Los costos sociales del armamentismo
Por Esteban McLaren
La carrera armamentística naval entre Argentina y Chile (1880-1905): Un ejemplo de prioridades nacionales en tensión
La carrera armamentística naval entre Argentina y Chile, que tuvo lugar principalmente entre 1880 y 1905, es uno de los episodios más intrigantes de la historia militar de Sudamérica. A pesar de la tensa rivalidad entre estos dos países, nunca se llegó a una guerra abierta, pero los esfuerzos por mantener la superioridad naval exigieron sacrificios extraordinarios, tanto en términos económicos como sociales. Para Chile, esto significó destinar recursos originalmente previstos para mejorar la infraestructura y el bienestar de la población, sacrificando, entre otros aspectos, los fondos que estaban destinados al alcantarillado de Santiago. Este episodio es un ejemplo elocuente de cómo el gasto militar en tiempos de paz puede afectar negativamente el desarrollo social y económico de un país.
Contexto de la carrera naval
Durante el siglo XIX, tanto Argentina como Chile estaban en proceso de consolidar sus fronteras nacionales, especialmente en regiones ricas en recursos naturales como la Patagonia. Las tensiones derivadas de estos territorios compartidos y la ambición de expandir sus zonas de influencia marítima en el Atlántico y el Pacífico contribuyeron a un aumento de las tensiones entre ambas naciones.
Uno de los puntos álgidos de la rivalidad fue la adquisición de buques de guerra. Ambos países, en un esfuerzo por dominar las aguas sudamericanas, buscaron modernizar sus flotas, con un enfoque particular en la construcción y compra de acorazados, cruceros y destructores. Este tipo de armamento era no solo costoso, sino también tecnológicamente avanzado para la época, lo que implicaba la necesidad de adquirirlo a través de países extranjeros como el Reino Unido y Alemania.
Para Chile, este impulso por mantenerse a la par con Argentina en términos navales vino a un costo social significativo. En 1887, el gobierno chileno tomó la controvertida decisión de desviar fondos que originalmente estaban destinados al sistema de alcantarillado de Santiago hacia la compra de buques de guerra. El sistema de alcantarillado era una necesidad urgente en la capital chilena, que enfrentaba serios problemas de saneamiento debido al crecimiento poblacional y la falta de infraestructura adecuada. Esta decisión demostró que la competencia militar, incluso en ausencia de un conflicto armado directo, podía llevar a priorizar la defensa nacional por encima de las necesidades básicas de la población.
Impacto económico y social en Chile
La decisión de Chile de destinar fondos al gasto militar en lugar de a proyectos sociales como el alcantarillado de Santiago tuvo consecuencias a largo plazo. A corto plazo, la falta de una infraestructura de saneamiento adecuada contribuyó a problemas de salud pública, exacerbando la propagación de enfermedades como el cólera y la fiebre tifoidea, que afectaban gravemente a la población urbana. La inversión en defensa, sin duda, fortaleció la posición de Chile en términos de poder naval, pero lo hizo a expensas del bienestar de sus ciudadanos, creando una disonancia entre las necesidades militares percibidas y las necesidades sociales reales.
Aunque la carrera armamentística no culminó en una guerra abierta entre Argentina y Chile, la carga económica de mantener una flota moderna pesó significativamente sobre ambos países. En 1902, ambas naciones firmaron el Pacto de Mayo, un acuerdo que puso fin a la rivalidad naval al establecer limitaciones sobre las compras de armamento naval. Sin embargo, el daño económico ya estaba hecho: Chile y Argentina habían gastado sumas exorbitantes en sus respectivas flotas, fondos que podrían haber sido invertidos en desarrollo económico y social.
Otros ejemplos de sacrificios sociales por gasto militar excesivo
La historia está llena de ejemplos en los que los gastos militares excesivos en tiempos de paz han tenido un impacto devastador en las condiciones de vida de las poblaciones civiles. A continuación, se detallan algunos casos notables de países que sacrificaron el bienestar social en favor de la carrera armamentística o la defensa nacional, sin que esto condujera a una guerra inmediata.
1. La Unión Soviética y la Guerra Fría
Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética gastó una cantidad desmesurada de su presupuesto en la carrera armamentística contra Estados Unidos. Desde la década de 1950 hasta su colapso en 1991, el gobierno soviético destinó una parte significativa de su Producto Interno Bruto (PIB) a la construcción de un ejército gigantesco, el desarrollo de armas nucleares y la carrera espacial.
