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sábado, 9 de agosto de 2025

Ucronías Argentinas: ¿Y si los planes de adquisiciones pre-Malvinas se hubiesen mantenido en democracia?


¿Los Mirage 2000 hubiesen reemplazado a los Mirage III/Dagger/Finger?

¿Y si Argentina no hubiera frenado su rearme? Un análisis contrafáctico sobre las Fuerzas Armadas 1983–2025


Cuando el 14 de junio de 1982 el general Mario Benjamín Menéndez firmó la rendición argentina en Puerto Argentino, culminaba no solo la Guerra de Malvinas sino una etapa entera en la historia militar del país. Para muchos, esa derrota marcó un punto de inflexión definitivo. Lo que siguió fue la desarticulación de una política de defensa ambiciosa, un retroceso estratégico y la progresiva pérdida de capacidades militares. Pero ¿qué habría pasado si Argentina hubiese seguido el rumbo que venía trazando hasta ese momento? ¿Cómo serían hoy sus Fuerzas Armadas si la política de adquisiciones militares de los años setenta y principios de los ochenta no se hubiese interrumpido? 

Una ucronía es una narración o hipótesis histórica alternativa que imagina cómo habría sido la historia si un hecho real hubiese ocurrido de manera distinta o no hubiese ocurrido. Si digo "ucronías argentinas", lo primero que viene a la cabeza son escenarios ficticios de historia alternativa en los que algún hecho clave de la historia argentina ocurre de otra manera y cambia el curso de los acontecimientos. Ya hemos trabajado en este blog muchos escenarios ucrónicos, sobre todo asociados a la crisis del Beagle (haga clic en 12345... entre otros). Quedan muchos más por analizar pero hoy nos enfocaremos en añadir racionalidad a un período larguísimo de la historia argentina reciente que no la tuvo.

Este ejercicio contrafáctico propone una hipótesis alternativa: un país que, tras la recuperación democrática, opta por continuar y profundizar su proceso de modernización militar, no como instrumento de agresión, sino como pilar de disuasión regional, soberanía tecnológica y autonomía estratégica. Para explorar esa posibilidad, es necesario retroceder al momento previo a la guerra y comprender qué tipo de arquitectura militar estaba gestándose.

 

La Argentina que se armaba: visión y planificación hasta 1982

Durante la década de 1970 y los primeros años de la siguiente, la Argentina trazó un proyecto de modernización militar que combinaba adquisiciones de tecnología extranjera de punta con un incipiente desarrollo nacional. Se trataba de una política que, aunque encuadrada dentro de un régimen autoritario, respondía a una visión geopolítica más amplia, compartida por diversas líneas internas de las Fuerzas Armadas y parte del espectro político. En el contexto de la Guerra Fría, y bajo la doctrina de defensa nacional autónoma, el país aspiraba a convertirse en una potencia militar regional con proyección atlántica. 


Daggers argentinos, el núcleo de la defensa aérea por 30 años

En la Fuerza Aérea, se adquirieron cazas Mirage III y Dagger, se diseñó el IA-63 Pampa como entrenador jet y plataforma liviana de ataque, y se contemplaba la compra del Mirage 2000, un avión de cuarta generación que habría convertido a la aviación argentina en una de las más modernas del hemisferio sur.

En la Armada, el eje era la incorporación de destructores MEKO 360 y corbetas MEKO 140 —ambos de origen alemán—, junto con un ambicioso plan submarino. Este preveía la construcción de seis submarinos TR-1700, dos en Alemania y cuatro en el astillero Domecq García de Buenos Aires, con la intención de desarrollar posteriormente una versión nuclear. La existencia del portaaviones ARA 25 de Mayo completaba una doctrina de proyección naval oceánica, inédita en la región.

El Ejército, por su parte, modernizaba su parque blindado con el Tanque Argentino Mediano (TAM), desarrollado junto a Alemania y fabricado en la planta TAMSE, acompañado de sus vehículos complementarios: el VCTP, el VCA 155 de artillería autopropulsada y unidades logísticas blindadas. El objetivo era construir una fuerza mecanizada versátil, equipada cada vez con más componentes nacionales.

Era una política de defensa integrada, sostenida por una incipiente base industrial y tecnológica, con empresas como CITEFA, INVAP, Astilleros Río Santiago, Domecq García y Fábrica Militar de Aviones. Malvinas interrumpió este proceso. Pero si no lo hubiese hecho, ¿cuál sería el resultado?

 

1983–1990: Consolidación democrática y rearme progresivo

Imaginemos un escenario donde el gobierno de Raúl Alfonsín decide no desmontar el aparato de defensa, sino someterlo a control civil democrático y convertirlo en una herramienta de soberanía moderna. Se reconfigura la doctrina militar hacia un enfoque defensivo, se castiga la represión ilegal, pero se mantiene el plan de reequipamiento.

Los submarinos TR-1700 se terminan según el cronograma original: dos llegan desde Alemania (como en la realidad), y los otros cuatro son completados en el astillero nacional entre 1987 y 1992. Esto convierte a la Armada en la única de América Latina con una flota oceánica moderna y capacidad disuasiva submarina extendida.

Paralelamente, se concreta la adquisición de 36 Mirage 2000, que comienzan a llegar en 1987, reemplazando progresivamente a los Mirage III y Dagger. La Fábrica Militar de Aviones inicia una línea de producción mejorada del IA-63 Pampa, con aviónica modernizada y versiones artilladas para apoyo cercano. 


Imaginando un IA-63 Pampa NG, armado con radar y lanzamisiles en las alas

El Ejército continúa fabricando el TAM y sus derivados, completando más de 500 unidades hacia 1990. Se inician además procesos de mejora electrónica, sensores nocturnos y enlace digital. La doctrina de brigadas blindadas se actualiza bajo normas OTAN, con ejercicios binacionales regulares junto a Chile y Brasil.

 

1990–2001: Profesionalización y liderazgo regional

Durante la década de los noventa, en este escenario contrafáctico, la Argentina adopta una política de profesionalización militar sin renunciar a su capacidad operativa. El gobierno de Carlos Menem, en lugar de reducir el presupuesto de defensa, lo racionaliza. Se introduce una carrera militar universitaria y se vinculan institutos de investigación militar con universidades nacionales. 

Para los años 90s debido a la experiencia de Malvinas se haría clara la necesidad de contar con un avión AWACS tanto para la FAA como para las operaciones del COAN. La necesidad ya se había presentado en 1985 cuando hubo sugerencias de intercambiar los dos DDG Tipo 42 de la ARA (ARA Santísima Trinidad y ARA Hércules) por un avión AWACS E-4 de Arabia Saudita. Obviamente el trueque nunca hubiese sido autorizado por el Congreso de Estados Unidos pero si presentaba la primera evidencia que era necesaria esa plataforma para nuestras fuerzas armadas. En los 90s, cambiado el escenario internacional, con las relaciones carnales de la administración Menem y el estado de socio extra-OTAN, esta necesidad, ahora sí, podría haberse negociado con el mismo país en la forma de los E-2C Hawkeye. Aviones altamente versátiles que podrían haber cumplido inicialmente de manera más que aceptable ese rol en el contexto de nuestro país.



La industria de defensa comienza a exportar: el TAM y el VCTP se podría haber vendido a países de África y Asia, el Pampa pudo tranquilamente haber encontrado mercados en Centroamérica, y piezas electrónicas desarrolladas por INVAP se integran a sistemas de vigilancia aérea y misiles de países socios. Esto permite sostener la inversión sin depender exclusivamente del presupuesto nacional. TAMSE inicia también la modernización y generación de capacidades largamente esperadas como los vehículos de defensa aérea (SPAAG), MRLS y obuses autopropulsados (TAM VCA) todos basados en la célula TAM, para gestionar distintas capacidades de ataque y defensa de los regimientos de caballería de tanques. También se modificarían los excedentes de M113 como SPAAG al estilo de los actuales Korkut turcos (foto abajo) así como la estandarización de la torreta blindada de 20mm (Torblin).



En paralelo, se mantienen las inversiones estratégicas: se inicia el desarrollo del primer reactor nuclear naval argentino, pensado como etapa previa al primer submarino nuclear. Se modernizan los MEKO 360 con sistemas AEGIS ligeros y misiles de crucero de medio alcance.

La Fuerza Aérea comienza a evaluar reemplazos para el Mirage 2000 con miras a 2010. Un camino que se analiza es adquirir el AMD Rafale debido a la gran confianza en los sistemas franceses, aunque las limitaciones presupuestarias post-1998 hacen más viable una asociación regional con Brasil para desarrollar un avión de combate sudamericano (posiblemente derivado del Gripen sueco).

 

2001–2010: Crisis y resistencia estratégica

La crisis económica de 2001 golpea duramente al país. Sin embargo, en esta línea contrafáctica, el Estado Mayor Conjunto cuenta con una reserva estratégica para continuidad de programas esenciales, sostenida por exportaciones y cooperación internacional.

La construcción del primer submarino nuclear argentino continúa a ritmo lento pero constante, y se logra botar en 2009 el ARA Santa Fe, equipado con propulsión nuclear luego de haber estudiado instalar la propulsión híbrida AIP de origen sueco. La Armada, aunque con operaciones reducidas, mantiene presencia efectiva en el Atlántico Sur.

De la Meko 360, que por problemas de motorización británica, podían ser reemplazados en los 1990/2000 por la clase Meko 200 con motorización norteamericana para luego poder llegar a modelos más modernos como la FREMM para los 2020s.

La Fuerza Aérea moderniza la flota de Mirage 2000 y produce localmente una versión del Pampa con radar multimodo y capacidad aire-aire. Se inician proyectos con Israel para incorporar drones de ataque ligeros y misiles BVR, en una estrategia que privilegia calidad por sobre cantidad.

El Ejército implementa el programa TAM 2C, con blindaje reactivo, sensores térmicos y mando digitalizado. Las brigadas de montaña y selva se modernizan con apoyo logístico aéreo propio, incluyendo helicópteros ligeros de fabricación nacional.

 

2010–2025: Soberanía tecnológica y reafirmación del poder disuasivo

En el período reciente, esta Argentina contrafáctica afianza su autonomía estratégica. La cooperación con Brasil y Suecia da lugar a la producción conjunta de 24 cazas Gripen NG adaptados a los requisitos argentinos, con transferencia de tecnología completa. Esto permite retirar finalmente los Mirage 2000 y mantener una flota mixta de Gripen y Pampa III+.

¿Gripens argentinos sobre Buenos Aires?
 

La Armada recibe en 2015 el segundo submarino nuclear, ARA Santiago del Estero con reactor compacto CAREM, con capacidad de lanzar misiles de crucero. Tal vez misiles franceses SCALP comprados y adaptados gracias a un contrato. Se evalúa la reactivación de la capacidad portaaviones mediante la adquisición de un buque ligero STOVL de segunda mano modernizado en Tandanor, adaptado para operar drones y aviones de despegue corto.

