Ex líderes Montoneros integran un equipo de abogados que defiende a guerrilleros peruanos, usurpadores y mapuches violentos
La semana pasada representaron a la viuda del fallecido fundador del grupo terrorista Sendero Luminoso. También patrocinan a María Nahuel, la dirigente mapuche que agredió a una fiscal durante una audiencia Por Andrés Klipphan ||
InfobaeRoberto Perdía y Eduardo Soares La mega toma de Guernica que terminó en un tumultuoso desalojo; la violencia mapuche en la Patagonia que incendia predios y viviendas, y la muerte en una cárcel peruana del fundador de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, tienen un punto en común, la Asociación Gremial de Abogados de la República Argentina. La organización tiene entre sus principales referentes a dos ex líderes de la organización Montoneros, Roberto “El Pelado” Perdía y Eduardo “El Negro” Soares, dos exponentes de la violencia de los años ‘70.
Soares, quien formó parte de la segunda camada de Montoneros, es el presidente de “La Gremial”, la asociación de letrados que defiende a imputados en expedientes por hechos que suelen tener impacto mediático por el tipo de incidentes que se investigan.
Infobae reveló que Perdía,
asistía en las negociaciones entre el gobierno bonaerense y los
usurpadores para evitar el desalojo de las más de 100 hectáreas de
Guernica. El 20 de octubre de 2020, después de más de tres meses de
diálogo y ofertas rechazadas por parte de las cuatro asambleas barriales
que se instalaron en la toma, la Justicia ordenó su desalojo. El
operativo, compuesto por más de 4.000 efectivos y fuerzas especiales,
fue encabezado por Sergio Berni, el ministro de Seguridad bonaerense. El saldo fue de 25 heridos y 30 detenidos. “La Gremial” los patrocinó y quedaron en libertad.
Desalojo de Guernica Sendero Luminoso, terrorismo y horror
La
participación de los abogados montoneros en ese hecho es el más
conocido. Este medio lo informó en cuanto las autoridades provinciales
le confirmaron a Infobae que Perdía, uno de los ex integrantes de
la cúpula guerrillera, intercedía por los usurpadores ante el ministro
de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque.
En
cambio, aún no había trascendido que la semana pasada, abogados de la
Asociación Gremial de Abogados de la República Argentina, viajaron a Perú para asistir a Elena Yparraguirre, la viuda del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.
Ese partido político, que devino en la más peligrosa guerrilla armada peruana, figura en la lista de organizaciones terroristas extranjeras del Departamento de Estado de los Estados Unidos,
según consta en la “hoja informativa Oficina de Lucha contra el
Terrorismo Washington, DC” publicado el 23 de marzo de 2005. También
aparece en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea y
Canadá.
Durante el conflicto armado interno liderado por Abimael Guzmán,
ocasionó pérdidas económicas por más de 42.000 millones de dólares,
según la investigación realizada por el especialista Jorge Chávez.
Abimael Guzmán fue cremado a las 03:20 de la mañana del 24. Foto Andina Según
la información del Congreso de la República, el movimiento subversivo
“tiene una ideología maoísta basada en el ‘pensamiento Gonzalo’, cuyo
objetivo es destruir las instituciones democráticas y asumir el poder absoluto y autoritario”. Añaden
que su lucha por el poder va del campo a la ciudad. Sus integrantes no
usaban uniformes y sus cabecillas no daban la cara.
El
denominado “gran salto adelante” de la organización terrorista empezó
en 1979, cuando pasó a la clandestinidad y anunció que estaban dadas las
condiciones para llevar a cabo una revolución del campo a la ciudad, al
estilo camboyano.
La primera acción del grupo
maoísta fue el 17 de mayo de 1980, cuando robaron y quemaron las urnas
del Registro Electoral de Chuschi, en el departamento andino de
Ayacuchode, era la víspera de las primeras elecciones democráticas
después de doce años de gobiernos militares.
Ese
fue el acto con el que Guzmán le declaró la guerra al Estado y a la
sociedad peruana. Esto dio inicio al conflicto armado interno el cual
llegó a constituir la época más violenta de toda la historia republicana
del país.
El ataque en Chuschi mostró que el
uso de la violencia sería el elemento central de la propuesta
senderista, quienes habían decidido iniciar e instaurar un “nuevo
orden”, a través del derramamiento de sangre “de un millón de personas” y
el aniquilamiento de los explotadores y la victoria de los explotados.
