lunes, 24 de marzo de 2025
sábado, 15 de marzo de 2025
Argentina: La masacre peronista de Rincón Bomba
Rincón Bomba: el silencio de Perón y la masacre étnica en Formosa que fue ocultada durante más de medio siglo
En 1947, durante el primer gobierno de general, la Gendarmería, con el apoyo de la Fuerza Aérea, mató entre 500 y 750 hombres y mujeres del pueblo aborigen pilagá, por temor a un “un ataque indígena”. Más de setenta años después, la justicia calificó la acción como “genocidio”, aunque jamás llegó a condenar a los responsables
Por Marcelo Larraquy || Infobae
En marzo de 2020, la Cámara Federal de Resistencia declaró que la masacre contra el pueblo indígena pilagá en la zona de Rincón Bomba, Formosa, debía ser calificado como un “genocidio”.
El crimen contra el pueblo indígena, llevado a cabo por fuerzas de la
Gendarmería y la Fuerza Aérea, era de larga data. Había sido perpetrado el 10 de octubre de 1947, durante el primer gobierno de Juan Perón.
La sentencia ordenó la reparación económica colectiva del pueblo
pilagá, con inversiones públicas de infraestructuras y becas de estudio,
pero no la reparación individual de los familiares de las víctimas de
la etnia.
La
represión de los aborígenes era una triste herencia del peronismo,
gestada desde la División de Informaciones Políticas de la presidencia
de la Nación, que dirigía el comandante de Gendarmería, general Guillermo Solveyra Casares.
Solveyra
había creado y comandado el primer servicio de inteligencia de la
fuerza en la década del ‘30 e internó a los gendarmes, vestidos de
paisanos, en los bosques del Territorio del Chaco para buscar
información que ayudara a capturar a Segundo David Peralta, alias “Mate Cosido” -a quien popularizó León Gieco en
el tema “Bandidos rurales”- y otros bandoleros sociales que
atormentaban, con asaltos y secuestros, a gerentes de compañías
extranjeras y estancieros.
Para
la época de la masacre del pueblo pilagá, Solveyra Casares tenía su
despacho contiguo al del presidente Perón en la Casa Rosada y
participaba en las reuniones de gabinete.
En octubre de 1947, la Gendarmería Nacional, que dependía del Ministerio del Interior, exterminó alrededor de 500 indios de la etnia pilagá en Rincón Bomba,
Territorio Nacional de Formosa. Más de dos centenares de ellos
desaparecieron durante los veinte días que duró el ataque de los
gendarmes, con el apoyo de la Fuerza Aérea.
La operación había sido ordenada por el escuadrón de Gendarmería de la localidad de Las Lomitas en respuesta al temor a una “sublevación indígena”.
Para reducir ese temor, exterminaron a los indígenas.
El conflicto se había iniciado unos meses antes.
En abril de 1947, miles de hombres, mujeres y niños de diferentes etnias marcharon hacia Tartagal, Salta, en busca de trabajo. La Compañía San Martín de El Tabacal, propiedad de Robustiano Patrón Costas, se había interesado en contratar su mano de obra para la explotación azucarera.
Patrón Costas era el representante político de los terratenientes. Había fundado la Universidad Católica de Salta, luego fue gobernador de esa provincia y presidente del Senado de la Nación. Su candidatura a presidente por el régimen conservador se malogró en 1943 por el golpe militar del GOU. También se acusaba a Patrón Costas de apropiarse de tierras indígenas en Orán.
Lo cierto es que una vez que llegaron a Tartagal, los caciques se rehusaron a que los hombres y mujeres de la etnia trabajasen en condiciones de esclavitud. Habían acordado una paga de 6 pesos diarios y cuando iniciaron sus labores les pagaron 2,5.
Patrón Costas decidió echarlos y los aborígenes retornaron a sus comunidades. Eran cerca de ocho mil.
El regreso se hizo en condiciones miserables, con una caravana que arrastraba enfermos y hambrientos. Durante varios días de marcha, desandaron a pie más de 100 kilómetros hasta llegar a Las Lomitas.
La caravana estaba compuesta por mocovíes, tobas, wichís y pilagás, la etnia más numerosa. Tenían la costumbre de raparse la parte delantera del cuero cabelludo, hablaban su propio idioma, además del castellano, y habitaban en varios puntos de Formosa. Vivían como braceros de los terratenientes, o de lo que cazaban y recolectaban.
Luego de su paso frustrado por Tartagal, se asentaron en Rincón Bomba, cerca de Las Lomitas. Allí podían conseguir agua. La miseria de la etnia asustaba.
La Comisión de Fomento del pueblo pidió ayuda humanitaria al gobernador del Territorio Nacional, Rolando de Hertelendy, nacido en Buenos Aires y educado en Bélgica, y designado en el cargo por el Poder Ejecutivo el 10 de diciembre de 1946.
La falta de recursos en las arcas de la tesorería del Territorio hizo que Hertelendy trasladara el pedido al gobierno nacional.
Perón reaccionó rápido. Conocía el tema.
En el año 1918, al frente de una comisión militar, había ido a negociar con obreros de La Forestal en huelga en el bosque chaqueño y había logrado apaciguar el conflicto. Les había aconsejado que hicieran los reclamos de buenas maneras.
De inmediato, Perón ordenó el envío de tres vagones de alimentos, ropas y medicinas.
En la segunda quincena de septiembre de 1947, la Dirección Nacional del Aborigen ya los tenía en su poder en la estación de Formosa.
Pero la carga fue recibida con desidia por las autoridades. La ropa y las medicinas fueron robadas, los alimentos quedaron a la intemperie varios días y luego fueron trasladados a Las Lomitas para ser entregados a los aborígenes. Ya estaban en estado de putrefacción.
El consumo provocó una intoxicación masiva: vómitos, diarreas, temblores. Dada la falta de defensas orgánicas, los ancianos y los niños fueron los primeros en morir. Los indios denunciaron que habían sido envenenados. Las madres intentaban curar a sus bebés muertos en sus brazos.