ARA Santiago del Estero, un Tipo TR-1700 ampliado con un reactor CAREM, morro más hidrodinámico y sistemas mejorados

La industria nacional lanza el satélite SARA-D para comunicaciones militares cifradas, y se establece una red C4ISR nacional que integra a las tres fuerzas. INVAP provee radares 3D para todo el país y el sistema de defensa aérea ya cubre el 85% del espacio nacional con misiles de corto y medio alcance.

La política exterior argentina se reposiciona: participa activamente en misiones de paz bajo mandato de la ONU, exporta sistemas de defensa livianos a África y mantiene una relación estratégica con países como India, Egipto e Indonesia.

 

Un escenario subversivo pero, por lo menos, con entrega de material

¿Qué habría pasado si, a pesar del ascenso de gobiernos de izquierda —como efectivamente ocurrió—, se hubieran concretado finalmente las repetidas promesas o intentos de adquirir material militar no occidental? Esto en un contexto político marcado por una fuerte desconfianza hacia las Fuerzas Armadas.

Durante el gobierno peronista se evaluaron diversas alternativas: los Mirage F1 españoles, el IAI Kfir Block 60 israelí, el KAI F/A-50 Golden Eagle surcoreano, y finalmente el CAIC JF-17 Thunder de origen chino-pakistaní. De todos ellos, el que estuvo más cerca de concretarse fue el último.

Pilotos argentinos llegaron a volar el JF-17 en Pakistán, y de haberse adquirido, las unidades habrían operado desde la Base Aérea Militar de Tandil. Sin embargo, la cantidad prevista nunca superó los 12 aviones más 2 adicionales, por lo que habrían conformado el único escuadrón de combate real del país, junto a un puñado de entrenadores Pampa III —estos últimos con capacidad de combate extremadamente limitada.


De haberse optado por este camino, lo más probable es que se hubieran adquirido vehículos blindados 6x6 Guaraní de la empresa brasileña IVECO, y quizás una cantidad limitada de VN-1 8x8 para equipar unidades de despliegue rápido. Pero no mucho más que eso.

En cuanto a la Armada, no se preveían incorporaciones significativas, salvo quizás algunos viejos avisos de origen ruso. Todas las naves de clase Meko se hundirían del puro óxido.

El principal problema de seguir esta vía habría sido el alejamiento total de la esfera de influencia de la OTAN, lo que implicaría una colisión directa con Estados Unidos. Un factor estratégico a considerar es que abrir esa puerta habría llevado con alta probabilidad a que Washington refuerce militarmente a Chile, en un intento de equilibrar la presencia de equipamiento chino en la región.


El acuerdo surcoreano

Otro escenario puede haber sido la cooperación con Corea del Sur. Un emergente productor de aviones de combate luego de haber ganado experiencia muy valiosa en la producción bajo licencia de los KF-16 en las instalaciones de KAI. El país ofrece los flamantes entrenadores avanzados y de ataque ligero F/A-50 Golden Eagle. Equipados con una pieza del legendario motor F404 de los F/A-18 Hornet, Argentina decide que es una buena opción para reemplazar a los todavía omnipresentes aviones A-4AR Fightinghawk. 

Aviones F/A-50 Golden Eagle argentinos volando sobre Santa Rosa, La Pampa.
 

Coproducidos en la FAdeA reestatizada, los aparatos tendrían su propio centro de mantenimiento en el Área Material Río Cuarto, teniendo estos aviones las capacidades de entrenar tripulaciones y plena capacidad de combate ligero. Con una extensión de este acuerdo, la KAI (ávida por extender sus operaciones en los cuatro puntos cardinales) ofrecería participar en el desarrollo del caza KF-21, un bimotor de altas prestaciones bimotor con dos motores F-404. Con unos pocos cientos de millones de dólares de co-financiamiento y el envío de un gran equipo de técnicos argentinos para la participación del diseño y adaptación de la aeronave a las necesidades de las fuerzas armadas argentinas. Basta con ver los esfuerzos enormes que ha hecho Corea del Sur para obtener el contrato de cazas peruanos donde llegó a oferta 24 F/A-50 y 24 KF-21 por menos de 4 mil millones USD.

El KF-21 sería rebautizado en Argentina como Proyecto SAIA-20, una adaptación del viejo SAIA-90 que ya preveía que la FAA debía contar un caza pesado de altas prestaciones bimotor, precisamente, equipados con los dos motores que portaba el F/A-18. El sueño podría haber vuelto a ser realidad. El modelo nacional estaría equipado con bombas Dardo III, radar AESA diseñado por INVAP y diversa aviónica desarrollada en conjunto con KAI y Elbit. El avión producido y adaptado para las fuerzas armadas argentinas podría haberse denominado IA-81 Shotel, que significa Flecha en el lenguaje de los legendarios Patagones. Si, ya va siendo hora al fin de sacar toda la nomenclatura de los araucanos (ahora autodenominados mapuches) los nombres de los productos militares argentinos. 


Un KF-21 Boramae coproducido en Argentina e imaginado localmente con el nombre IA-81 Shotel ("Flecha" en lenguaje Aonikenk) volando sobre la ciudad de Jujuy. 

Finalmente, el mismo acuerdo podría extenderse a tecnología de guerra terrestre, como los tanques K2 Black Panther como complemento de los TAMs. En términos de la Armada, diversos sistemas navales se analizarían para su adquisición, entre ellos USV y UUV así como sistemas de sonar. Corea del Sur es, sin dudas, de las industrias más productivas en términos militares del Mundo.

La Argentina militar de 2025: balance final del escenario contrafáctico

En este presente alternativo, Argentina contaría con una fuerza militar moderna, profesional y plenamente subordinada al poder civil. No se trataría de un país militarizado, sino de una nación que supo construir poder disuasivo inteligente y base industrial nacional.

Su aviación de combate empezaría a integrar tecnologías de quinta generación en drones y sensores, lanzaría desde sus propios vectores sus satélites y micro-satélites militares, su flota submarina aseguraría la soberanía atlántica, y su Ejército dispondría de una capacidad de maniobra mecanizada, artillada y digitalizada inédita en América Latina. Todo esto sostenido por una industria de defensa competitiva, con exportaciones anuales por encima de los 500 millones de dólares.

Además, el país ha fortalecido su posición geopolítica: no dependería de alianzas militares con potencias externas, mantendría la iniciativa en la cuestión Malvinas en foros internacionales, y sería visto como garante de estabilidad regional.

 

Reflexión final: entre el “pudo haber sido” y las lecciones para el futuro

Este ejercicio contrafáctico no busca idealizar una carrera armamentista, ni ignorar los desafíos éticos, económicos y políticos que implica sostener un complejo militar moderno. Pero sí propone repensar el abandono sistemático de capacidades estratégicas que Argentina sufrió durante décadas, muchas veces no por necesidad, sino por desidia, desconfianza o inercia política.

Argentina debió seguir con los planes de inversión y encarar el abastecimiento de la industria militar mundial. ¿Qué diferencia había en el complejo militar argentino de finales de los 1980s con el complejo militar turco actual? ¿Por qué el KAAN turco de hoy no pudo haber sido en SAIA-90 en 1990s? La democracia argentina ha sido el aprendizaje durísimo de 40 sufrir el país la administración de un banda organizada de delincuentes e incompetentes que no lograron casi ningún objetivo socialmente deseable: ¡no mejoró la educación, ni la vivienda, ni la justicia ni tampoco creció la economía! Los únicos que mejoraron su vida fueron los propios políticos.


¿Esta era la línea de sucesión para la FAA si no hubiese la democracia desmantelado todo el complejo militar argentino?


Sin dudas el sector más castigado fue la defensa con el desmantelamiento casi completo de toda la infraestructura de producción militar. De haber seguido mínimamente un nivel de gasto militar acorde, los Mirage III hubiesen sido suplantados por los Mirage 2000 y luego complementados con F-16s reemplazando los A-4 y, mas cercano en nuestros tiempos, el salto final hacia el Rafale, el Gripen (sin tecnología británica) y, por que no, el KF-21 o los F-16 Block 70. De lado de las fuerzas terrestres, la modernización del TAM ya debió haber llegado a finales de los 90s, con la incorporación de Leopard 2 en los 2000s con modernizaciones hasta el día de hoy. De lado de las fuerzas navales, las Meko se debieron vender en los 90s por la motorización británica y su reemplazo por Meko 200 primero con motorización americana para llegar a los 2020s con FREMM francesas o italianas. Ello junto a incorporar algún LPH, LST ó LPD, tal vez usado de Francia o Italia. 

Hoy debiéramos tener una fuerza respetable, pequeña, altamente móviles y profesionales, sin necesidad de tener tanto poder de proyección como en los 80s pero si con capacidad de disuasión frente a la Royal Navy en las Malvinas: esa es nuestra hipótesis de conflicto permanente y el desafío más importante en el futuro. La Argentina de 2025 podría haber sido muy diferente. Con voluntad, planificación y control democrático, el país pudo haber mantenido su autonomía tecnológica y su capacidad de defensa sin recurrir al militarismo ni a aventuras geopolíticas irresponsables. Demás está añadir, ninguno de estos escenarios (ni ningún escenario de crecimiento económico) es factible bajo un gobierno populista, sea del partido o alianza de partidos que sea.

Hoy, en un mundo cada vez más incierto, donde la disuasión sigue siendo parte del lenguaje internacional, mirar atrás no es solo nostalgia: es una advertencia. Lo que se pierde una vez, cuesta generaciones recuperarlo. Y en defensa, como en historia, las decisiones no tomadas también escriben el destino.


Por Esteban McLaren (con colaboración de Warbook2023 y OpenIA )

viernes, 8 de agosto de 2025

Malvinas: Sir Tristam amarrado y apaleado en Puerto Argentino post-conficto

Sir Tristam apaleado




En junio de 1982, durante la Guerra de las Malvinas, el RFA Sir Tristram, un buque auxiliar de la RFA (RFA), fue amarrado en Puerto Argentino, la capital de las Islas Malvinas.
El buque había jugado un papel vital en el conflicto, inicialmente sirviendo como un buque logístico de aterrizaje (LSL) para transportar tropas y suministros durante la invasión británica de las islas.
El 8 de junio de 1982, frente a la costa, el buque fue alcanzado por una bomba disparada por la Fuerza Aérea Argentina.
Después de que las fuerzas británicas aseguraron con éxito el Puerto Argentino, el Sir Tristram fue reutilizado como un cuartel y almacén flotantes para apoyar las operaciones en curso después del conflicto.

Naval Historia

viernes, 1 de agosto de 2025

Malvinas: El apoyo aéreo cercano en Darwin el 28 de mayo


Apoyo Aéreo Cercano - Darwin, 28 de Mayo de 1982




Publicado por Lorenzo Borri en su blog:  su http://elmuan.blogspot.com.ar


Primera Escuadrilla Aeronaval de Ataque


El 28 de mayo a través de los circuitos de comunicaciones el Vicecomodoro PEDROZO solicitó a Puerto Argentino apoyo aéreo con la mayor urgencia, a fin de retardar el avance de las tropas inglesas y dar un respiro a las fuerzas propias. La coordinación de los vuelos se realizó con la intervención del Capitán ARCE, una de cuyas funciones era la de enlace entre Ejército, Fuerza Aérea y Marina para la ejecución del apoyo aéreo cercano.

