Por pedido de los fiscales, el Ejército dio de baja a 34 militares con condena firme por delitos de lesa humanidad
Lo dispuso el jefe de la fuerza, general de división Oscar Santiago Zarich, por pedido de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas; el efecto inmediato es que dejarán de percibir retiros, pensiones y la cobertura de la obra social
El
jefe del Ejército, general de división Oscar Santiago Zarich, junto al
presidente Javier Milei, en el Regimiento de Granaderos Presidencia
Mariano De Vedia || LA NACIÓN
En la misma semana en que se cumplieron 50 años del golpe de Estado de 1976, el jefe del Ejército, general de división Oscar Santiago Zarich, ordenó dar de baja a 34 militares que recibieron condenas firmes por delitos de lesa humanidad. Entre ellos se encuentra el teniente coronel retirado Juan Daniel Amelong, que acumula siete sentencias en su contra, y 33 suboficiales.
La decisión del jefe militar fue en respuesta a un informe de la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), que hace dos semanas había detectado 78 casos de miembros de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad con sentencia firme que no habían sido desafectados, como ordena la ley vigente.
En los casos de militares condenados en causas de lesa humanidad corresponde aplicar la baja, que significa la pérdida del estado militar. Eso implica que dejan de percibir el cobro de pensiones y el acceso a la obra social, beneficios que en estos casos se mantenían.
A comienzos de 2025, el entonces ministro de Defensa Luis Petriordenó la baja de 23 militares condenados por la Justicia con sentencia firme, lo que en su momento generó inquietud en el Ejército. En ese momento el jefe de la fuerza era el teniente general Carlos Alberto Presti, actual ministro y sucesor de Petri.
El teniente coronel retirado Juan Daniel Amelong Archivo
El caso Amelong
Entre los militares dados de baja ahora se encuentra el teniente coronel Amelong, cuyo nombre se mencionó en noviembre de 2023 durante el debate entre los candidatos a vicepresidente de la Nación, cuando Agustín Rossi (Unión por la Patria) le planteó a Victoria Villarruel (La Libertad Avanza) la necesidad de conocer su posición sobre la situación de los militares detenidos por su actuación en la dictadura militar.
La actual titular del Senado consideró injusta la detención de Amelong, al recordar que su padre, que era ingeniero y tenía 11 hijos, fue asesinado por Montoneros en Rosario en 1974, durante un gobierno constitucional. “Hoy su hijo está preso por delitos de lesa humanidad. Yo me pregunto: ¿por qué no están presos los que asesinaron al ingeniero Amelong?”, dijo Villarruel.
Con condenas en cinco causas por delitos de lesa humanidad, tres de ellas perpetuas, según los expedientes Amelong integró en los años 70 grupos de tareas que dependían del Destacamento 121 de Inteligencia del Ejército.
Los militares que fueron dados de baja en la nueva resolución firmada por el jefe del Ejército son los tenientes coroneles Juan Daniel Amelong, Rafael Mariano Braga, Jorge Alberto Fariña, Héctor Mario Juan Filippo, Marino Héctor González, Aníbal Alberto Guevara Molina, Ernesto Hugo Kishimoto, Dardo Migno Pipaon, Enrique Pedro Mones Ruiz, Alberto Rivas, Alberto Tadeo Silveyra Ezcamendi y Emilio Juan Huber, los mayores Gustavo Adolfo Alsina, Jorge Humberto Appiani, Leopoldo Norberto Cao, Carlos Antonio Españadero, Norberto Raúl Tozzo, Armando Nicolás Martínez y Domingo Morales, los capitanes Enrique José Berthier, Walter José Grosse, José Eduardo Bulgheroni, Héctor Pedro Vergez, Juan Carlos De Marchi y Víctor Alejandro Gallo, el teniente primero Horacio Rubén Leitesm los suboficiales mayores Carlos Ibar Pérez, Luis José Ricchiuti, Oscar Ramón Obaid, César Darío Díaz, José Anselmo Appelhans, José Luis Ojeda y los suboficiales principales Alberto Callao y Enrique Charles Casagrande.
Ausencia de registros
El informe de la PIA, cuyo director es el doctor Sergio Leonardo Rodríguez, se sustenta en “un marco jurídico claro que impone al Estado la obligación de disponer la baja administrativa definitiva de las personas condenadas por delitos de lesa humanidad que integraron fuerzas de seguridad o fuerzas armadas, una vez adquirida firmeza la sentencia penal”.
En octubre de 2024, la PIA solicitó a la Armada que la propia fuerza requiriera al ministro de Defensa que se dispusiera la baja de siete oficiales superiores con sentencia firme y cursó un pedido similar a la Fuerza Aérea para solicitar la baja de dos oficiales.
El organismo advirtió en s informe sobre “la ausencia de una política estatal coordinada que asegure el cumplimiento oportuno e integral de las consecuencias jurídicas derivadas de las condenas penales firmes”. Observó, al respecto, “respuestas fragmentadas, dilaciones injustificadas y, en algunos casos, reticencias institucionales que obstaculizan la finalización de los procedimientos administrativos de baja, a pesar de la inexistencia de controversias judiciales pendientes”.
También alertó sobre la inexistencia de mecanismos adecuados, actualizados y articulados de registro, seguimiento y control, tanto en las dependencias estatales con competencia en la administración del personal de las fuerzas como en las instancias vinculadas a la ejecución de las sentencias judiciales.