El asentamiento indígena se convirtió en un mar de dolores y de llantos que retumbaban en el pueblo. El cementerio de Las Lomitas aceptó los primeros entierros, pero luego les negó el paso del resto de los cuerpos. Ya había más de cincuenta cadáveres.
Los indígenas los llevaron al monte y enterraron a los suyos con cantos y danzas rituales.
En Las Lomitas se instaló la creencia de que ese grupo de enfermos y famélicos estaba preparando una venganza. Se difundió el rumor del “peligro indígena”, una rebelión en masa contra las autoridades y los vecinos del pueblo.
Desde hacía días, las madres aborígenes golpeaban las puertas del cuartel de la Gendarmería y de las casas de Las Lomitas con sus hijos. Al principio se las ayudó. Pero de un día para otro se las dejó de recibir. La fuerza armó un cordón de seguridad en su campamento y no se les permitió el ingreso al pueblo.
Más de cien gendarmes armados las vigilaban con ametralladoras.
El 10 de octubre de 1947 se reunieron el cacique Nola Lagadick y el segundo jefe del escuadrón 18 de Las Lomitas, comandante de Gendarmería Emilio Fernández Castellano. Era una entrevista a campo abierto.
El comandante tenía dos ametralladoras pesadas apuntando contra la multitud de indígenas, dispuestos detrás de su cacique. Eran más de mil, entre hombres, mujeres y niños. Muchos de ellos portaban retratos de Perón y Evita.
El cacique exigió ayuda a la Gendarmería. Querían tierras para la explotación de pequeñas chacras, semillas, escuelas para sus hijos. Invitó al comandante para que visitara el campamento y tomara conciencia de sus miserias.
Hay distintas versiones de cómo sucedieron los hechos.
Una indica que los aborígenes comenzaron a avanzar hacia la reunión. Otra, que los hechos se desencadenaron como ya habían sido planeados: provocar una “solución final” al problema indígena en el Territorio de Formosa.
Como fuese, la fuerza estatal abrió fuego contra la etnia desarmada. Lo hizo con ametralladoras, carabinas y pistolas automáticas. Fernández Castellano se sorprendió del ataque y ordenó detenerlo. Sus dos baterías no habían disparado. Pero el segundo comandante Aliaga Pueyrredón, que no estaba de acuerdo con parlamentar con los indígenas, había desplegado ametralladoras en puntos estratégicos y acababa de dar la orden.
El ataque provocó la huida de la etnia pilagá hacia el monte. Algunos arrastraban los cadáveres de sus familiares. Los heridos fueron siendo rematados. La persecución continuó durante la noche; los gendarmes lanzaron bengalas para iluminar un territorio que desconocían. Desde el pueblo se escuchaba el tableteo de las ametralladoras.
La Gendarmería continuó la matanza porque no quería testigos. Muchos civiles de Las Lomitas, miembros de la Sociedad de Fomento, colaboraron para que el “peligro indígena” cesara en forma definitiva y brindaron asistencia logística. Recorrieron los montes Campo Alegre, Campo del Cielo y Pozo del Tigre para marcar los escondrijos en la espesura.
Muchos cadáveres fueron incinerados. La persecución no dejaba tiempo para enterrarlos. Otros cuerpos fueron tirados en el descampado, en un camino de vacas, y la tierra y la maleza los fueron cubriendo con el paso del tiempo.
El trauma que produjo la represión, y el temor a otras nuevas muertes, fue enterrando el etnocidio bajo un muro de silencio. El diario Norte del Chaco mencionó que había habido un “enfrentamiento armado” ante la sublevación de los “indios revoltosos”.
Los diarios de Buenos Aires, a mediados de octubre de 1947, informaron sobre la incursión de un “malón indio”, para justificar la masacre.
Perón hizo silencio.
Nadie de la Gendarmería fue castigado.
Lo mismo había sucedido en Napalpí, en el Chaco, en 1924, durante el gobierno de Marcelo T. de Alvear, aunque en ese caso existió un proceso judicial para convalidar el ocultamiento.
En Las Lomitas no. Se calcula que entre 750 hombres, mujeres y niños de distintas etnias, en especial los pilagás, murieron a manos de la Gendarmería.
Desde 2005, un grupo de antropólogos forenses realizaron excavaciones por orden judicial en el cuartel de la fuerza de seguridad. Los huesos que encontraron estaban apenas por debajo del nivel de la superficie.
La matanza, además de la tradición oral que se extendió en los pilagá, fue narrada por uno de los represores , el gendarme Teófilo Cruz, que publicó un artículo en la revista Gendarmería Nacional.
En 2010 la documentalista Valeria Mapelman estrenó dos documentales sobre la masacre, Octubre pilagá, relatos sobre el silencio y La historia en la memoria en el que logró registrar historias personales de algunos sobrevivientes y sus hijos, y testigos de la masacre.
Dado que la incursión de la Gendarmería había contado con el apoyo de un avión con ametralladora, la justicia federal en la última década -cuando se inició el expediente-, llegó a procesar a Carlos Smachetti en 2014, que disparó contra los originarios de la comunidad de pilagá desde un avión que había despegado el 15 de octubre desde la base de El Palomar. Murió al año siguiente, a los 97 años. Otro de los imputados que participó de la masacre como alférez de Gendarmería, Leandro Santos Costa, luego se había graduado de abogado y fue juez de la Cámara Federal de Resistencia. Había utilizado una ametralladora pesada para eliminar a los aborígenes, y la Gendarmería lo había condecorado por su “valerosa y meritoria” intervención en el hecho. Murió en 2011, antes de que el proceso finalizara.
En su sentencia de 2020, la Cámara Federal destacó la responsabilidad del Estado Nacional al momento de la masacre y lo condenó a reparaciones colectivas, un monumento en el lugar de la masacre, incluir el 10 de octubre como fecha recordatoria, becas estudiantiles a jóvenes escolarizados y un dinero anual para inversiones de infraestructura y otro para sostener a la Federación de pilagá. Y calificó la masacre como genocidio, que había sido rechazada por primera instancia.