Las nubes bajas ponían a nuestros aviones a cubierto de los Harrier que orbitaban sobre capa a 15 mil pies de altura. Pero eso mismo obligaba a realizar ataques a muy baja altura y a merced de la capacidad misilística (Blow Pipe) de las fuerzas terrestres enemigas.



La primera misión fue realizada por una sección de Macchi; 4-A-117 (CC MOLTENI) y 4-A-114 (TC Daniel MIGUEL); su líder el Capitán MOLTENI, luego de entrar en ligazón con el OCAA, ordenó regresar a Puerto Argentino porque la zona de Darwin estaba cubierta por niebla.El segundo apoyo lo cumplía una sección de aviones Pucará IA-58. Indicativo BAGRE. Tripulación: Capitán Ricardo GRÜNERT (A-533) y teniente Alcides RUSSO (A-532). Despegó de Puerto Argentino a las 09:30. Atacaron a tropas inglesas, entre Darwin y Goose Green, con cohetes y cañones de 20 milímetros.

En la corrida final de tiro, el 1 logró disparar toda su munición, no así el numeral, quien debió realizar un giro total de 360° para entrar nuevamente y descargar su munición. Los ingleses les tiraron con todo lo que tenían, el espacio se cubrió de manchas rojas de la munición trazante. Varias de ellas impactaron en los aviones, sobre todo cuando el 2 hizo el reempleo. El ataque se realizó aproximadamente a las 10:15. El A-533 quedó fuera de servicio con un motor inutilizado por impactos.



El tercer apoyo previo a la realización del vuelo se impartieron las instrucciones con participación del Capitán MOLTENI, líder de la sección aeronaval de aviones Macchi, para coordinar frecuencias, corredores de entrada e indicativos, y se explicó la situación táctica imperante en la zona de combate. A las 15.30 se inició la tercera incursión al mando del Capitán MOLTENI (4-A-117) cuyo numeral era el Teniente de Corbeta Daniel MIGUEL (4-A-114). Esta tarea se coordinó a través del CIC de nuestra Fuerza Aérea y de la sala de situación conjunta. En proximidades del área de operaciones (Darwin) hubo comunicación bilateral entre el líder y el Oficial Control Aéreo Adelantado (OCAA) (Vicecomodoro PEDROZO), quien asignó zona a batir y no blanco puntual. El control les informó la posición del blanco a batir, por lo que los aviones iniciaron corrida de cañones y cohetes.

Finalizado el ataque, el OCAA informó: "Tiro excelente pero muy poco" y a continuación "numeral derribado". Durante la evasión posterior al ataque, el líder de formación realizó maniobras para eludir un misil, mientras escuchaba al OCAA ordenar: "¡Escape!". Más tarde en comunicación telefónica entre el vicecomodoro PEDROZO y el Capitán MOLTENI, el primero informó que en el ataque el Teniente MIGUEL volaba algo retrasado, un poco más alto, 30 grados con respecto al líder y que al ser abatido por las armas del enemigo cayó en tonel hacia la derecha, impactando el terreno en posición casi invertida.



La siguiente la cumplió nuevamente una sección de aviones Pucará que llegó al blanco donde uno de los aviones fue derribado y el otro logró escapar luego de derribar dos helicópteros ingleses. La sección SOMBRA, integrada por el teniente GIMÉNEZ (A-537) y el teniente CÍMBARO (A-532), que eran los dos pilotos que habían quedado sin volar en la escuadrilla BAGRE. Realizaron un ataque al norte de DARWIN, derribando (CÍMBARO) a un helicóptero  Scout MK.1 del 3º CBAS /B FLIGHT de los Royal Marines con cohetes para ataque aire-tierra, y destruyendo a otro en tierra Giménez. CÍMBARO aterrizó en Puerto Argentino aproximadamente a las 12:30 hs.

El teniente Giménez entró en nubes luego del ataque, manteniendo breves comunicaciones por VHF con DARWIN, perdiéndose luego todo contacto con él. Cuatro años después, los restos del avión y su piloto fueron hallados en la ladera de un monte.

Sección IA-58. Indicativo FÉNIX. Tripulación: (A-536) primer teniente Juan MICHELOUD; (A-555) teniente Miguel CRUZADO. Misión: ataque en zona Darwin. Arribó sólo un avión a la Base Aérea Militar Malvinas, muy averiado, a las 17:20. El teniente CRUZADO debió eyectarse y fue tomado prisionero.

Al otro día, cayó PUERTO DARWIN



Fuentes consultadas

  • HISTORIA DE LA AVIACION NAVAL ARGENTINA TOMO III - Héctor A. Martini.
  • MUSEO DE LA AVIACION NAVAL ARGENTINA

martes, 22 de julio de 2025

Malvinas: Cuando Perú casi nos proporciona AS-30 para los Mirage 5

En este capítulo veremos en exclusiva, el testimonio del Gral. FAP (r) Rubén Mimbela Velarde, apelativo de combate SAPO, quien nos contará el valiosísimo cargamento que iban a transportar en aquella misión de transporte estratégico del 4 de Junio de 1982, que se trataba de un sistema de armas predecesor y equivalente al novedoso misil Exocet, misil también fabricado por los franceses de Aeroespatiale, el misil Aire Superficie AS-30, apropiado para misiones de ataque a unidades de superficie (navales).

sábado, 5 de julio de 2025

Malvinas: El ataque simultáneo multidireccional de la sección del Capitán Philippi

Una sola cosa importaba...



  

Nuestro vasto adiestramiento en ataques simulados a buques de nuestra flota durante años, nos permitió realizar el ataque con éxito contra la Ardent. Lo primero que hicimos fue separarnos, uno por izquierda, otro al centro y otro a la derecha. Esto ocasionó que el buque debiera dispersar su poder de fuego sobre tres blancos diferentes ocasionado la perdida de fuego concentrado. Su sistema de control de tiro tendría que elegir a uno de nosotros y tratar de derribarlo, pero los otros dos aviones llegarían seguro a la distancia necesaria. Ahí estaba nuestra oportunidad. No pudieron con ninguno de nosotros tres. Lancé primero mis bombas y una dio de lleno contra el buque. El teniente Arca, segundo en el ataque, lanzó sus bombas y se metió dentro del hongo de fuego producido por mi impacto. También acertó con una bomba. El teniente Márquez, último en la formación, fue espectador del ataque y nos confirmó los impactos. Además, conociendo su capacidad, seguramente su lanzamiento tuvo similares resultados.

‘Escapamos por la misma’, les ordené por radio a mis pilotos. Quise decir ‘por el mismo lugar que ingresamos’. Sin avistar actividad enemiga, iniciamos nuestro escape hacia Río Grande, nuestra base. En ese momento, no sabíamos que dos Sea Harrier ingleses volaban encima nuestro. No podíamos verlos debido al mal tiempo. Solo supe de ellos cuando el teniente Márquez rompió el silencio de radio alertándonos: ‘¡Harrier! ¡Harrier!’. Casi de inmediato, un golpe, un mazazo, golpeó mi avión. Me habían dado.



El avión, fuera de control, comenzó a encabritarse. El bastón de comando no respondió a mis llamados y, en ascenso, el avión se dirigió hacia un techo de nubes que descargaba la lluvia sobre mi parabrisas. Llevé el acelerador hacia atrás y tampoco obtuve respuesta, volaba a casi mil kilómetros por hora. El manual del avión indica que uno debe realizar la maniobra de eyección por debajo de los 350 nudos (648 km por hora). Realizarla por encima de esa velocidad puede ser letal, incluyendo desmembramiento del cuerpo o lesiones en hombros y caderas.

Accioné el freno de picada para intentar reducir la velocidad y tampoco respondió. Me di vuelta para ver qué ocurría detrás mío y, para mi sorpresa, observé al Sea Harrier que me había lanzado el misil acercándose para rematarme con cañones a corta distancia. Llamé a mis dos numerales y les informé que me encontraba bien, sin daños físicos, y que me eyectaba.

Accioné de la manija inferior y una explosión ocupó mis sentidos. Un último pensamiento me abordó: ‘me estoy desnucando como el teniente Peña’. Y luego me desmayé. El Teniente Peña, piloto de A-4Q, falleció en 1972 durante su eyección al engancharse la manguera de oxígeno en el acelerador, desnucándolo.



El capitán Alberto Philippi, lanzado a casi mil kilómetros por hora, impactó contra la masa de aire. Entonces, ocurrió el primer milagro: su cuerpo no se desmembró. El segundo milagro vino en su ayuda a continuación: el asiento eyectable, con su cohete vencido, funcionó en altura. Philippi atravesó la tormenta, emergió por encima de las nubes y continuó su ascenso hacia un sol brillante y un cielo límpido. Rodó por el aire y una sorpresiva explosión controlada lo separó de su asiento. Ambos cayeron al vacío hundiéndose otra vez en la nubosidad.

Descendió sin conocimiento, a casi 200 km por hora. Tercer milagro: el pequeño paracaídas extractor realizó su trabajo inicial obligando a que el paracaídas principal procediese a su apertura. En pocos segundos la vela naranja del paracaídas flotó en el aire depositando al piloto inconsciente sobre el mar. Philippi abrió sus ojos y entre la cortina de agua observó una escena dantesca: delante suyo volaba el A-4Q del teniente José César Arca perseguido por un Sea Harrier que trataba de abatirlo con fuego de cañón”.

Luego de la eyección, mi casco y máscara de oxígeno quedaron desacomodados. Tuve que luchar para sacármelos. En ese momento creí que no tendrían más utilidad y los dejé caer al mar. El paracaídas, de color naranja, funcionó bien: floté en el aire, tuve un buen contacto con el mar y, cuando comenzaba a hundirme, la vela del paracaídas se infló sobre la superficie y me arrastró por encima de las olas. Me liberé del paracaídas y nadé hasta la orilla.



El capitán Philippi iba a volver a Malvinas. “Tenían planes para mí”, dijo en entrevista con LA NACIÓN, descubriendo una fotografía que guarda con recelo desde hace 40 años. Allí a aparece junto a los recordados Gansos Salvajes, nombre que adoptaron los pilotos retirados de la Marina que estaban volando en aerolíneas comerciales y se presentaron como voluntarios para combatir en Malvinas. Ellos, liderados por Philippi, conformaron la escuadrilla Águila, que se aprestaba para combatir a los británicos.

Cuenta Philippi: “La fotografía fue tomada a comienzos de junio en la Base Aeronaval Comandante Espora. En ella estoy recibiendo a ex pilotos de A-4Q que fueron convocados para formar una nueva escuadrilla que reemplazaría, en Río Grande, al Capitán Castro Fox, que continuaba sus operaciones con sus últimos cuatros aviones y sin relevos.