Aunque la URSS se convirtió en una superpotencia militar, el costo para la economía fue inmenso. La inversión masiva en armas y tecnología militar redujo drásticamente los fondos disponibles para la infraestructura civil, la vivienda, la salud y el suministro de alimentos. Como resultado, la población soviética soportó décadas de escasez de bienes básicos, largas colas para comprar productos esenciales y un sistema de salud pública deteriorado. Al final, el gasto militar contribuyó al colapso económico del país, lo que a su vez condujo a la disolución de la Unión Soviética.
2. Corea del Norte: Militarización en desmedro de la población
Corea del Norte es un claro ejemplo de un país que ha priorizado su gasto militar a costa del bienestar de su población. Desde la Guerra de Corea en los años 50, el régimen norcoreano adoptó la política de Songun ("primero el ejército"), que coloca a las fuerzas armadas en el centro de las decisiones políticas y económicas del país. Esto ha resultado en una de las mayores proporciones de gasto militar en relación con el PIB a nivel mundial, a pesar de ser uno de los países más pobres del mundo.
El régimen ha invertido fuertemente en el desarrollo de su arsenal nuclear y mantiene una de las fuerzas armadas más grandes en términos de personal. Sin embargo, este enfoque ha tenido un costo devastador para la población civil. La gran mayoría de los recursos se destinan a la defensa, dejando a la población en condiciones de pobreza extrema, con graves problemas de desnutrición y falta de acceso a servicios básicos como la salud y la educación.
Los ciudadanos norcoreanos enfrentan restricciones severas en su acceso a alimentos, y los sistemas de atención médica y educativo son deficientes, marcados por la falta de recursos y personal capacitado. A pesar de estas dificultades, el gobierno continúa priorizando su programa militar, reforzando su poderío armamentístico mientras desatiende las necesidades más urgentes de su gente.
Este desequilibrio entre la inversión en defensa y el bienestar social refleja una política centrada en la supervivencia del régimen, dejando a gran parte de la población en condiciones precarias, sin mejoras significativas en su calidad de vida.
En este mismo sentido aunque obviamente sin llegar a estos extremos, tenemos la Ley Reservada del Cobre en Chile, la cual establecía un vínculo directo entre los ingresos generados por la exportación de cobre y el financiamiento de las Fuerzas Armadas del país. Esta ley, promulgada en 1958 y modificada posteriormente en 1973 durante el gobierno de la Junta Militar, dispone que un porcentaje de los ingresos que genera la empresa estatal Codelco (Corporación Nacional del Cobre de Chile) por la venta de cobre sea destinado al financiamiento de las adquisiciones y modernización de las Fuerzas Armadas chilenas.
La Ley Reservada del Cobre establecía que el 10% de los ingresos brutos por la exportación de cobre debía ser destinado a un fondo exclusivo para las Fuerzas Armadas. Este fondo se utilizaba principalmente para la adquisición de equipamiento militar y la modernización de las tres ramas de las Fuerzas Armadas: Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Los fondos generados por la Ley del Cobre se depositaban en un fondo reservado que no formaba parte del presupuesto general del Estado, lo que permitía a las Fuerzas Armadas acceder a recursos financieros considerables de manera automática y sin necesidad de aprobación parlamentaria. Esto proporcionaba estabilidad y previsibilidad en el financiamiento de la defensa.
Gracias a la Ley del Cobre, las Fuerzas Armadas chilenas lograron financiar una serie de programas de modernización durante las décadas posteriores, permitiéndoles adquirir sistemas de armas avanzados, renovar su flota de aviones y buques, y mejorar sus capacidades tecnológicas. Esto se hizo especialmente evidente durante las décadas de los 90 y 2000, cuando Chile invirtió en la compra de aviones F-16, submarinos y otros equipos de alto costo.
Sin embargo, a lo largo de los años, la Ley del Cobre fue objeto de críticas por parte de sectores políticos y sociales, ya que otorgaba a las Fuerzas Armadas un acceso privilegiado y discrecional a fondos públicos sin supervisión civil o control democrático. Además, se consideraba que la ley vinculaba de manera rígida los ingresos del cobre al gasto militar, lo que limitaba la flexibilidad del Estado para utilizar esos recursos en otras áreas, como educación o salud. Finalmente, en 2019, tras años de debate, se derogó la Ley Reservada del Cobre, reemplazándola por un nuevo sistema de financiamiento para las Fuerzas Armadas, basado en un presupuesto plurianual y supervisado por el Congreso. Este cambio buscaba modernizar la forma en que se financia el gasto militar en Chile, dándole mayor transparencia y control civil sobre los recursos destinados a la defensa.