Pasaron más de siete décadas del crimen masivo, y las comunidades indígenas perdieron sus tierras y los montes fueron arrasados por las topadoras. Todavía viven en las vías muertas de los ferrocarriles o en la periferia de las ciudades, en busca de una vivienda, un trabajo o algo para comer. Como hace más de setenta años.
Marcelo Larraquy es periodista e historiador (UBA). Su último libro publicado es “Fuimos Soldados. Historia secreta de la Contraofensiva Montonera”. Ed. Sudamericana, noviembre de 2021.
sábado, 8 de febrero de 2025
Guerra Antisubversiva: Las efectivas tácticas que dieron la victoria en el Operativo Independencia
Argentina, radiografía de una técnica contraguerrilla
Ayer noticiaBasado en el trabajo de Alberto Carbone || Defensa.com
El inicio del conflicto
En 1972, el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo, de ideología trotskista-guevarista) estableció un foco de guerrilla rural en Tucumán, a 1.000 km de Buenos Aires. Para erradicarlo, el Ejército Argentino (EA) lanzó el 9 de febrero de 1975 la “Operación Independencia”, la cual duró 21 meses, concluyendo oficialmente el 24 de noviembre de 1976 con la eliminación total de la guerrilla.
Desde una perspectiva militar, la operación no incluyó grandes batallas. El EA adaptó su estrategia a la del enemigo, abandonando la rigidez táctica y empleando pequeñas unidades móviles, pero conservando la ventaja de su estructura regular.
El éxito no solo fue militar, sino también ideológico: al aislar al ERP del apoyo campesino, este quedó vulnerable. Contrario a la estrategia de Mao Tse-tung, que comparaba a la guerrilla con un pez en el agua, el EA logró lo contrario: un pez sin agua no sobrevive.
Guerrilla urbana
A fines de los años 60, surgieron en Argentina diversas organizaciones clandestinas, aprovechando un contexto político y socioeconómico favorable para la lucha armada.
Entre ellas, el PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores), de línea trotskista, rompió en 1970 con la Cuarta Internacional y creó su brazo armado, el ERP.
Hasta 1972, el ERP actuó en el ámbito urbano, al igual que otras organizaciones clandestinas. Argentina se convirtió en un foco de guerrilla urbana sin precedentes en Sudamérica.
En 1973, se registraron 190 secuestros, generando a los grupos insurgentes ganancias por 38 millones de dólares. En 1974, el ERP obtuvo 14,2 millones de dólares por el rescate del director de Esso Argentina, Víctor Samuelsson.
Sin embargo, el rescate más alto lo lograron los montoneros (peronistas de izquierda), que en julio de 1975 obtuvieron 60 millones de dólares por los hermanos Juan y Jorge Born, empresarios del sector agrícola.
La guerrilla urbana en América Latina tomó experiencia de los Tupamaros en Uruguay y de los grupos radicales brasileños, influidos por Carlos Marighela, autor del primer manual del guerrillero urbano.
Tras el fracaso de la guerrilla rural en Bolivia, Venezuela y Perú, la lucha armada se trasladó a las ciudades, donde la mayor parte de la población se concentraba.
No obstante, el ERP decidió cambiar su estrategia, sumando a la lucha urbana la creación de focos rurales, buscando generar “zonas liberadas”, inspirados en la experiencia maoísta.
Una ceremonia en un campo guerrillero. Frente a la guardia formada, un miembro del ERP, armado con un fusil, se apresta a estrecharle la mano a uno de sus jefes.
El objetivo del foco rural
El plan de establecer un foco rural fue ideado por Roberto Santucho, líder del ERP y secretario general del PRT. Pese a la oposición interna, logró imponerse con el siguiente esquema estratégico:
- Convertir la guerrilla en un ejército revolucionario popular.
- Formar cuadros político-militares reclutados en la zona.
- Obtener reconocimiento y apoyo internacional.
- Crear un poder paralelo al Estado.
Se eligió el suroeste de Tucumán como la región inicial para desarrollar la estrategia.
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El escenario: Tucumán
La provincia de Tucumán, en el centro-norte de Argentina, tiene 34.000 km² y 800.000 habitantes, cifra que crece en la zafra azucarera (mayo-noviembre) con trabajadores migrantes de Bolivia y Paraguay.
El clima cálido y lluvioso, junto con su geografía, la dividía en dos zonas:
- Llanura, con las principales ciudades, industrias y cultivos (especialmente caña de azúcar).
- Zona montañosa, con bosques densos y terrenos propicios para la guerrilla.
El ERP consideró que las condiciones socioeconómicas favorecían el reclutamiento local, siguiendo los métodos establecidos por Mao Tse-tung:
- Terror selectivo.
- Propaganda ideológica.
- Jerarquías paralelas.
- Adoctrinamiento revolucionario.
La producción más importante de la provincia, y particularmente en los
dos departamentos seleccionados por Santucho, es la azucarera, con
grandes establecimientos (ingenios) para la industrialización de la
caña. Existen, asimismo, otras industrias, destacándose en Famaillá una
fábrica textil, con 1.800 obreros.
En general, la zona elegida favorece las actividades guerrilleras
foquistas, tanto por las características del terreno como por la
idiosincrasia de la población. Por otra parte, el ERP consideró que las
condiciones socio-económicas le otorgaban un elemento —población—
potencialmente proclive para su captación y reclutamiento.
Los métodos para la captación y reclutamiento de la población tienen vigencia universal desde que los codificó Mao Tse-tung.
Un experto español (Andrés Cassinello Pérez, Operaciones de Guerrillas y
Contraguerrillas”) enumeró esos métodos así: terror selectivo;
exhibición y empleo de fuerzas; propaganda ideológica; establecimiento
de jerarquías paralelas; identificación con las aspiraciones populares;
crítica y autocrítica de la actuación personal; estudio en grupos de las
ideas revolucionarias.
El foco guerrillero debe desarrollarse en tres etapas:
• Asentamiento: Un escaso contingente inicial debe comenzar a
reconocer el terreno y clima, al par que se va montando el aparato
logístico. Esto debe realizarse con el máximo secreto y aislamiento de
la población. Esta etapa culmina con la construcción mínima de una zona
de operaciones y el comienzo de pequeñas acciones.