Esa guerra interna tuvo consecuencias devastadoras. El informe elaborado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación precisa que de las 69.280 víctimas y desaparecidos, Sendero Luminoso “provocó la muerte de entre 31.331 y 37.840 personas”.
Una
de sus principales masacres fue la de Lucanamarca. La noche cerrada del
3 de abril de 1983 en esa empobrecida comunidad campesina, ubicada a
más de 500 kilómetros al sureste de Lima ingresó una columna de 60
guerrilleros armados con machetes, hachas, cuchillos y armas de fuego.
El líder del pelotón, convocó a la población a la plaza central y
asesinó a 69 pobladores. Algunos fueron quemados vivos con kerosene,
otros murieron a hachazos.
Fue por la negativa
de la comunidad a aceptar las normas impuestas por Sendero Luminoso en
Ayacucho. El padecimiento de esas mujeres, niños y hombres, fue
interpretado como un mensaje de lo que le podría suceder a quienes no
estuviesen dispuestos a someterse a las reglas de la guerrilla de
Guzmán.
¿Qué fue a hacer el abogado y ex Montonero Soares a Perú? Para responder la pregunta es necesario una breve síntesis.
El
11 de septiembre pasado, a los 86 años, Guzmán falleció en el Centro de
Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao, donde
cumplía cadena perpetua desde 1992. Él fue el fundador del Partido
Comunista del Perú - Sendero Luminoso (PCP-SL), conocido simplemente
como Sendero Luminoso.
La muerte del guerrillero
tomó por sorpresa a las autoridades peruanas y no fue un tema menor. El
condenado estaba muy enfermo y la justicia le había negado el beneficio
de la prisión domiciliaria. Guzmán concentró sobre su figura todas las crueldades imaginables.
Nunca mostró arrepentimiento ni tuvo palabras de piedad para sus
víctimas. A partir de ese momento la disposición final del cuerpo se
trasformó en debate nacional. La fiscalía demoró 12 días en resolver qué
hacer con su cadáver. Había dos opciones, o se lo entregaban a sus familiares, o lo cremaban.
Manifestación en Perú en el 29 aniversario de la captura de Guzmán La
primera opción presentaba un problema, temían que su tumba se
transformara en un lugar de visita guiada para turistas y para
seguidores de sus ideales. Si hubiese sido un reo común la legislación
era clara, el cuerpo se entrega a sus descendientes directos.
No
era el caso. Guzmán distaba mucho de ser un asesino más. Fue condenado
por los peores actos terroristas. Era la encarnación del mal.
Uno de los primeros en dar su opinión fue el ex ministro de Interior Fernando Rospigliosi. “De ninguna manera debe darse lugar a un funeral como cualquier persona normal ni que se vaya a convertir su tumba en una suerte de lugar de peregrinación de terroristas, su cuerpo debe ser cremado y sus cenizas arrojadas al mar”, le dijo al diario El Comercio.
“No
hay protocolo internacional para sepultar dictadores, criminales de
guerra y genocidas. No estaría de más que existiera. Obama sacó una ley
especial para el cuerpo de Bin Laden”, escribió en su cuenta de Twitter
la ex ministra de Defensa Nuria Esparch, sugiriendo lo que debía hacer el gobierno de Pedro Castillo.
A la discusión pública se sumó un hecho incontrastable: la única familiar del fallecido es Elena Iparraguirre, esposa y número dos de Sendero Luminoso. Fueron detenidos el mismo día y aún purga pena en la cárcel Virgen de Fátima, en Lima. Fue sentenciada a cadena perpetua por terrorismo, el mismo cargo que pesaba sobre su marido.
La
viuda, desde su celda, escribió a mano alzada una carta que una amiga
ingresó por la mesa de entrada de la Tercera Fiscalía del Callao.
Solicitaba que se le entreguen los restos de Guzmán y denunciaba por
“asesinato” a los “marinos responsables del centro penitenciario CEREC”.
Exclusivo:
La carta escrita a mano alzada de la ex número dos de Sendero Luminoso
solicitando los restos de su esposo y acusando de asesinos a los
responsables del penal donde murió Guzmán Es en este punto donde entra a jugar “La Gremial”. Eduardo “El Negro” Soares, viajó a Perú para asesorar a Sebastián Chávez, el abogado de la viuda del guerrillero.