El fin del barco pirata

Hubiera sido el Comandante de la nueva escuadrilla de A-4E provistos de un armamento mucho mejor que el que disponíamos en nuestros A-4Q. Sin embargo los planes se desmoronaron al ser interceptados los misiles por los servicios secretos británicos apenas comenzaban su traslado a nuestro país desde Sudáfrica. También se le sumó la presión de los Estados Unidos a Israel para que no nos vendiera esos aviones.

Los pilotos que me acompañarían eran aviadores navales que se habían retirado o volaban como pilotos en líneas aéreas. Sin embargo, ninguno faltó a la convocatoria. Volvieron dejando todo de lado, en calidad de voluntarios. En ese momento una sola cosa importaba, nos llamaba la Patria”.

Fuente: Claudio Meunier - La Nación
Imágenes:
-Capitán Alberto Philippi (arriba), foto por Pablo Cersosimo.
-Skyhawk A-4Q de la Aviación Naval. (Alex Klichowski).
-Escuadrilla "Águila", liderada por Philippi (cuarto de izq. a der.) quien estaba decidido volver a seguir combatiendo en Malvinas. Foto: Alberto Philippi.


sábado, 14 de junio de 2025

Doctrina militar: Ataques preventivos y preemptivos, con aplicación al caso Malvinas/Antártida

Sobre las doctrinas de defensa basada en la anticipación

EMcL para FDRA


  • Se distinguen tres conceptos clave:
    • Ataque preemptivo: el enemigo está por atacar.
    • Ataque Preventivo: el enemigo podría atacar a futuro.
    • Ataque anticipatorio: espectro entre ambos.
  • Cuando es legítimo y cuando no en términos del derecho internacional
    •  La ONU solo permite el uso de la fuerza si hay un ataque armado. Preemption puede entrar, preventive no. La legitimidad, sin embargo, es otro juego: puede haber acciones ilegales pero vistas como necesarias (Kosovo ‘99).
  • Cuando sería válido en el escenario Malvinas/Antártida


El documento "Striking First: Preemptive and Preventive Attack in U.S. National Security Policy" (RAND MG-403) analiza el papel de los ataques anticipatorios —tanto preventivos como preemptivos— en la política de seguridad nacional de EE. UU., especialmente tras los ataques del 11 de septiembre de 2001. Vamos a analizar este documento de manera descriptiva inicialmente y crítica posteriormente. La sorpresa del ataque ha sido una tradición en la Historia Militar argentina que supo ser muchas veces decisiva. Luego, presentamos un resumen de este enfoque enormemente provocador e inspirador con una potencial aplicación al escenario Malvinas/Antártida al final.


1. El dilema de golpear primero: anticipación, poder y legitimidad en la política de seguridad de EE. UU.

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos redefinió las reglas del juego en el ámbito de la seguridad internacional. Con el enemigo oculto entre sombras y la amenaza de armas de destrucción masiva en manos de regímenes impredecibles o grupos terroristas, la lógica tradicional de “esperar y responder” parecía obsoleta. En ese nuevo mundo, el principio rector pasó a ser claro y contundente: si hay que defenderse, mejor hacerlo antes de que el enemigo tenga siquiera la oportunidad de atacar. Nació así una nueva doctrina estratégica, controversial y poderosa: la anticipación ofensiva.

En ese contexto, el estudio Striking First, elaborado por el think tank RAND para la Fuerza Aérea de EE. UU., se propuso examinar a fondo el concepto de ataque anticipatorio —en sus dos formas principales, el ataque preemptivo y el ataque preventivo—, evaluando sus fundamentos, límites legales, consecuencias estratégicas y viabilidad operativa. No se trataba de un llamado a la acción inmediata, sino de una reflexión rigurosa sobre cuándo, cómo y por qué un país con poder militar sin precedentes debería considerar la opción de golpear primero.

La distinción conceptual es clave. Un ataque preemptivo se lanza cuando se percibe que el adversario está a punto de atacar: la amenaza es inminente, la decisión urgente. En cambio, un ataque preventivo apunta a una amenaza aún lejana pero en crecimiento: se actúa para evitar que el enemigo adquiera una ventaja estratégica futura. Ambos casos —aunque diferentes en grado— comparten una lógica de anticipación y caen bajo el paraguas del ataque anticipatorio, término que RAND adopta para explorar este espectro de opciones.

Pero ¿qué factores determinan si vale la pena anticiparse? El estudio identifica dos variables estratégicas clave. Por un lado, la certeza de la amenaza: ¿es seguro que el adversario atacará? Por otro, la ventaja del primer golpe: ¿mejora significativamente la situación si se actúa antes? En el extremo ideal —una amenaza segura e inminente, y una ventaja militar clara al atacar primero— la decisión es casi automática. Sin embargo, estos escenarios son extremadamente raros. Lo más común es el terreno intermedio, donde las amenazas son ambiguas y los beneficios inciertos. Allí, la prudencia estratégica se vuelve tan importante como la capacidad de fuego.

Aun cuando existan razones militares sólidas, el ataque anticipatorio debe superar otro umbral: el del derecho internacional. Según la Carta de la ONU, sólo se permite el uso de la fuerza en defensa propia ante un “ataque armado” real. Por eso, los ataques preemptivos pueden, en algunos casos, justificarse como legítima defensa anticipada. Pero los ataques preventivos —por su carácter especulativo— no son legalmente aceptables bajo el marco actual. Algunos juristas han sugerido flexibilizar el concepto de inminencia frente a amenazas como el terrorismo nuclear, pero no existe consenso. Más aún, los riesgos legales personales para líderes militares y políticos han aumentado con el avance de instituciones como la Corte Penal Internacional.





A este marco legal se suma una dimensión más compleja y volátil: la legitimidad. Un ataque puede ser legal y aun así percibido como ilegítimo, o al revés. La legitimidad depende del contexto, de las intenciones percibidas, de la proporcionalidad del uso de la fuerza, y de la narrativa que acompaña la acción. Un mismo ataque puede ser visto como heroico por unos y criminal por otros, y estas percepciones influyen directamente en la diplomacia, las alianzas y el apoyo interno.

En este escenario, ¿cómo debe adaptarse la política de defensa de EE. UU.? El estudio recomienda tratar el ataque anticipatorio como una capacidad de nicho, no como doctrina central. Las fuerzas armadas —especialmente la Fuerza Aérea— deben estar listas para operar con rapidez, precisión y autonomía cuando sea necesario, pero sin rediseñar toda su estructura en torno a esta estrategia. La clave está en la flexibilidad: poder responder en distintos teatros, contra amenazas estatales o terroristas, sin comprometer la sostenibilidad operativa ni la legitimidad política.

Además, la capacidad de inteligencia estratégica se vuelve fundamental. Evaluar intenciones enemigas, identificar preparativos de ataque y anticipar desarrollos tecnológicos hostiles requiere una combinación de medios técnicos, humanos y analíticos de alto nivel. La calidad de la inteligencia no sólo condiciona el éxito operativo, sino también la justificación política y legal del ataque.

El estudio identifica tres escenarios donde EE. UU. podría considerar seriamente un ataque anticipatorio. El primero: prevenir una agresión transfronteriza contra aliados clave, como un ataque de Corea del Norte contra el sur, o una ofensiva china sobre Taiwán. El segundo: atacar grupos terroristas antes de que puedan ejecutar atentados, como ha ocurrido en Yemen, Afganistán o África del Norte. El tercero: frenar la proliferación de armas de destrucción masiva, especialmente si un Estado hostil está cerca de desarrollar armas nucleares que podrían ser transferidas a actores no estatales.

No obstante, todos estos escenarios plantean riesgos profundos. Atacar primero puede generar un conflicto más amplio, provocar represalias inesperadas o acelerar programas que se intentaba frenar. Además, puede erosionar normas internacionales que limitan el uso de la fuerza, abriendo la puerta a imitadores —Estados que justifiquen agresiones propias amparándose en el precedente estadounidense.

Por eso, el estudio concluye con una serie de recomendaciones prudentes. En primer lugar, tratar el ataque anticipatorio como la excepción, no la regla. En segundo lugar, reforzar la inteligencia y las capacidades de análisis, minimizando la dependencia de juicios apresurados o datos poco verificados. En tercer lugar, mantener opciones militares de rápida ejecución pero reversible, escalables y precisas. Y, por último, asegurar la coordinación política-militar en todo momento, porque en este terreno, la guerra siempre será una continuación de la política por otros medios.

Striking First no es un llamado a la acción, sino una advertencia mesurada: el poder de anticiparse debe usarse con extrema cautela. Golpear primero puede ser decisivo, pero también puede ser el error que detone un desastre estratégico. Saber cuándo no atacar es, en muchos casos, la mejor forma de defensa.

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos reconfiguró de manera drástica su estrategia de seguridad nacional. En lugar de basarse únicamente en la doctrina clásica de disuasión —un pilar de la Guerra Fría que suponía que la amenaza de represalias bastaba para evitar ataques enemigos—, el nuevo enfoque estratégico, articulado en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2002, introdujo la posibilidad explícita de actuar antes de ser atacado. Esta política, conocida como la doctrina Bush, planteó que frente a amenazas asimétricas como el terrorismo global o la proliferación de armas de destrucción masiva (ADM), la defensa reactiva ya no era suficiente. En un entorno donde los actores no estatales y los Estados fallidos operan al margen de las reglas tradicionales, Estados Unidos adoptó la idea de que debía reservarse el derecho de atacar primero, incluso si la amenaza aún no era inminente.

Este giro doctrinal tuvo profundas implicancias, tanto operativas como normativas. Por un lado, desafió los límites establecidos por el derecho internacional sobre el uso de la fuerza. Por otro, planteó exigencias nuevas a las fuerzas armadas, especialmente en términos de inteligencia, movilidad, precisión y legitimidad. El concepto de “defensa preventiva” ya no era solo una herramienta teórica, sino una opción concreta en la caja de herramientas estratégicas del poder militar estadounidense.

En este contexto, el estudio elaborado por RAND Project AIR FORCE y encargado por la Fuerza Aérea de EE. UU. surge como una respuesta a la necesidad de evaluar seriamente las implicaciones reales de esta doctrina emergente. Su objetivo principal no es justificar ni condenar la anticipación como política de Estado, sino analizarla en profundidad para proporcionar una base empírica y estratégica que permita tomar decisiones informadas.

El estudio se propone, en primer lugar, examinar la naturaleza y viabilidad de los ataques anticipatorios, tanto en su versión preemptiva como preventiva. Esto implica preguntarse bajo qué circunstancias golpear primero puede considerarse legítimo, eficaz o incluso necesario, y qué riesgos se derivan de ello. No se trata únicamente de un dilema moral o jurídico, sino también operacional: ¿qué condiciones deben darse para que un ataque anticipado sea exitoso? ¿Qué grado de certeza se necesita sobre la amenaza? ¿Qué capacidad de respuesta inmediata deben tener las fuerzas armadas?