• Desarrollo: Formación del foco guerrillero y expansión del
mismo a otras áreas; formación y coordinación de guerrillas urbanas;
creación del poder dual.
• Ofensiva: Creación del ejército popular revolucionario;
generalización de la insurrección de masas; operaciones clásicas contra
las fuerzas armadas; toma del poder.
Compañía de Monte RRJ
En 1972, el ERP intentó establecer una base en la zona con un grupo liderado por Ramón Rosa Jiménez, pero fue detectado por la policía y su líder murió en el enfrentamiento.
En 1973, se inició un segundo intento, completando un reconocimiento del terreno y estableciendo una unidad de monte en marzo de 1974 con 20 hombres.
Para mayo de 1974, el ERP consideró completada la primera fase y pasó a la acción abierta, creando la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez (Ca. RRJ), que el 30 de mayo tomó la localidad de Acheral, logrando un éxito propagandístico.
Simultáneamente, el ERP intensificó su actividad urbana, con atentados y ataques contra destacamentos policiales y militares.
El 20 de enero de 1974, un comando de 60-70 guerrilleros atacó el Regimiento Blindado 10 en Azul, matando a su jefe y secuestrando al Tte. Cnel. Igarzábal, quien luego fue asesinado.
Tres hombres del ERP. De das Taconas, a la izquierda,
El desarrollo del foco guerrillero
A lo largo de 1974, el ERP llevó a cabo una serie de atentados y ataques, operando con sus compañías urbanas en Gran Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Estas unidades lograron ejecutar diversas acciones, incluyendo asaltos a destacamentos policiales y cuarteles militares.
El golpe más impactante ocurrió el 20 de enero de 1974, cuando un comando de 60 a 70 guerrilleros atacó el Regimiento Blindado 10 en Azul, a 350 km al sur de Buenos Aires. Durante el asalto, los insurgentes asesinaron al jefe del regimiento, a su esposa y a un soldado. Además, secuestraron al Tte. Cnel. Roberto Igarzábal, jefe de un grupo de artillería blindada, quien posteriormente fue ejecutado por sus captores.
Sin embargo, pese a la intensificación de su actividad urbana, la dirigencia del ERP, liderada por Santucho, decidió priorizar la consolidación del foco guerrillero rural en Tucumán. Con este objetivo, concentraron sus recursos en la reorganización y mantenimiento de la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez (Ca. RRJ), lo que debilitó progresivamente sus estructuras urbanas.
Este traslado de esfuerzos provocó una pérdida sostenida de personal y recursos en las células urbanas, un factor clave que contribuyó a la derrota final del ERP.
Foco en Catamarca
El 11 de agosto de 1974, el ERP lanzó una serie de ataques coordinados. En Tucumán, un grupo de guerrilleros se desplazó hacia el este con la intención de tomar el Regimiento de Infantería Aerotransportado 17, ubicado en la provincia vecina de Catamarca. Simultáneamente, una compañía urbana del ERP, que operaba en Córdoba, atacó un polvorín en Villa María.
Ambos intentos fracasaron. En Catamarca, los insurgentes fueron detectados por la policía antes de llegar al cuartel, lo que frustró su plan.
Al día siguiente, tropas del Ejército Argentino, que perseguían al grupo que intentó tomar el Regimiento 17, lograron emboscarlos y derrotarlos en el combate de Piedra Blanca, a 12 km al noreste de la ciudad de Catamarca.
Estos enfrentamientos resultaron en graves pérdidas para el ERP, tanto en efectivos como en armamento y pertrechos, debilitando aún más su capacidad operativa.
Cadáver de un guerrillero muerto en combate en campo abierto. El ERP estuvo, durante algún tiempo, seguro de su triunfo.
Santucho, en persona, se trasladó al foco guerrillero con el objetivo de reorganizar la unidad de monte. La nueva compañía, compuesta por 60 a 80 combatientes, fue estructurada en tres sectores —Norte, Centro y Sur— que operarían de manera semiindependiente.
Tras un breve período de asentamiento y adaptación, el ERP comenzó a actuar abiertamente, tomando pequeñas localidades y eliminando a los pocos efectivos policiales presentes en la zona.
Esta estrategia se intensificó a finales de 1974 y principios de 1975, cuando parte de los efectivos de la unidad de monte fueron trasladados a Tucumán, con el fin de reforzar la guerrilla urbana en la capital provincial.
El aumento de la actividad guerrillera llevó al ERP a ejercer un control casi total sobre la zona. Como parte de su estrategia para establecer un poder paralelo, la guerrilla implementó una serie de medidas simbólicas y operativas, incluyendo:
- Distribución de tierras.
- Cobro de impuestos y peajes a vehículos de pasajeros.
- Adoctrinamiento de la población mediante sesiones propagandísticas.
- Desfiles y ceremonias en los pueblos, donde izaban sus propias banderas.
- "Juicios revolucionarios" para condenar y ejecutar a policías y pobladores que se les oponían.
Una crisis política y un país al borde del colapso
En paralelo, Argentina vivía un contexto de profunda inestabilidad. El 1° de julio de 1974, tras la muerte de Juan Domingo Perón, el poder pasó a manos de su esposa y vicepresidenta, Isabel Perón. Su ineficaz conducción aceleró un proceso general de descomposición.
La inflación alcanzó el 400% anual, con devaluaciones de la moneda hasta dos veces por semana. Mientras tanto, la actividad de los grupos terroristas se intensificó, provocando una escalada de violencia en todo el país.
A la acción de la extrema izquierda, se sumó la aparición del terrorismo de extrema derecha, representado principalmente por la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina).
El país quedó sumido en un clima de violencia permanente, con secuestros, atentados con explosivos, asesinatos, huelgas y copamientos de localidades, transformándose en una crisis sin precedentes.
Jefes del ERP, con el rostro enmascarado, en el curso de una rueda de prensa dada en el propio Buenos Aires desvergonzadamente con la imagen de San Martín detrás.
El contexto general del país favorecía el crecimiento sin obstáculos de la guerrilla rural. El gobierno, por razones políticas, subestimó el conflicto en Tucumán, tratando los ataques y atentados del ERP como simples asuntos policiales.