3. La España de Felipe II y la bancarrota del Imperio Español
Durante el reinado de Felipe II en el siglo XVI, el Imperio Español se comprometió en una serie de costosas campañas militares para proteger y expandir su vasto imperio, que abarcaba territorios en Europa, América y Asia. Estas guerras, motivadas tanto por el deseo de preservar la hegemonía española como por razones religiosas y políticas, resultaron en un gasto económico descomunal. A pesar de las enormes riquezas que llegaban de las Américas, España declaró la bancarrota en múltiples ocasiones a lo largo del siglo, ya que los ingresos no eran suficientes para cubrir los inmensos costos militares.
El tesoro español, alimentado principalmente por la plata y el oro del Nuevo Mundo, fue en gran parte destinado a financiar las guerras en Europa, el mantenimiento de grandes ejércitos y la construcción de poderosas flotas navales. Sin embargo, estos recursos, que podrían haber sido utilizados para modernizar la infraestructura, impulsar la industria o mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, fueron canalizados casi exclusivamente hacia el esfuerzo bélico.
Esta estrategia tuvo consecuencias devastadoras para la economía española. La constante necesidad de recursos para sostener el imperio, combinado con una administración ineficaz de las finanzas, generó un estancamiento económico. La industria local no se desarrolló adecuadamente, y España comenzó a depender de productos importados, mientras que el flujo de metales preciosos provocó inflación. La serie de bancarrotas y la incapacidad para adaptarse a las nuevas realidades económicas globales socavaron la estabilidad del imperio y, a largo plazo, contribuyeron a su declive como superpotencia mundial.
La España de Felipe II es un claro ejemplo de cómo el exceso de militarización y la mala gestión económica pueden agotar incluso los recursos más abundantes, dejando a una nación debilitada y vulnerable en el escenario internacional.
4. Estados Unidos en la Guerra de Vietnam
Durante la década de 1960, Estados Unidos se sumergió profundamente en la Guerra de Vietnam, dedicando una gran parte de su presupuesto federal a este conflicto. Este gasto militar no solo fue considerable por el despliegue de tropas y el equipo bélico necesario, sino que también se vio exacerbado por la Guerra Fría, en la que Estados Unidos competía con la Unión Soviética por la supremacía global, lo que implicó una expansión masiva de los programas de defensa.
El impacto económico de la guerra fue significativo. Mientras se destinaban recursos al esfuerzo bélico, los programas sociales que el presidente Lyndon B. Johnson había impulsado como parte de su visión de una "Gran Sociedad" empezaron a sufrir. Estos programas estaban diseñados para combatir la pobreza, mejorar el acceso a la educación y expandir los servicios sociales en todo el país, especialmente para las comunidades más desfavorecidas. Sin embargo, el desvío de fondos hacia la guerra limitó la capacidad del gobierno para implementar plenamente estas reformas.
Aunque Estados Unidos no cayó en la pobreza extrema como otros países que priorizaron el gasto militar, la guerra de Vietnam y el enorme costo asociado exacerbaron las desigualdades sociales. Las tensiones económicas aumentaron y contribuyeron a un periodo de inestabilidad social en los años posteriores, con protestas masivas contra la guerra, el crecimiento del movimiento por los derechos civiles y un mayor malestar entre los sectores más vulnerables de la población.
Además, el elevado costo de la guerra generó inflación y una creciente deuda pública, debilitando la economía y afectando la percepción del gobierno de Johnson, lo que llevó a un profundo escepticismo en torno al involucramiento militar de Estados Unidos en el extranjero. La guerra de Vietnam es un ejemplo de cómo el gasto militar, incluso en una nación rica como Estados Unidos, puede tener efectos colaterales negativos en el bienestar social y la estabilidad económica.
Al final...
La carrera armamentística naval entre Argentina y Chile es un recordatorio de cómo las rivalidades militares en tiempos de paz pueden llevar a decisiones que sacrifican el bienestar de la población civil en nombre de la seguridad nacional. Al igual que otros ejemplos históricos, desde la Unión Soviética hasta Corea del Norte y el Imperio Español, el gasto militar excesivo en ausencia de guerra puede tener efectos devastadores en el desarrollo económico y social de un país.
La clave está en encontrar un equilibrio entre las necesidades de defensa y las necesidades sociales, algo que a menudo se ve comprometido en tiempos de tensión internacional o rivalidad militar.
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