En segundo lugar, el estudio busca determinar cuándo y cómo estos ataques pueden ser útiles desde una perspectiva estratégica. Para ello, evalúa múltiples factores: desde los beneficios tácticos inmediatos hasta los costos diplomáticos a largo plazo, pasando por el impacto en alianzas internacionales, la percepción pública y la estabilidad del orden global.

Un tercer objetivo, estrechamente vinculado a los anteriores, es explorar las consecuencias operativas para las fuerzas armadas, con énfasis en la Fuerza Aérea. En escenarios anticipatorios, la velocidad, la precisión y la autonomía operativa cobran especial relevancia. Se requiere una capacidad sostenida para ejecutar operaciones quirúrgicas con poco preaviso, muchas veces en entornos políticamente hostiles o legalmente ambiguos. Esto implica repensar doctrinas, revisar estructuras de comando y fortalecer capacidades como ISR (inteligencia, vigilancia y reconocimiento), ataques de largo alcance y despliegues rápidos.

Finalmente, el estudio pretende ofrecer orientación a los planificadores y responsables de política, brindando un marco analítico que les permita abordar amenazas emergentes que no se ajustan a las lógicas tradicionales de confrontación interestatal. En un mundo donde los enemigos no siempre portan uniformes ni operan desde territorios definidos, la anticipación se convierte en un desafío tanto conceptual como práctico.

Para cumplir estos objetivos, el enfoque metodológico del informe es amplio y multidisciplinario. Parte de una revisión doctrinal y legal sobre el uso anticipado de la fuerza, analizando los principios internacionales de legítima defensa y los límites de la acción preventiva. Luego, explora casos históricos representativos, como los ataques israelíes contra instalaciones nucleares en Irak o Siria, o las intervenciones estadounidenses en Irak y Afganistán, para identificar patrones, errores y lecciones aplicables. También realiza una evaluación comparativa de costos y beneficios estratégicos, integrando factores militares, políticos y diplomáticos. Finalmente, el informe proyecta escenarios futuros en los que EE. UU. podría contemplar la anticipación como opción estratégica, desde conflictos con potencias regionales hasta la neutralización de grupos terroristas con acceso a tecnologías letales.

En resumen, el estudio de RAND no busca promover una doctrina ofensiva ni negar los riesgos que implica golpear primero. Su propósito es más sobrio y más útil: dotar a los responsables de seguridad de las herramientas necesarias para tomar decisiones complejas en un entorno de amenazas difusas, tiempos de reacción acotados y consecuencias potencialmente irreversibles. En un siglo XXI marcado por la incertidumbre estratégica, pensar en frío antes de actuar en caliente se convierte en un imperativo de la política de defensa.


2. Conceptos Clave

En el contexto de la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre, el lenguaje estratégico adoptó nuevos matices y categorías que, si no se comprenden correctamente, pueden llevar a confusión o a errores de política grave. El estudio de RAND, consciente de esta ambigüedad conceptual, establece con precisión las diferencias entre tres nociones que suelen utilizarse indistintamente: ataque preemptivo, ataque preventivo y ataque anticipatorio. Comprender estos términos no solo es clave para el análisis legal y estratégico, sino también para evaluar la legitimidad y la utilidad práctica de cualquier acción militar ofensiva justificada en defensa propia.

El ataque preemptivo se refiere al uso de la fuerza militar cuando existe una amenaza inminente y claramente identificada. Es decir, cuando se tiene la convicción de que el enemigo está a punto de atacar y que actuar primero representa la única manera de evitar un daño grave o una derrota estratégica. Esta categoría se basa en el principio de autodefensa inmediata, reconocido por el derecho internacional, y tiene como antecedente histórico paradigmático el ataque de Israel contra Egipto en 1967, durante la Guerra de los Seis Días. En ese caso, la destrucción preventiva de la fuerza aérea egipcia proporcionó a Israel una ventaja táctica decisiva. Sin embargo, justificar legalmente este tipo de ataque requiere inteligencia precisa y verificable que demuestre la inminencia real de la amenaza. Sin esa condición, la acción pierde su sustento jurídico y político.

En contraste, el ataque preventivo se basa en la percepción de una amenaza futura, que todavía no se ha materializado pero que podría hacerlo con mayor intensidad si no se actúa a tiempo. A diferencia del ataque preemptivo, aquí la amenaza no es inminente; lo que se anticipa es un deterioro futuro del equilibrio estratégico, como la adquisición de armas nucleares por parte de un adversario hostil. El bombardeo israelí del reactor Osirak en Irak en 1981 es un caso clásico de esta lógica. También lo fue, aunque mucho más cuestionado, la invasión de Irak por parte de Estados Unidos en 2003, justificada por la presunta posesión de armas de destrucción masiva que nunca fueron encontradas. Desde la perspectiva del derecho internacional, el ataque preventivo es generalmente considerado ilegal, ya que no cumple con el principio de inminencia que justifica la legítima defensa. Además, su uso eleva los riesgos políticos y diplomáticos, y puede debilitar normas fundamentales sobre el uso restringido de la fuerza en las relaciones internacionales.

Dado que muchas situaciones reales no se ajustan perfectamente a estas dos categorías, el estudio introduce una noción más amplia y flexible: el ataque anticipatorio. Esta categoría engloba tanto el ataque preemptivo como el preventivo, y se utiliza para analizar un rango continuo de situaciones en las que se considera actuar ofensivamente por razones defensivas. Su valor conceptual radica en que permite abordar contextos complejos donde la amenaza es probable pero no inminente, o donde la decisión de atacar primero responde a una combinación de factores tácticos, políticos y estratégicos. Así, el ataque anticipatorio no define una doctrina específica, sino un marco analítico útil para evaluar cuándo golpear primero puede parecer necesario desde la lógica de la seguridad nacional.

Por último, el estudio distingue una categoría adicional que suele confundirse con las anteriores: la preemption operacional. En este caso, no se trata de anticipar el inicio de un conflicto, sino de realizar ataques dentro de una guerra ya en curso para impedir movimientos tácticos concretos del enemigo. Por ejemplo, atacar una base aérea antes de que despeguen los aviones enemigos, o destruir un nodo de comunicaciones para interrumpir una ofensiva en desarrollo. Aunque este tipo de acción comparte con la preemption estratégica la lógica de actuar antes del daño, su fundamento es estrictamente militar, no político, y se inscribe en la dinámica normal del campo de batalla. Por tanto, no entraña los mismos dilemas legales o morales que una decisión estratégica de iniciar hostilidades.

En resumen, la diferenciación entre estas categorías puede sintetizarse en tres ejes: el grado de inminencia de la amenaza, su legalidad bajo el derecho internacional y la lógica principal que la justifica. El ataque preemptivo responde a una amenaza inmediata y puede considerarse legal bajo ciertos parámetros. El preventivo, en cambio, se enfrenta a una amenaza futura y es generalmente ilegal. El ataque anticipatorio abarca ambos dentro de un espectro de decisiones defensivas ofensivas, y su legalidad dependerá del contexto específico. Finalmente, la preemption operacional es una herramienta táctica legítima dentro de conflictos ya iniciados, pero no equivale a iniciar una guerra.

Comprender estas distinciones no es una cuestión terminológica, sino una condición indispensable para formular políticas coherentes, respetuosas del orden internacional y adaptadas a los riesgos del siglo XXI. Como muestra el estudio de RAND, en temas de seguridad nacional, la precisión conceptual es tan crucial como la precisión militar.

Resumen de Diferencias Clave

Tipo de ataqueInminencia de la amenazaLegalidad internacionalJustificación principal
PreemptivoAltaGeneralmente legalEvitar un ataque inminente
PreventivoBaja o futuraGeneralmente ilegalEvitar aumento futuro de amenaza
AnticipatorioVaría (es un continuo)Mixta/ambiguaActuar antes de que la amenaza escale

3. Evaluación Estratégica

La decisión de lanzar un ataque anticipatorio —ya sea preemptivo o preventivo— no puede tomarse a la ligera. Supone una ruptura fundamental con la norma internacional que prohíbe el uso de la fuerza salvo en defensa propia. Por eso, tal decisión debe apoyarse en un análisis estratégico riguroso que contemple no solo la viabilidad operativa, sino también los riesgos políticos, legales y morales. El estudio de RAND identifica dos factores fundamentales que estructuran esta evaluación: la certeza de la amenaza y la ventaja del primer golpe. A estos, se suman consideraciones políticas y dilemas inherentes a la ambigüedad estratégica.

El primer eje de análisis es la certeza de la amenaza. Este aspecto se refiere al grado de convicción que tienen los responsables de la toma de decisiones sobre si el adversario realmente tiene la intención —y la capacidad— de atacar. En la práctica, rara vez se cuenta con información perfecta. La inteligencia puede ser incompleta, errónea o difícil de interpretar. A esto se suma una incertidumbre estructural: incluso con datos fiables, el comportamiento futuro de los actores puede ser impredecible por naturaleza. Cuando la amenaza es incierta, justificar un ataque anticipatorio resulta mucho más difícil, sobre todo si implica costos significativos —como la pérdida de vidas, el inicio de una guerra o la erosión de la legitimidad internacional. Un ejemplo ilustrativo es la Crisis de los Misiles en Cuba en 1962. Aunque EE. UU. detectó misiles soviéticos en territorio cubano, optó por no lanzar un ataque inmediato, debido a la incertidumbre sobre las intenciones soviéticas y los posibles desenlaces de una escalada.

El segundo elemento clave es la ventaja del primer golpe, es decir, si atacar primero otorga un beneficio militar sustancial frente a responder más tarde o esperar ser atacado. Este análisis varía según el tipo de amenaza y el tipo de ataque anticipado. En contextos de ataque preemptivo, la ventaja se mide en términos inmediatos: destruir capacidades clave del adversario, desorganizar su mando y control, lograr la sorpresa táctica o asegurar el control inicial del terreno. En ataques preventivos, el análisis es más prospectivo: se trata de evaluar si el equilibrio militar será menos favorable en el futuro, por ejemplo, si el adversario está cerca de adquirir armas nucleares o de mejorar su capacidad ofensiva. El caso de Israel en 1967 es un claro ejemplo: ante la percepción de un ataque inminente por parte de Egipto, Israel se adelantó y logró una victoria decisiva gracias a la destrucción de la fuerza aérea enemiga antes de que pudiera despegar.

No obstante, incluso cuando se percibe una ventaja táctica clara, los costos políticos, legales y reputacionales pueden ser prohibitivos. Atacar primero puede acarrear condena internacional, pérdida de legitimidad, ruptura de alianzas y un mayor riesgo de escalada. El caso de Irak en 2003 lo ejemplifica: la ausencia de armas de destrucción masiva tras la invasión debilitó profundamente la justificación política del ataque y erosionó la credibilidad de Estados Unidos en los años siguientes. Por eso, cualquier análisis de conveniencia militar debe estar acompañado de un cálculo preciso del impacto diplomático y del nivel de apoyo interno e internacional con el que cuenta la acción.