En consecuencia, la responsabilidad de combatir a la guerrilla recayó en la policía, cuyo accionar indiscriminado y descoordinado terminó generando un efecto opuesto al esperado.
Lejos de debilitar al ERP, la situación hizo que muchos pobladores rurales se sintieran más seguros en las zonas bajo control guerrillero que en aquellas donde operaban las fuerzas policiales.
Operación Independencia
Con el país en crisis tras la muerte de Perón el 1° de julio de 1974, la violencia se incrementó. El gobierno de Isabel Perón, inicialmente, trató el conflicto como un problema policial, pero la situación se volvió insostenible.
El Ejército Argentino exigió intervenir, iniciando la Operación Independencia el 9 de febrero de 1975.
El plan contemplaba:
- Aislar la zona guerrillera: La guerrilla vive de la población civil de la zona afectada. De esta población, que la protege por simpatía o por temor, se abastece, se informa y se sirve para ocultarse. Conclusión: es preciso arrebatarle el apoyo de la población civil.
- Cortar los suministros y refuerzos: La guerrilla opera en combate condicionando sus acciones a las del ejército regular, en acecho de sus fallos, debilidades, descuidos o rigideces, para golpear con sus fuerzas en puntos vulnerables. Conclusión: es preciso volverse irregular, apartarse de la rutina, aligerar el equipo, condicionar la propia acción a la del enemigo, y todo esto conservando las ventajas de las unidades regulares.
- Hostigar hasta su aniquilación: La guerrilla no es una razón, sino una resultante. Luego hay que descubrir su causa y hacerla desaparecer.
Soldado del 10 Regimiento de Caballería Motorizada, montando guardia tras un ataque del ERP, en el que resultó muerto un coronel y heridos varios soldados.
Tres Frentes de la Operación Independencia
La Operación Independencia se desarrolló en tres frentes simultáneos:
- Acción psicológica sobre la población.
- Acción cívica para consolidar el control territorial.
- Operaciones militares directas contra la guerrilla.
La acción psicológica se basó en el uso de propaganda para influir en emociones, opiniones y actitudes de diversos sectores —tanto favorables como neutrales o enemigos— con el objetivo de generar apoyo a la estrategia nacional. Según la doctrina de la Escuela de Guerra Especial del Ejército de EE.UU., el blanco de estas operaciones era el individuo.
El Ejército Argentino centró su discurso en un eje ideológico claro: presentar a la guerrilla como una fuerza extranjera, que intentaba imponer violentamente una ideología ajena a la identidad nacional.
Este mensaje apelaba al nacionalismo, reforzándolo con el fuerte sentimiento religioso de la población tucumana, lo que ayudó a desvincular a la comunidad del ERP y debilitar su influencia.
La acción psicológica fue reforzada con una serie de medidas destinadas a consolidar el control sobre la población, entre ellas:
- Identificación y documentación obligatoria.
- Puestos de control en caminos y carreteras.
- Registros domiciliarios.
- Creación de una red de informantes dentro de la población civil.
Estas acciones tenían un objetivo claro: quebrar el dominio del ERP y reducir el temor de la población hacia la guerrilla.
Según un oficial del Ejército Argentino, estas estrategias fueron determinantes para fomentar la colaboración de la población:
"La presencia del Ejército marcó un cambio. Cuando la gente vio que imponíamos el orden y alejábamos la presión de la guerrilla, comenzó a denunciarlos voluntariamente."
Uno de los resultados clave de esta táctica fue la creación de una red de informantes espontáneos, con un rol fundamental desempeñado por las mujeres:
"Las madres, esposas y novias fueron el principal objetivo de la acción psicológica. En los hospitales, al hablar con los médicos o incluso en consultas con dentistas, muchas de ellas proporcionaban información clave para sorprender a los guerrilleros."
Posteriormente, los hombres también comenzaron a colaborar, consolidando la estrategia de inteligencia militar contra la insurgencia.
La acción cívica se basó en una serie de principios fundamentales, orientados a fortalecer el sentido comunitario y fomentar la autogestión local. Entre sus ejes principales se encontraban:
- Apoyo a proyectos impulsados por la propia población.
- Implementación de planes adaptados a las necesidades locales.
- Promoción del trabajo comunitario en el campo y las aldeas.
Esta estrategia buscaba atacar las causas subyacentes que facilitaban el reclutamiento guerrillero.
A diferencia del ERP, que intentaba captar apoyo mediante obsequios y asistencialismo, el Ejército Argentino optó por una política de autosuficiencia, enseñando a la población a asumir sus propias responsabilidades y a mejorar sus condiciones de vida sin depender de actores externos.
Fin del ERP y muerte de Santucho
El 10 de octubre de 1975, en el combate de San Gabriel del Acheral, el foco guerrillero colapsó. En noviembre, la lucha antisubversiva se extendió a todo el país.
El 23 de diciembre de 1975, el ERP intentó asaltar el Batallón de Arsenales 601 en Monte Chingolo, pero fracasó, sufriendo más de 100 bajas.
El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas tomaron el poder. El ERP, debilitado, perdió su última estructura en 1976, con la muerte de Santucho el 19 de julio en un enfrentamiento con el Ejército en Buenos Aires.
El 24 de noviembre de 1976, la Operación Independencia finalizó oficialmente, marcando el fin del ERP en Argentina.
El 10 de octubre de 1975, el combate del arroyo San Gabriel del Acheral marcó el desenlace de las operaciones iniciadas dos días antes y fue el punto de quiebre del enfrentamiento militar. A partir de esta batalla, el foco rural del ERP comenzó a desintegrarse.
La zona de combate se ubicaba al este de la Ruta Nacional 38, la principal vía de comunicación que conecta la capital tucumana con Córdoba. Este sector había sido el núcleo de operaciones del ERP, con bases establecidas en el cordón del Aconquija, desde donde descendían hacia la ruta para llevar a cabo sus incursiones.