El 24 de septiembre pasado, y en contra de la voluntad de la viuda, se cremaron los restos del fundador de Sendero Luminoso. El proceso demoró 140 minutos, de la 3:20 de la madrugada a las 5:30.
Fue en la sede del Hospital Centro Médico Naval del Callao, en
presencia de un representante del Ministerio Público y según la agencia
internacional AFP, bajo la atenta mirada de los ministros del Interior, Juan Carrasco y el ministro de Justicia, Aníbal Torres.
La decisión se tomó después de que el Congreso del Perú aprobará una norma que ordena la incineración de los restos de condenados por terrorismo y traición. A partir de ese momento, Elena Yparraguirre sabe que su cadáver correrá la misma suerte que su compañero de armas. Para ellos no hay tumbas.
En
un comunicado difundido a la prensa, el ministerio Público señaló que,
“la resolución emitida por la tercera Fiscalía provincial penal
corporativa del Callao se fundamenta en la necesidad de evitar poner en riesgo la seguridad nacional y orden interno”.
El caso del fallecimiento de Abimael Guzmán fue una de las primeras crisis a la que el gobierno de Castillo se enfrentó.
Para
librarse de las disputas internas el mandatario delegó en la Fiscalía y
en el Poder Legislativo el destino final del controvertido fallecido.
Abimael Guzmán y su esposa, Elena Yparraguirre, líderes de la guerrilla peruana Sendero Luminoso La
delegación de abogados montoneros que se entrevistaron con la ex número
dos de Sendero Luminoso tenía por objetivo analizar las medidas a tomar
de aquí en más. Por ejemplo, dónde están depositadas las cenizas del ex jefe guerrillero e impulsar la investigación sobre su muerte. ¿Lo dejaron morir? ¿No le dieron la asistencia médica que requería? ¿Se trató de una muerte natural?
El
23 de septiembre, un día antes que se cremara el cuerpo de Guzmán, los
abogados de la viuda presentaron un nuevo escrito. Reclamaban que antes
de disponer del cadáver “se investiguen las razones de su muerte” y se
tomen “todas las precauciones para evitar la desaparición de las evidencias del delito”,
es decir, se insiste en el presunto asesinato del anciano y enfermo
guerrillero. Una denuncia que es muy probable que no prospere y que
involucra al gobierno peruano, al Poder Judicial y a las autoridades
penitenciarias.
Soares, el ex montonero y
abogado, ya esta de vuelta en Buenos Aires. Mientras él y sus compañeros
de “La Gremial”, como Perdía, siguen atentos los avatares de la causa
en Perú, analizan los expedientes judiciales que tramitan en la región
Patagónica.
Defensa a los mapuches
La Asociación Gremial de Abogados de la República Argentina tiene postulados particulares, entre ellos la de “no defender víctimas sino luchadores y luchadoras,
en referencia al nivel de conciencia y compromiso de quienes asumen
esas luchas” y aclaran que La Gremial “tampoco representa a los y las
jóvenes pobres y a sus familias en calidad de ‘víctimas’, sino como
parte de nuestro pueblo trabajador que son tratados como enemigos por un Estado que representa y pertenece a los explotadores”, un Estado, que interpretan que “no comete ‘errores ni excesos’, sino, simplemente, cumple su misión de abatir a la clase explotada”.
Eduardo Soares La
Gremial nació a fines de los años 60 y principios de los 70, en tiempos
de las dictaduras militares encabezadas por el General Juan Carlos Onganía, primero, y el General Alejandro Agustín Lanusse.
De ella formaban parte militantes políticos, por lo general del
peronismo e integrantes de movimientos guerrilleros, como Montoneros. A
50 años de su fundación, sigue activa. Parte de su actividad se
concentra en la Región Patagónica.
En
los tribunales provinciales y federales brindan asistencia letrada a
los grupos mapuches que encapuchados han tomado predios, por ejemplo, de
Parques Nacionales o incendian camiones y clubes de fútbol. También a los familiares del joven mapuche Rafael Nahuel
asesinado en noviembre del 2017, en el marco de un desalojo de la
comunidad originaria de Villa Mascardi que estuvo a cargo de una
patrulla del Grupo Albatros de Prefectura Naval Argentina.