Este contexto genera una serie de dilemas estratégicos. En muchos casos, la amenaza no es completamente segura, ni la ventaja de atacar es concluyente. Esto produce un espacio de ambigüedad en el que las decisiones se vuelven especialmente difíciles y propensas al error. Por ejemplo, si se tiene certeza de que el enemigo atacará, pero la ventaja militar de adelantarse es baja, tal vez convenga intentar la disuasión en lugar de lanzar un ataque. Por el contrario, si la ventaja ofensiva es alta pero la amenaza no es clara, actuar podría desencadenar una guerra innecesaria y costosa. Este tipo de decisiones, por definición, se toma con información incompleta y bajo presión, lo que aumenta la posibilidad de un error estratégico de gran magnitud.

Para ayudar a ordenar este proceso, el estudio de RAND propone un modelo de evaluación combinado, en el que la certeza de la amenaza se coloca en un eje y la magnitud del beneficio estratégico de atacar primero en otro. Las situaciones que realmente justifican un ataque anticipatorio se ubican en el cuadrante superior derecho: alta certeza de amenaza y alta ventaja táctica. Sin embargo, la mayoría de los escenarios reales no se sitúan en ese cuadrante ideal, sino en zonas grises donde predominan la incertidumbre y los riesgos elevados.

La conclusión estratégica del informe es clara: un ataque anticipatorio no puede fundarse simplemente en el deseo de actuar con iniciativa o en la percepción subjetiva de una amenaza. Exige una base sólida de inteligencia confiable, un análisis cuidadoso de los costos y beneficios —militares y políticos—, una evaluación rigurosa de su legalidad y legitimidad, y una previsión razonable de las consecuencias a corto y largo plazo. Por todo ello, este tipo de acción debe considerarse una excepción estratégica, no una política generalizada. Solo bajo condiciones extraordinarias, cuando converjan la certeza de la amenaza, la ventaja operacional decisiva y el respaldo político necesario, un ataque anticipatorio podría ser una opción justificable. En todos los demás casos, la prudencia es la mejor estrategia.


4. Legalidad y Legitimidad

El uso anticipado de la fuerza militar representa uno de los temas más controvertidos del derecho internacional contemporáneo. El estudio de RAND dedica una atención especial a esta cuestión, consciente de que, más allá de la conveniencia táctica o de la superioridad militar de Estados Unidos, el verdadero desafío está en encontrar un equilibrio entre eficacia estratégica, legalidad normativa y legitimidad política. Golpear primero puede parecer una solución efectiva a ciertos problemas de seguridad, pero ¿bajo qué condiciones puede considerarse legal? ¿Y cuándo es legítimo a los ojos del mundo?

El marco jurídico internacional, tal como lo establece la Carta de las Naciones Unidas, es claro en su intención. El artículo 2(4) prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, mientras que el artículo 51 reconoce el derecho inherente a la autodefensa —individual o colectiva— en caso de que ocurra un “ataque armado”. La interpretación tradicional de estos artículos ha aceptado la posibilidad de un ataque preemptivo únicamente cuando hay evidencia clara e inmediata de que el enemigo está a punto de atacar. Este criterio se apoya en el famoso precedente del Caroline Case del siglo XIX, que establece que para que la acción anticipatoria sea legal, debe haber una necesidad instantánea, ninguna alternativa razonable y un uso proporcional de la fuerza.

Sin embargo, el caso del ataque preventivo —lanzado no ante una amenaza inminente, sino para evitar un peligro potencial en el futuro— no goza del mismo reconocimiento jurídico. En la visión clásica del derecho internacional, este tipo de acción es incompatible con el principio de uso restringido y proporcional de la fuerza. La amenaza aún no se ha materializado y, por lo tanto, no hay justificación legal para actuar con violencia. La mayoría de los expertos jurídicos coinciden en rechazar la legalidad de este enfoque, incluso cuando se invoca la posibilidad de una catástrofe, como en los casos de proliferación nuclear o amenaza terrorista latente.

Ante la aparición de amenazas no convencionales —terrorismo transnacional, armas nucleares portables, ataques cibernéticos—, algunos juristas y gobiernos han sugerido la necesidad de redefinir el concepto de “inminencia” para permitir una autodefensa más flexible. ¿Debe un Estado esperar a que un grupo terrorista con acceso a un arma nuclear actúe, o basta con saber que tiene la capacidad y la intención de hacerlo? Estados Unidos ha defendido una interpretación más amplia del derecho a la autodefensa, especialmente desde la Estrategia de Seguridad Nacional de 2002, en la que se afirma que la anticipación puede ser necesaria en un mundo donde los enemigos no siempre declaran sus intenciones.

Sin embargo, estas propuestas no han logrado consolidarse como parte del derecho internacional consuetudinario, ni han sido formalmente codificadas por organismos multilaterales. El uso de esta doctrina genera tensiones con instituciones como la Corte Penal Internacional (CPI) o la Corte Internacional de Justicia (CIJ), y su aceptación se ve limitada por el temor de abrir la puerta a abusos sistemáticos del principio de anticipación.

La complejidad legal se agudiza cuando los ataques anticipatorios se dirigen contra actores no estatales que operan dentro del territorio de Estados soberanos. Aquí surgen preguntas difíciles: ¿puede un Estado intervenir militarmente si el país huésped no combate a los terroristas? ¿Existe un umbral de amenaza suficiente para considerar inminente una acción que aún no ha ocurrido? En casos como Yemen (2002) o Gaza, tanto Estados Unidos como Israel han argumentado que el Estado anfitrión era incapaz o no estaba dispuesto a actuar, y que por tanto la intervención era justificada. Aun así, este tipo de acciones sigue siendo jurídicamente polémico, sobre todo si no cuentan con el respaldo explícito del Consejo de Seguridad de la ONU.

Ahora bien, más allá de la legalidad formal, existe otro concepto clave: la legitimidad. No siempre lo legal y lo legítimo coinciden. Un ataque puede ajustarse técnicamente a la ley, pero ser considerado ilegítimo si se percibe como desproporcionado, unilateral o motivado por intereses ocultos. Inversamente, un ataque ilegal puede ser visto como legítimo si se enmarca en una causa ética superior, como la prevención de un genocidio. La intervención de la OTAN en Kosovo en 1999 es un ejemplo paradigmático de este dilema: fue ilegal según el derecho internacional, pero ampliamente considerada legítima desde una perspectiva humanitaria.

Varios factores contribuyen a la percepción de legitimidad: la alineación con principios éticos (como proteger civiles), el apoyo de aliados y organizaciones multilaterales, la transparencia en la justificación del ataque y la proporcionalidad de los medios empleados. Además, las percepciones de legitimidad pueden cambiar con el tiempo. Una intervención inicialmente controvertida puede adquirir mayor respaldo si se demuestra que evitó una catástrofe o condujo a una estabilización real. Lo contrario también es cierto: una acción aceptada inicialmente puede volverse ilegítima si sus consecuencias son desastrosas.

El estudio concluye que toda planificación de un ataque anticipatorio debe considerar no solo su viabilidad militar, sino también su base legal y legitimidad internacional. La eficacia táctica puede verse anulada por consecuencias políticas negativas: aislamiento diplomático, sanciones económicas, pérdida de influencia o deslegitimación en foros multilaterales. Además, sin un consenso jurídico claro, la institucionalización de esta práctica como parte estructural de la política exterior estadounidense corre el riesgo de socavar principios fundamentales del orden internacional, debilitando justamente el entorno legal y normativo que EE. UU. ha contribuido históricamente a construir.

En definitiva, el dilema de la anticipación no es solo una cuestión de estrategia militar, sino también un reto jurídico y moral. Si Estados Unidos desea preservar su liderazgo global, deberá equilibrar cuidadosamente su poder de acción con el respeto a las normas que rigen la convivencia internacional. Porque en el siglo XXI, la legitimidad puede ser tan decisiva como la fuerza.

5. Implicaciones para la Política de Defensa de EE. UU.

Desde que la doctrina de ataque anticipatorio se incorporó de manera más explícita en la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, se ha planteado una pregunta crucial para la planificación militar: ¿debe el aparato de defensa organizarse en torno a la posibilidad de golpear primero? El estudio de RAND es claro al respecto: aunque este tipo de operaciones ha ganado notoriedad, su aplicación práctica seguirá siendo limitada y selectiva. No estamos frente a un nuevo paradigma que reemplace la disuasión o la contención, sino ante un recurso excepcional que, si bien debe contemplarse, no puede convertirse en eje estructurante de la defensa nacional.

El ataque anticipatorio debe concebirse como una contingencia de nicho, no como una doctrina central. Aunque puede considerarse con más frecuencia en un entorno estratégico incierto, seguirá siendo poco común en la práctica. Por lo tanto, las fuerzas armadas deben estar capacitadas para ejecutarlo si fuera necesario, pero sin reorganizar su estructura ni su entrenamiento general en torno a este tipo de misión. No se trata de desarrollar capacidades completamente nuevas, sino de adaptar las ya existentes a escenarios bien definidos.

Y es que los requisitos militares para una operación anticipatoria varían enormemente según el caso. No existe una fórmula única ni una plantilla estándar. Prevenir una invasión de Taiwán, neutralizar instalaciones nucleares en Irán o eliminar una célula terrorista en Yemen son desafíos completamente distintos, que exigen medios, tiempos, inteligencia y reglas de enfrentamiento específicos. Por eso, RAND enfatiza la importancia de planificar sobre la base de escenarios concretos en lugar de abrazar una doctrina genérica de anticipación.

En todos los casos, la inteligencia estratégica adquiere un rol central. Comprender las intenciones del adversario, distinguir entre preparativos defensivos y ofensivos, y detectar actividades encubiertas —como la proliferación nuclear— son tareas complejas que requieren capacidades de vigilancia, análisis y acción en tiempo real. La Fuerza Aérea, con sus sistemas ISR (inteligencia, vigilancia y reconocimiento), cumple un papel fundamental en este proceso. Sin información precisa y oportuna, cualquier decisión anticipatoria se transforma en una apuesta ciega.

Especialmente en el caso de agresiones transfronterizas inminentes, como podría ser una ofensiva convencional de Corea del Norte o una acción militar china sobre Taiwán, la capacidad de reacción rápida es decisiva. Para que un ataque preemptivo tenga sentido, debe lanzarse antes de que el enemigo ejecute su ofensiva. Eso requiere fuerzas preposicionadas, o al menos con alta capacidad de despliegue, decisiones políticas rápidas y confiables, y armamento de largo alcance capaz de actuar incluso sin acceso territorial directo.