La localidad de Acheral, situada junto a la carretera, era un punto estratégico en la región. A unos 4 km al este, se encontraba el ingenio Santa Lucía, un enclave donde trabajaban y residían alrededor de 4.000 personas, entre obreros agrícolas y sus familias.
El asesino Roberto Santucho, a la izquierda, uno de los jefes y teóricos principales de la guerrilla hasta su muerte.
El 8 de octubre de 1975, a unos 2 kilómetros del ingenio Santa Lucía, en una quinta naranjera del paraje Las Mesadas, el Ejército Argentino (EA) abatió en combate a Jorge Carlos Molina, uno de los jefes del ERP.
Al día siguiente, en la misma zona, el EA emboscó y eliminó a Asdrúbal Santucho, hermano del líder guerrillero Roberto Santucho, junto con el jefe y segundo jefe de la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez (Ca. RRJ). En la misma acción también cayó el técnico de comunicaciones del ERP.
Finalmente, el 10 de octubre, con su estructura de mando prácticamente desmantelada, la unidad de monte del ERP fue atrapada en una encerrona en un cañaveral cercano al arroyo San Gabriel del Acheral. El enfrentamiento y el posterior rastrillaje causaron un elevado número de bajas entre los guerrilleros.
El 24 de octubre, el EA informó que desde el inicio de la Operación Independencia habían sido abatidos 104 combatientes del ERP.
Para noviembre de 1975, el panorama para el ERP se tornó aún más crítico. La lucha antisubversiva se extendió a nivel nacional con la participación activa de todas las Fuerzas Armadas.
Ante esta situación, Roberto Santucho decidió lanzar una ofensiva en el Gran Buenos Aires, con el objetivo de recuperar prestigio y obtener un importante botín de armas y material bélico mediante el asalto a una unidad del EA en el conurbano bonaerense.
Para ejecutar esta operación, el ERP adoptó una estrategia contraria a la habitual, trasladando gran parte de la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez (Ca. RRJ) desde Tucumán hacia la zona urbana del Gran Buenos Aires.
El 23 de diciembre de 1975, el ERP lanzó un ataque masivo contra el Batallón Depósito de Arsenales 601 "Domingo Viejobueno", en Monte Chingolo. Sin embargo, la guardia resistió el asalto hasta la llegada de refuerzos de varias unidades militares, lo que convirtió la operación en una emboscada letal para los insurgentes, quienes sufrieron más de 100 bajas.
Posteriormente, la propia publicación del ERP, El Combatiente, reveló que el Ejército Argentino (EA) conocía de antemano los detalles del ataque, gracias a la infiltración de un espía dentro de la organización. Si bien la infiltración era una táctica común tanto en la guerrilla como en la contraguerrilla, el fracaso en Monte Chingolo marcó el inicio del colapso definitivo del ERP y aceleró la desintegración de la Ca. RRJ.
El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron a la presidenta Isabel Perón y asumieron el poder. Para entonces, la Compañía de Monte ya estaba severamente debilitada, perdiendo estructura y cohesión.
El incremento de las deserciones obligó a sus miembros a dispersarse, operando en pequeños grupos de dos o tres personas. En lugar de llevar a cabo acciones armadas, comenzaron a infiltrarse en organizaciones laborales y movimientos de masas. No obstante, con el tiempo, estos células reducidas fueron detectadas y eliminadas.
Finalmente, el Ejército Argentino dio por concluida la Operación Independencia el 24 de noviembre de 1976. Para ese entonces, el líder del ERP, Roberto Santucho, ya había muerto junto a varios de sus compañeros, el 19 de julio de 1976, en un enfrentamiento con el Ejército en un suburbio del norte de Buenos Aires.
Los adversarios
La Operación Independencia estuvo bajo la responsabilidad del III Cuerpo de Ejército del Ejército Argentino (EA), con sede en Córdoba, mientras que la unidad operativa principal fue la Quinta Brigada, con base en Tucumán.
En la campaña participaron fracciones de casi todas las unidades del III Cuerpo, aunque en su momento de mayor despliegue, el EA solo contó con un máximo de 1.500 a 2.000 soldados en la zona de operaciones.
A diferencia de otros conflictos, las unidades no fueron rotadas desde todo el país. Solo oficiales y suboficiales de diversas guarniciones argentinas fueron enviados temporalmente al área, con el objetivo de adquirir experiencia en combate y luego transmitirla a sus subordinados en sus respectivas unidades.
Los combatientes
El Ejército Argentino (EA) basó su fuerza en soldados conscriptos, la mayoría provenientes de la misma región norteña donde operaba la guerrilla. En los primeros meses, la lucha fue particularmente difícil, ya que la guerra contraguerrillera hasta entonces solo había sido un tema teórico de estudio para los mandos militares.
Con el tiempo, la experiencia adquirida transformó la estrategia del EA. Un alto oficial reconoció que la insurgencia "nos dio nuestra razón de ser a los militares argentinos, que hacía un siglo que no peleábamos una guerra".
Por su parte, la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez (Ca. RRJ) del ERP osciló entre 60 y 80 combatientes, siendo reabastecida con nuevos reclutas tras cada enfrentamiento.
Sus filas estaban compuestas por universitarios, pequeños burgueses de clase media urbana y algunos habitantes de la zona, además de extranjeros, entre ellos chilenos, cubanos, bolivianos y paraguayos. Mientras que algunos combatían por convicción ideológica, otros habían sido atraídos por el espíritu de aventura.
"Cuando estaban bien adoctrinados, se defendían con todo", admitió un oficial que los enfrentó en Tucumán.
Sin embargo, a medida que el ERP se debilitaba y perdía apoyo entre la población, surgieron problemas de disciplina. Uno de los líderes guerrilleros, el "capitán Santiago", adoptó una postura distante e impopular, lo que generó tensiones en la unidad hasta su muerte en combate.
El Ejército Argentino capturó correspondencia en la que Santucho criticaba duramente su desempeño y le exigía mayor compromiso con la estrategia general.
Armamento y logística
El ERP obtenía su armamento de ataques a cuarteles y compras en el extranjero. Su arsenal incluía:
- Morteros y fusiles FAL.
- Gran cantidad de municiones y armas cortas.
