. A contragusto de la CGT, el 20 de diciembre de 1949 hubo una huelga general en la ciudad de Tucumán de repudio al asesinato, que se extendió a los



ingenios azucareros de Santa Lucia y La Florida. Los policías que tuvieron una responsabilidad directa contaron con penas de prisión en suspenso y quedaron en libertad.



En esos tiempos, algunos científicos como Bernardo Houssay eran perseguidos y fueron apartados de sus cátedras en las distintas universidades del país debido a sus críticas al gobierno nacional.




El Premio Nobel de Medicina que le fue galardonado en 1947, fue ignorado en el país. El gobierno, a través de la Subsecretaria de Prensa y Difusión, dio la orden de no darle difusión al acontecimiento, por lo tanto muchos no se enteraron de tal distinción hasta tiempo después.



En 1951 también se produjo la expropiación del diario La Prensa, principal medio opositor al gobierno peronista junto al diario La Nación (que tuvo problemas con el acceso al papel de diario). Alberto Gainza Paz, director del diario, se exilio en los Estados Unidos.



En los años anteriores se habían prohibido la circulación, y por lo tanto clausurado, distintos diarios opositores como La Vanguardia, órgano del Partido Socialista, El Intransigente de Salta, propiedad del dirigente radical David Michel Torino.






Otros diarios que sufrieron la clausura incluyen las publicaciones comunistas La Hora y Orientación, La Nueva Provincia de Bahía Blanca, La Capital de Rosario, Los Andes de Mendoza, El Liberal de Santiago del Estero, Democracia de Junín, y otros.




Con exepción de La Nación, que operaba con reducida capacidad, y de los diarios que circulaban clandestinamente, el gobierno había montando un exclusivo y gigantesco aparato propagandístico que incluía diarios, radios, revistas y noticieros oficialistas.




También se clausuraron las oficinas de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, organización de derechos humanos que denunciaba los secuestros y torturas, distintas radiodifusoras del país, y se secuestraban libros.




El encargado de ordenar todas estas acciones era el diputado peronista José Emilio Visca, antiguo hombre de Manuel Fresco en la provincia de Buenos Aires, que mediante la llamada "Comisión Visca", formada en 1949 y que estaba formada por diputados y senadores peronistas,



se encargaba de cerrar publicaciones opositoras con las excusas más insignificantes o esgrimiendo "razones de seguridad, higiene y moralidad".


En noviembre de 1951 se celebraron las elecciones presidenciales que decidirán al sucesor de Perón. De acuerdo a la nueva Constitución Nacional, sancionada en 1949, Perón podría buscar la reelección.



Perón anunció su candidatura a la presidencia, y como acompañante de su fórmula los sindicatos y el Partido Peronista Femenino reclamaban a Eva Perón, quien en un dramático discurso terminaría rechazando el ofrecimiento.




Mientras eso sucedía dentro del ejército se preparaban movimientos golpistas que buscaba terminar con el gobierno de Perón, uno encabezado por el general (R) Benjamín Menéndez y otro por el general Eduardo Lonardi.





Menéndez y Lonardi no pudieron ponerse de acuerdo en una estrategia en común y el segundo terminó retirándose del plan, siendo Menéndez el ejecutor. La revolución tuvo lugar el 28 de septiembre de 1951 con muy poca preparación.




Firmaron la proclama revolucionaria dirigentes del Partido Demócrata (Reynaldo Pastor, Felipe Yofre, y Héctor González Iramain), de la Unión Cívica Radical (Arturo Frondizi, Eduardo Laurencena, Mauricio Yadarola),




del Partido Demócrata Progresista (Julio A. Noble y Horacio Thedy), y del Partido Socialista (Américo Ghioldi). La proclama que difundieron los rebeldes, mediante panfletos lanzados desde aviones, decía lo siguiente:





Debido a esto el golpe fallo y fue contenido por las autoridades peronistas. Los militares golpistas fueron detenidos y también políticos opositores por conspirar con ellos como Arturo Frondizi, Reynaldo Pastor, Américo Ghioldi, etc.




Algunos de los jóvenes militares que integraron el golpe incluían a Julio Alsogaray, Alejandro Agustín Lanusse, y Francisco Manrique, futuros protagonistas de la política argentina, quienes estuvieron detenidos entre 1951 y 1955 bajo duras condiciones en el sur del país.



Esto provocó la declaración del estado de guerra interno por parte de Perón, que terminó extendiéndose por lo que seguiría de su mandato hasta 1955. Bajo esas circunstancias se desarrollaron las elecciones presidenciales de 1951.




La campaña electoral, que estuvo marcada por el intento de golpe encabezado por el general Menéndez, fue difícil para la oposición ya que no les era permitido el acceso a las radioemisoras, y los diarios se manifestaban abiertamente partidarios de los candidatos peronistas.




Sólo por medio de reuniones al aire libre la oposición podía exponer sus programas, y aún para ello dependían de las autoridades policiales para obtener autorización para el lugar y la fecha que tendrían que llevarse a cabo.




Aún cuando las reuniones eran permitidas por la policía, estos opositores eran blanco de ataques físicos, como ocurrió con el candidato comunista Rodolfo Ghioldi, que fue baleado por la espalda en un acto electoral de su partido en Paraná.




Otra desventaja que tuvieron fue que una gran parte de los candidatos opositores estaban detenidos al momento de la campaña electoral y de la elección. Por ejemplo los candidatos del Partido Socialista a la presidencia y vicepresidencia, Alfredo Palacios y Américo Ghioldi,




así como la mayoría de los nominados para integrar el Congreso, estaban en presión o permanecían ocultos de la policía. Reynaldo Pastor, candidato a presidente por el Partido Demócrata, también estaba detenido, al igual que otros dirigentes conservadores y también radicales.