Cuando se trata de frenar la proliferación de armas nucleares, químicas o biológicas, las exigencias son aún más elevadas. No basta con atacar instalaciones; muchas veces se requiere eliminar capacidades profundamente enterradas, neutralizar defensas aéreas y, en algunos casos, incluso propiciar un cambio de régimen, como ocurrió con la invasión de Irak. Estas operaciones deben lograr una eficacia quirúrgica sin margen de error, y además prepararse para las consecuencias: desde contaminación nuclear hasta una escalada regional. Por eso, RAND destaca la necesidad de contar con autonomía operativa, sin depender del apoyo directo de aliados, si estos no están dispuestos a participar.

En un plano distinto, los ataques anticipatorios contra organizaciones terroristas implican misiones de escala menor, pero alta complejidad operativa. Suelen realizarse mediante drones, comandos especiales o en coordinación con inteligencia aliada, y requieren niveles altos de infiltración, precisión y velocidad. Si este tipo de acciones se hace recurrente, como ha sido el caso en los últimos años, se incrementará la presión sobre las fuerzas especiales (SOF) y se requerirá una inversión sostenida en unidades no convencionales, equipos discretos y medios autónomos.

Ahora bien, el estudio también advierte contra el riesgo de sobrevaloración de esta capacidad. El éxito de operaciones pasadas, como el ataque preventivo de Israel en 1967, puede fomentar una confianza excesiva en la anticipación como herramienta universal. Este sesgo ofensivo ha llevado históricamente a decisiones estratégicas erróneas, como ocurrió en los prolegómenos de la Primera Guerra Mundial o con la intervención en Irak basada en inteligencia defectuosa. La lección es clara: no todos los problemas de seguridad se resuelven atacando primero.

Además, existe un peligro creciente de que EE. UU. termine siendo blanco de un ataque preemptivo. Si un adversario percibe que la intervención estadounidense es inevitable, puede decidir golpear primero para reducir sus propias pérdidas. Doctrinas como la china, en caso de crisis sobre Taiwán, ya contemplan esa posibilidad. Frente a ello, la estructura de fuerzas de EE. UU. debe diseñarse con criterios de resiliencia y dispersión, incorporando sistemas de defensa activa, redundancia y capacidad de absorción de ataques sorpresa.

Finalmente, RAND subraya la necesidad de una coordinación estrecha entre los líderes políticos y los mandos militares. Las decisiones de anticipación no pueden improvisarse. Los planificadores deben comunicar con precisión qué es factible, advertir sobre las limitaciones operativas y los riesgos implicados, y estar preparados para actuar con poco margen de maniobra temporal si las circunstancias lo exigen.

En suma, el ataque anticipatorio no debe dominar la planificación militar estadounidense, pero sí incorporarse como una capacidad especializada y estratégica. Su éxito dependerá de una combinación equilibrada de inteligencia confiable, criterios legales claros, evaluación política rigurosa y preparación técnica sobria. Se trata, en última instancia, de estar listos para actuar sin precipitarse, de anticiparse sin invitar al desastre, y de preservar el poder militar sin renunciar a la prudencia.


6. Escenarios Probables para EE. UU.

El estudio de RAND identifica con claridad tres escenarios principales en los que Estados Unidos podría contemplar el uso de ataques anticipatorios en el futuro cercano. Estos no son ejercicios hipotéticos: responden a preocupaciones reales en la política exterior y defensa estadounidense, y sirven como guía para planificadores estratégicos, tanto en el terreno militar como diplomático.

El primer escenario plantea la posibilidad de tener que anticiparse a una agresión transfronteriza. El objetivo sería impedir o mitigar una invasión o ataque inminente contra un aliado, como podría ser un avance norcoreano sobre Corea del Sur o una ofensiva de China contra Taiwán. En estos casos, un ataque anticipatorio permitiría a EE. UU. reducir el daño inicial a sus propias fuerzas y a sus aliados, ganando así una ventaja táctica. Sin embargo, esta opción también conlleva un riesgo mayúsculo: iniciar una guerra a gran escala en una región sensible. La magnitud del conflicto haría que la calidad y certeza de la inteligencia sobre la inminencia del ataque enemigo sea absolutamente crítica. Si la amenaza resulta ser menos inminente de lo previsto o no se concreta, el costo político —tanto interno como externo— podría ser devastador. Por ello, este tipo de operación sólo sería justificable en condiciones excepcionales de urgencia y certeza, y requeriría una preparación militar y diplomática extensa y coordinada.

Un segundo escenario contempla ataques anticipatorios contra grupos terroristas antes de que ejecuten atentados. Aquí se trata de operaciones de menor escala, llevadas a cabo mediante drones armados, fuerzas especiales o en colaboración con servicios de inteligencia aliados. Estas misiones suelen ser encubiertas, de corto alcance, y orientadas a eliminar objetivos específicos con precisión quirúrgica. Ejemplos como el ataque con misil Hellfire en Yemen (2002) o los operativos en Afganistán y Pakistán ilustran este tipo de intervención. La ventaja central de este enfoque es su alto grado de aceptabilidad moral y política, siempre y cuando haya evidencia concreta que justifique la acción. Además, al tratarse de acciones puntuales, el riesgo de escalada es mucho menor. No obstante, su éxito depende críticamente de una inteligencia táctica confiable y precisa. También surgen dilemas legales, especialmente cuando estas operaciones se realizan dentro de territorios soberanos sin el consentimiento del Estado anfitrión. Aun con estos desafíos, este es probablemente el tipo de ataque anticipatorio más frecuente y políticamente viable en el mundo contemporáneo.

El tercer escenario, más delicado aún, es el de impedir la proliferación de armas de destrucción masiva. Aquí el blanco no son grupos dispersos ni movimientos tácticos inmediatos, sino la infraestructura crítica de Estados que podrían adquirir —o ya poseen— capacidades nucleares, químicas o biológicas. Irán y Corea del Norte son los casos más notorios, pero también se contempla la posibilidad de futuros actores. A lo largo de la historia, se han registrado precedentes de este tipo de acción: el bombardeo israelí al reactor Osirak en Irak (1981) o, de manera más ambiciosa, la invasión estadounidense de Irak en 2003. Este último caso, basado en premisas equivocadas sobre la existencia de ADM, se convirtió en un ejemplo paradigmático de los peligros de actuar preventivamente sin evidencia sólida. Operaciones de este tipo exigen una precisión militar extrema: deben destruir no solo instalaciones físicas, muchas veces ocultas o fortificadas, sino también la capacidad técnica y humana del programa enemigo. Además, implican un riesgo alto de guerra prolongada, ocupación territorial y consecuencias geopolíticas imprevistas. Políticamente, si la acción no cuenta con respaldo internacional y la amenaza no es percibida como creíble, el costo en términos de legitimidad puede ser catastrófico. Así, estos ataques sólo pueden considerarse cuando el adversario es claramente incontrolable por medios diplomáticos o disuasivos, y la amenaza es tangible.

Más allá de estos tres escenarios, el estudio identifica una serie de efectos cruzados que deben tenerse en cuenta. Por ejemplo, el impacto disuasivo de estas acciones puede ser ambiguo: mientras algunos países podrían abandonar programas de armamento por temor a ser atacados, otros podrían sentirse incentivados a acelerarlos para disuadir un ataque anticipado. Libia renunció a sus armas tras ver lo que sucedió en Irak, pero Irán podría haber llegado a la conclusión opuesta: que el desarrollo nuclear rápido es la mejor garantía contra una intervención.

Asimismo, el uso repetido o institucionalizado del ataque anticipatorio por parte de Estados Unidos podría erosionar las normas internacionales que condenan el uso preventivo de la fuerza. Esto abriría la puerta a que otros Estados —como India, Rusia o Israel— invoquen esta doctrina para justificar agresiones en sus respectivas regiones, lo que aumentaría la inestabilidad global.

En términos generales, los escenarios más probables para el uso de ataques anticipatorios por parte de EE. UU. se concentran en tres líneas: prevenir agresiones convencionales de Estados hostiles, neutralizar amenazas terroristas antes de que se concreten, e impedir la proliferación de armas de destrucción masiva. No obstante, la decisión de actuar en forma anticipatoria no puede depender únicamente de la capacidad militar o de la voluntad política. Debe fundarse en tres criterios clave: la certeza de la amenaza, la ventaja estratégica real de actuar primero y el costo político y diplomático que tendría una acción militar unilateral o controvertida.

En última instancia, el estudio de RAND no propone una doctrina rígida, sino un marco analítico que ayude a decidir con inteligencia y cautela. Los ataques anticipatorios, si bien útiles en ciertos contextos, requieren una evaluación minuciosa, caso por caso. La ventaja de golpear primero nunca debe eclipsar el riesgo de golpear en falso.

7. Riesgos y Recomendaciones

Aunque la opción de golpear primero puede ofrecer ventajas estratégicas significativas en ciertos contextos, el estudio de RAND advierte que una dependencia excesiva de los ataques anticipatorios —ya sean de carácter preemptivo o preventivo— entraña riesgos sustanciales tanto en el plano estratégico como en el político. Estas acciones, por más que puedan parecer atractivas en términos de control del conflicto o eliminación de amenazas potenciales, deben ser consideradas con suma cautela y sólo en circunstancias excepcionales.

Uno de los principales peligros identificados es la sobrevaloración del ataque anticipatorio. Casos como el de Israel en 1967, exitosos desde el punto de vista militar, pueden inducir una percepción distorsionada sobre la universalidad de sus beneficios. Esta interpretación errónea podría generar entre líderes políticos y militares una preferencia por la acción ofensiva, subestimando los costos prolongados que implica iniciar una guerra antes de tiempo. En ese camino, el impulso estratégico puede dejar de lado la evaluación rigurosa de alternativas no militares y abrir la puerta a conflictos innecesarios.

Además, si la acción anticipatoria se basa en información defectuosa —como ocurrió en Irak en 2003—, el daño a la credibilidad internacional de Estados Unidos puede ser profundo y duradero. La confianza de aliados, organizaciones multilaterales y opinión pública se resiente, lo que debilita la efectividad de futuras amenazas disuasorias. Una nación que falla al justificar sus intervenciones pierde autoridad moral y capacidad de liderazgo en el sistema internacional.

Existe también el riesgo de provocar una escalada incontrolada. Atacar primero puede desencadenar guerras regionales o incluso globales, especialmente si el objetivo es una potencia intermedia o nuclear. La anticipación mal calculada puede resultar en un conflicto de mayor envergadura que el que se pretendía evitar. Peor aún, puede llevar a que otros actores perciban que deben actuar preventivamente también, desencadenando un ciclo de agresiones defensivas —un efecto espejo sumamente peligroso.

Otra preocupación fundamental es el debilitamiento del orden jurídico internacional. El uso frecuente o unilateral de esta doctrina puede erosionar los principios que limitan el recurso a la fuerza entre Estados. Cuando una potencia como EE. UU. actúa fuera de esos marcos, otros países pueden sentirse legitimados para hacer lo mismo, incluso en contextos mucho más cuestionables. El resultado sería una progresiva desestabilización del sistema internacional y el regreso a un modelo de relaciones de fuerza sin reglas claras.