- Trampas cazabobos, granadas y lanza-granadas de fusil.
Para las comunicaciones, el ERP utilizaba radios de fabricación casera, consideradas de buena calidad técnica, y sus combatientes poseían un gran conocimiento del terreno, lo que les otorgaba una ventaja en la lucha en la selva tucumana.
A diferencia del ERP, el Ejército Argentino (EA) nunca subestimó a su enemigo en el monte tucumano. Siempre consideró a esta guerrilla la más coherente políticamente, lo que la convertía en el grupo más peligroso militarmente entre todas las organizaciones insurgentes que operaban en Argentina.
Por esta razón, la eliminación del foco rural —y con ello, la desarticulación total del ERP— se convirtió en la máxima prioridad del Ejército Argentino.
Cuando la lucha contra la subversión dejó de ser una tarea policial para convertirse en una operación militar a nivel nacional, el EA enfocó sus esfuerzos en aniquilar la estructura rural del ERP, asegurando así su colapso definitivo.
sábado, 19 de octubre de 2024
Argentina: Sobre cómo la Revolución Libertadora moldeó el pensamiento militar
Bajo la égida de Aries
Por Esteban McLaren
Durante la Segunda Guerra Mundial, al igual que en la Primera Guerra Mundial, Argentina mantuvo una postura oficial de neutralidad durante gran parte del conflicto. Sin embargo, en el interior de las fuerzas armadas, especialmente en el Ejército, se desarrollaron tensiones entre distintas facciones que debatían cuál debería ser la verdadera posición del país en la contienda. Una de estas facciones se articuló en torno al Grupo de Oficiales Unidos (GOU), un sector que simpatizaba con el régimen nazi y que, hasta 1943, promovía la entrada de Argentina en la guerra... ¡del lado del Eje! Tras el exitoso golpe de Estado de ese mismo año, esta facción tomó el control del gobierno y preparó el terreno para que su candidato, Juan Domingo Perón, asumiera la presidencia en las elecciones de 1946.
Perón, hijo de inmigrantes italianos, asumió la presidencia inicialmente como un mandatario constitucional. No obstante, pronto comenzó a implementar una serie de reformas destinadas a silenciar a la oposición y consolidar su permanencia en el poder. Aprovechó los fondos acumulados durante la favorable balanza comercial de la guerra para ganar apoyos mediante sobornos, subsidios y otros mecanismos corruptos que le permitieron manipular las instituciones a su favor. El uso indebido de fondos públicos fue notorio: individuos sin recursos se convirtieron en millonarios, medios de comunicación opositores fueron cerrados o comprados, y las voces disidentes fueron sistemáticamente perseguidas y, en algunos casos, torturadas.
En este contexto, la facción de las fuerzas armadas que había sido marginada tras el golpe de 1943, simpatizante de los Aliados, comenzó a reorganizarse lentamente. El objetivo de este trabajo es analizar los patrones recurrentes en las fuerzas antiperonistas o constitucionalistas que influyeron en la actividad político-militar interna de Argentina, especialmente durante el periodo de 1955 a 1988, cuando estas fuerzas jugaron un rol clave en la política del país.
La facción pro-Aliada
Las primeras manifestaciones de esta facción del ejército probablemente se hicieron evidentes en el fallido intento de golpe de Estado de 1951. Lo que caracterizó a este grupo dentro de las fuerzas armadas fue su enfoque en la acción. Eran hombres formados en la profesión militar, y como tales, tendían a interpretar los problemas bajo la lógica de la dicotomía amigo-enemigo. Su respuesta ante cualquier desafío fue siempre de naturaleza militar: una vez identificada la amenaza, se delimitaba al enemigo concreto y se actuaba militarmente para atacarlo, perseguirlo y, si era posible, destruirlo.
Un ejemplo temprano de esta conducta lo representa el almirante Benjamín Gargiulo, fundador de la Infantería de Marina de la Armada de la República Argentina (IMARA), quien incorporó el espíritu de los marines estadounidenses en la preparación y alistamiento de sus tropas. Durante el fallido golpe del 16 de junio de 1955, y tras ver frustrados sus esfuerzos, Gargiulo decidió suicidarse, un acto que sorprendió a muchos. Este tipo de coraje y honor militar se reflejaría 27 años después en la batalla de Monte Tumbledown, donde la infantería de marina demostró un valor excepcional en la defensa de Puerto Argentino durante la Guerra de Malvinas.
Esta conducta contrasta radicalmente con la de Juan Domingo Perón, quien, en medio de la Revolución Libertadora de 1955, dudó en atacar a los insurgentes. Durante ese levantamiento, una minoría rebelde se enfrentó a una mayoría leal y no se rindió. Sólo el 18% de las tropas se rebelan contra Perón. Lonardi, líder de la rebelión, mantenía la firme postura de no ceder ni negociar con Perón. En ese contexto, aunque nunca quedó claro qué pensaba exactamente Perón —ni lo aclaró en entrevistas o memorias—, se puede asumir que creyó que los rebeldes querían negociar con él algún reparto del poder, acostumbrado como estaba de negociar en la política. Esta suposición lo llevó a ordenar la retirada de sus fuerzas o, por lo menos, a no ejecutar un asalto final una vez rodeadas las mismas. La consecuencia de ello fue que permitió a los insurgentes reagruparse y continuar la ofensiva. Apenas reacomodadas sus tropas, la primera medida de Lonardi fue decretar el arresto de Perón, de lo que naturalmente sobrevendría su juzgamiento y, nunca podemos descartar, su ajusticiamiento. Ello puso fin a su gobierno y Perón cayó en la cuenta que estaba frente a militares en serio, no en chantas como él.
La Revolución Libertadora y la formación de oficiales
Esta Revolución Libertadora, que derrocó al gobierno de Juan Domingo Perón en 1955, dejó una huella profunda en la composición de los oficiales del Ejército Argentino. Este proceso comenzó con purgas masivas de oficiales considerados leales al peronismo y la reincorporación de aquellos que se identificaban con las fuerzas antiperonistas. Este movimiento, liderado por la Revolución Libertadora entre 1955 y 1956, tuvo efectos disruptivos en el escalafón del Ejército, alterando de manera significativa su estructura de mando y afectando profundamente la carrera de numerosos oficiales (Mazzei, 2013).