Soares y otros abogados de La Gremial, representaron, por ejemplo, a la tía de Facundo, la también mapuche, María Isabel Nahuel. La
defienden en dos causas, en la primera está acusada por la usurpación
de un predio de la Administración de Parques Nacionales ocurrido en
2018.
La segunda, es un desprendimiento de la anterior. Se dio por un hecho violeto que ocurrió cuando el juez y la fiscal interina Sylvia Little le tomaban declaración indagatoria.
La dirigente mapuche María Nahuel fue absuelta en la causa por agredir a la fiscal que la investigaba Según el expediente 36123/2018 al que accedió Infobae, en medio de la audiencia, María Isabel Nahuel tomó un lapicero que estaba sobre el escritorio y con fuerza se lo arrojó a la fiscal.
El
objeto impactó en la cabeza de Little que comenzó a sangrar. En su
defensa, la agresora aseguró que la funcionaria se sonrió al hacer
mención de la trágica muerte de su sobrino.
La ira derivó en la suspensión de la audiencia y en una nueva acusación en su contra, esta vez por el presunto delito de “perturbaciones al ejercicio de la función pública”.
La causa se resolvió el 16 de octubre pasado. Ese día la dirigente mapuche de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu fue absuelta.
En su resolución, la jueza federal María Cándida Etchepar sostuvo que: “Pese a lo repudiable del hecho
cometido por María Isabel Nahuel, se advierte que en ambas ocasiones
–la audiencia de su indagatoria y ahora en esta audiencia de juicio- ha
quedado plasmado que el propósito de ésta ha sido insultar a la Fiscal y
demostrarle el gran enfado e irritación que tiene hacia ella, debido a
que fuera quien tuvo que apersonarse en la zona de Villa Mascardi cuando
acaeció el luctuoso hecho de la muerte de Rafael Nahuel y resultó ser
en ese momento la cara visible de la autoridad que había dispuesto el
desalojo del predio de Parques Nacionales, marco dentro del cual acaeció
dicho homicidio”.
Por esa razón, reflexiona la
jueza “la imputada Nahuel identifica en la persona de la Dra. Little la
responsabilidad de la muerte de su sobrino”. Para Etchepar esta
situación fue un “atenuante importante” y por eso dictó la absolución de la dirigente mapuche.
El
fundador de Sendero Luminoso, condenado a cadena perpetua por actos de
terrorismo, falleció en la cárcel a los 85 años. Jones Huala purga una
condena de 9 años en un penal chileno por "violencia rural" en Chile En la causa, La Gremial estuvo presente a través de los abogados Rosario Fernández y Gustavo Franquet.
Al finalizar la audiencia la asociación realizó un posteo en las redes
sociales en la que manifestaron: “Por más que se insistiera en plantear
el ataque a la Fiscal. Por más que se la acusara de ‘entorpecer’ un acto
procesal. Por más que sacaran la guardia de infantería. Por más que
hicieran trampa prohibiendo la publicidad del juicio. Con todo eso y
más, siempre gana la fórmula de la lucha jurídica y la lucha política con todo lo que se tenga a mano”.
Durante
la audiencia, integrantes de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu se
apostaron frente a los tribunales federales con reclamos y leyendas de
reivindicación mapuche. Al mismo tiempo pedían por la libertad de Nahuel
un hecho que ocurrió al finalizar la lectura de la sentencia. Antes, se
habían registrado incidentes con la policía.
Tres días después de la absolución de Nahuel la fiscal Little, quien tiene
a su cargo las causas judiciales por las usurpaciones, los cortes de
ruta, y los ataques perpetrados por grupos mapuches, presentó su
renuncia, por la falta de apoyo.
Enterado de la novedad, el Procurador Eduardo Casal
decidió darle un fuerte respaldo por lo que seguirá en su cargo. A
través de una resolución conformó un equipo especial que apoyará a la
fiscal de Bariloche.
Esta no fue la primera vez
que La Gremial de Perdía y Soares se ve las caras con la fiscal agredida
por la dirigente mapuche que defiende. Little investigó el asesinato de Rafael Nahuel. También estuvo a cargo del juicio de extradición de Jones Huala, en septiembre de 2018.
Tres
meses después, el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia lo condenó a
nueve años de prisión por el incendio de una propiedad en la estancia
Pisu Pisué, el 9 de enero de 2013, y por posesión ilegal de armas de
fabricación casera.