Y no hay que descartar que Estados Unidos, al mostrarse proclive a atacar primero, se convierta él mismo en blanco de ataques preemptivos. Si un adversario percibe que una intervención estadounidense es inevitable, podría optar por adelantarse, iniciando hostilidades con la esperanza de limitar sus propias pérdidas. Esta lógica ya se refleja en doctrinas militares como la china en torno a Taiwán, que contempla la posibilidad de atacar fuerzas estadounidenses si se aproxima una confrontación.

Frente a este panorama, el estudio ofrece un conjunto de recomendaciones orientadas a minimizar riesgos y preservar la legitimidad estratégica de EE. UU. La primera y más importante es tratar el ataque anticipatorio como una excepción, no como regla. No debe convertirse en una herramienta rutinaria de política exterior, sino reservarse para situaciones extremas, cuando la amenaza sea clara, inminente o no mitigable por otros medios.

La segunda recomendación apunta al fortalecimiento de la inteligencia estratégica. Invertir en capacidades humanas y tecnológicas (HUMINT y SIGINT) es vital para interpretar con precisión las intenciones del adversario y detectar amenazas en desarrollo. Esa inteligencia debe ser contrastada, verificada y compartida de forma rigurosa, evitando que decisiones críticas se tomen sobre la base de datos fragmentarios o erróneos.

Tercero, se enfatiza la necesidad de contar con capacidades militares flexibles y reversibles. Es decir, fuerzas de reacción rápida, armamento de precisión y plataformas de operación furtiva que permitan escalar o desescalar la intervención según evolucione la situación. Esta modularidad es crucial para conservar opciones y no quedar atrapado en una lógica de "todo o nada".

También es esencial minimizar el daño colateral. La legitimidad de un ataque anticipatorio está íntimamente ligada a su precisión y proporcionalidad. Evitar víctimas civiles y limitar la destrucción a objetivos estrictamente militares es no sólo una exigencia moral, sino también estratégica: las operaciones limpias preservan el respaldo político y reducen el riesgo de radicalización o escalada prolongada.

En paralelo, se debe reforzar la coordinación civil-militar. Las decisiones de anticipación no pueden tomarse desde compartimentos estancos. Requieren una comunicación fluida entre planificadores militares y responsables políticos, de modo que estos últimos comprendan con claridad qué es posible, qué es riesgoso y qué implicaciones tendría cada curso de acción.

Una planificación responsable también debe contemplar el escenario posterior al ataque. Toda operación anticipatoria debe incluir medidas para proteger a las fuerzas desplegadas, garantizar la seguridad de los aliados y gestionar la respuesta diplomática y militar del adversario. Pensar en la escalada no como una posibilidad remota, sino como una consecuencia plausible, es parte del realismo estratégico necesario.

Por último, el estudio insiste en la necesidad de respetar y sostener las normas internacionales. A pesar de sus límites, el derecho internacional es un pilar fundamental del orden global. Por ello, EE. UU. debería esforzarse por legitimar cualquier acción anticipatoria mediante alianzas, marcos multilaterales, transparencia informativa y procedimientos formales. No se trata sólo de cumplir reglas, sino de reafirmar el compromiso con un sistema que da previsibilidad y contención a la violencia internacional.

En suma, el ataque anticipatorio puede ser una herramienta útil en circunstancias excepcionales, pero nunca debe convertirse en una doctrina general. Su valor reside en la capacidad de neutralizar amenazas graves y específicas, no en su aplicación sistemática. La clave está en combinar una preparación operativa de alto nivel con una estrategia marcada por la moderación, la inteligencia verificable, el respaldo político firme y el respeto a las normas que rigen la convivencia entre Estados. En tiempos de incertidumbre global, la prudencia estratégica es tan vital como el poder militar.

Ataque de anticipación para el caso Argentina vs Reino Unido/Chile

La teoría de los ataques anticipatorios —en sus variantes preemptiva, preventiva o de carácter más general— desarrollada en el estudio de RAND, ofrece un marco analítico útil para pensar escenarios complejos de seguridad donde la decisión de “golpear primero” podría considerarse racional desde un punto de vista estratégico. Si bien esta doctrina fue concebida en el contexto de la política de defensa estadounidense posterior al 11 de septiembre, su estructura conceptual puede proyectarse, con las debidas adaptaciones, a otras realidades nacionales. Históricamente, en el caso argentino, sufrimos un ataque preventivo con el ataque y captura de la ciudad de Corrientes en 1865 que dio lugar a nuestra entrada en la Guerra del Paraguay. Estuvimos también a punto de realizar un ataque preemptivo en el caso de la crisis del Beagle. Posteriormente, la operación Rosario podría también encuadrarse en el caso de un ataque preemptivo en términos de debilitar el accionar británico en el TOAS luego de revelada las acciones en las Georgias del Sur. La hipótesis de una futura intervención militar en el Atlántico Sur —particularmente en torno a las Islas Malvinas o a los territorios reclamados en la Antártida— plantea un terreno fértil para este tipo de reflexión prospectiva, siempre que se reconozcan las profundas diferencias en capacidades, alianzas, legitimidad y condicionamientos geopolíticos que separan a Argentina del caso estadounidense.

A modo de ejercicio académico, puede imaginarse un escenario a mediano o largo plazo —dentro de las próximas dos décadas— en el cual el contexto internacional en la región austral se ha transformado radicalmente. El Tratado Antártico podría haberse debilitado o incluso colapsado, dando lugar a una etapa de competencia explícita por recursos estratégicos, desde hidrocarburos hasta minerales críticos. En paralelo, la presencia militar y económica del Reino Unido y de Chile en el Atlántico Sur y la Antártida podría haberse intensificado a través de instalaciones duales, con fines científicos y de vigilancia. En ese marco, la exploración de recursos naturales podría haber dejado de ser una actividad cooperativa para convertirse en un foco de fricción geopolítica. Simultáneamente, Argentina habría iniciado un proceso de modernización militar —modesto pero realista— centrado en capacidades ISR, armas de precisión y plataformas de proyección regional limitada. Sobre ese trasfondo, los incidentes recurrentes en las zonas disputadas, incluyendo provocaciones navales cerca de las Malvinas o actividades hostiles encubiertas, marcarían una escalada de tensiones.

En ese contexto hipotético, la posibilidad de aplicar una doctrina de ataque anticipatorio podría cobrar cierta racionalidad estratégica. Por ejemplo, ante indicios claros y verificables de que el Reino Unido está a punto de desplegar nuevos sistemas ofensivos —como misiles de largo alcance o submarinos nucleares— en las Islas Malvinas, el liderazgo argentino podría interpretar esa acción como el preludio de un reposicionamiento militar más agresivo, orientado a consolidar su control sobre zonas circundantes del Atlántico o incluso avanzar sobre reclamos antárticos. De confirmarse una amenaza inminente y específica, Argentina podría contemplar un ataque preemptivo limitado, en línea con el modelo de evaluación de RAND, que combina alta certeza sobre la amenaza con una ventaja táctica clara derivada de actuar primero. Sin embargo, aun en ese caso, los obstáculos serían formidables: el uso anticipatorio de la fuerza solo sería mínimamente viable si se dispone de inteligencia de alta calidad, se logra un control político total sobre la escalada, y se obtiene algún grado de legitimidad regional o multilateral que respalde la acción.

Otro escenario más problemático desde el punto de vista jurídico y estratégico sería el de un ataque preventivo contra instalaciones chilenas en sectores superpuestos del continente antártico o en el extremo sur de la Patagonia. Si, por ejemplo, Chile estableciera bases logísticas con capacidad ofensiva en áreas que Argentina considera parte de su reclamo histórico, y esa infraestructura otorgara una ventaja estratégica irreversible a su contraparte, se podría plantear la necesidad de neutralizar la amenaza antes de que se consolide. Sin embargo, la doctrina RAND señala con claridad que los ataques preventivos —al actuar sobre amenazas futuras y no inminentes— rara vez se justifican plenamente, ni desde el derecho internacional ni desde la legitimidad política. Una acción de este tipo por parte de Argentina sería vista como agresión, con escasas posibilidades de éxito diplomático y alto riesgo de generar una escalada inmediata con otros actores regionales como Perú o Bolivia, tradicionalmente sensibles a alteraciones en el equilibrio austral.

Una opción más plausible dentro del repertorio anticipatorio sería la realización de acciones limitadas, quirúrgicas y encubiertas, destinadas a negar capacidades específicas de vigilancia, control o despliegue rápido por parte de actores extranjeros en zonas disputadas. Este tipo de ataque anticipatorio táctico podría implicar, por ejemplo, el sabotaje selectivo de sensores, infraestructura satelital terrestre o redes de comunicaciones militares en bases británicas o chilenas en la Antártida o sus alrededores. Tal como señala el informe de RAND, las operaciones de esta naturaleza, si son altamente precisas, no letales y conducidas en un marco de negación plausible, pueden resultar más aceptables desde el punto de vista político y más eficaces para evitar una escalada directa. No obstante, incluso estos escenarios exigen capacidades técnicas sofisticadas, un entorno de inteligencia extremadamente fino y una estrategia diplomática sólida para contener las reacciones posteriores.

El conjunto de estos escenarios revela una constante: los riesgos asociados al uso anticipatorio de la fuerza por parte de Argentina son considerables. Escalada bélica con potencias superiores, condena internacional, pérdida de legitimidad en organismos multilaterales, e incluso la posibilidad de que tales acciones justifiquen un mayor refuerzo militar británico o chileno en la región, constituyen peligros concretos. Para que cualquier acción anticipatoria pueda ser evaluada como factible, se requieren condiciones muy exigentes: inteligencia precisa y verificable, planificación proporcional y limitada en objetivos, una narrativa pública clara, y, sobre todo, respaldo regional que dote de legitimidad a la operación. La falta de alguno de estos elementos podría convertir una acción de anticipación en un error estratégico irreparable.

En conclusión, la adaptación de la doctrina de ataques anticipatorios al caso argentino no debe entenderse como una recomendación operativa, sino como una herramienta conceptual para pensar con mayor rigor los posibles cursos de acción frente a amenazas futuras en el Atlántico Sur y la Antártida. Tal como enfatiza el estudio de RAND, este tipo de ataques no debe institucionalizarse ni convertirse en una política general. Su aplicación solo tendría sentido bajo circunstancias excepcionales, donde confluyan amenazas inminentes, ventajas operativas tangibles y una arquitectura política que permita sostener la acción sin sacrificar la estabilidad regional o el prestigio internacional. Para Argentina, la prioridad estratégica debe seguir siendo la construcción de una capacidad de disuasión creíble, la inversión en inteligencia avanzada y la articulación de una diplomacia preventiva robusta. Solo así podrá asegurarse que cualquier decisión de emplear la fuerza, si llegara el caso, no sea fruto de la desesperación o la improvisación, sino de una evaluación estratégica madura, fundada en principios y alineada con los intereses nacionales de largo plazo.