La purga de los oficiales peronistas implicó la retirada forzosa de aproximadamente 500 oficiales, muchos de los cuales pertenecían a las promociones 60 a 74 del Colegio Militar. Este proceso incluyó tanto a oficiales de infantería (53%) como de caballería y artillería. Estas vacantes fueron llenadas por oficiales que, en muchos casos, no estaban tan actualizados o eran menos capacitados, lo que generó un efecto de debilitamiento en los cuadros superiores del Ejército.
Además, la Revolución Libertadora reincorporó a alrededor de 180 oficiales antiperonistas que habían sido separados previamente, muchos de los cuales alcanzaron altos grados dentro de la estructura militar, incluso llegando a generales. La restauración de estos oficiales consolidó la influencia de una facción militar con una visión conservadora y antiperonista, que jugaría un rol crucial en los años venideros.
Los "azules" y la consolidación del poder militar
Tras el golpe, la facción conocida como los "azules" emergió como la predominante dentro del Ejército, consolidando su control durante las décadas de 1960 y 1970. Esta facción, bajo el liderazgo de figuras como Alejandro Lanusse y Alcides López Aufranc, impuso una visión militarista y conservadora que influenció tanto la política interna como la participación de Argentina en conflictos territoriales y la guerra antisubversiva. Esta facción logró mantenerse en el poder mediante una red de lealtades internas y a través del control de los ascensos y retiros dentro de la institución militar.
La herencia ideológica y operativa
El impacto de la Revolución Libertadora no solo se limitó a una reconfiguración del escalafón militar, sino que estableció una doctrina que influiría en eventos clave de la historia argentina, como la lucha antisubversiva y el conflicto en las Islas Malvinas en 1982. La obra subraya cómo esta ideología militarista promovía la intervención violenta tanto en conflictos internos como externos, en defensa de la "soberanía nacional" y la estabilidad del orden interno.
Este cambio en la composición y perfil de los oficiales influyó notablemente en las decisiones militares que se tomaron en los años siguientes, particularmente en la manera en que el Ejército enfrentó la guerra antisubversiva y los conflictos territoriales. La formación de estos cuadros durante la Revolución Libertadora y su posterior consolidación en el poder imprimió una marcada agresividad en la toma de decisiones, reflejada en el enfoque duro hacia la lucha antisubversiva durante la dictadura militar, que vio el surgimiento de una estrategia de represión violenta contra cualquier amenaza percibida al orden establecido.
Además, la configuración de un alto mando que favorecía el uso de la fuerza y una perspectiva nacionalista influyó en la decisión de involucrarse en el conflicto por el Canal de Beagle con Chile en los años 70, y más tarde, en la invasión de las Islas Malvinas en 1982. La ideología dominante en estos cuadros militares, forjada en la Revolución Libertadora y consolidada en las décadas siguientes, promovía una visión del Ejército como defensor de la soberanía nacional frente a enemigos externos y de orden interno frente a las subversiones percibidas.
Los militares profesionales formados bajo esta doctrina operaban bajo una única premisa: todos los problemas se resolvían militarmente. Sin ambigüedades. Observaban la situación, identificaban al enemigo, planificaban el ataque y lo ejecutaban sin titubeos, utilizando la fuerza o la amenaza de ésta. El primer gran enemigo de esta corriente fue el némesis de esta filosofía: el dictador Juan Domingo Perón. Después, las pugnas internas entre facciones no tardaron en emerger: Azules contra Colorados, las revueltas y los enfrentamientos militares que se sucedieron durante décadas.
M4 Sherman Firefly del RCT 8 de Magdalena sobre la pista de la Base Aeronaval de Punta Indio en 1965.
La resolución de los conflictos siempre fue llevada al extremo. El intento de golpe de 1951, el bombardeo del 16 de junio de 1955 sobre Plaza de Mayo, el golpe definitivo del 13 de septiembre de 1955, los fusilamientos de León Suárez y los golpes a lo largo de los años 60 no dejaron lugar a dudas sobre el enfoque de esta facción. El 3 de abril de 1965, el Regimiento de Caballería de Tanques n.º 8 de Magdalena atacó con brutalidad la Base Aeronaval de Punta Indio tras ser bombardeado por aviones navales con cohetes y napalm. Este nivel de agresión desenfrenada era la norma. Esta mentalidad, influenciada por un espíritu del blitzkrieg, dominó la escena durante la guerra contra la subversión, los conflictos limítrofes con Chile que llegaron al borde de una guerra total en 1978, y finalmente el desenlace épico de la recuperación de las Islas Malvinas. La planificación de la operación Soberanía y la operación Tronador fueron obras de arte: llenas de creatividad en la estrategia, anticipación cinco pasos la respuesta de las fuerzas chilenas, un compendio de todo lo que la oficialidad había aprendido al pie de la letra en la doctrina más moderna del momento.
El camino de la respuesta militar no se detuvo ahí. Las rebeliones carapintadas y la brutal recuperación del Regimiento de Infantería Mecanizada n° 3 en La Tablada marcaron el epílogo de una generación de militares que había nacido para la guerra y que, muchas veces incapaz de resolver cualquier cuestión de otra manera, optó siempre por el empleo de la fuerza militar como su principal respuesta.
Los efectos negativos de esta manera de resolver los conflictos fueron evidentes en la condena social hacia los métodos utilizados durante la guerra antisubversiva. La derrota en Malvinas fue el golpe final para este enfoque. No solo se lamentó la pérdida de vidas, sino también la herida profunda al orgullo nacional.
Desde una perspectiva positiva, los militares argentinos ejercían su profesión como el eje rector de su toma de decisiones, con una coherencia implacable. A pesar de los errores, indecisiones y excesos, e incluso de las brutalidades cometidas, sus acciones se alineaban con una estricta planificación militar. Hubo también momentos de gran destreza, como la Operación Rosario, un asalto anfibio ejecutado con brillantez sobre una guarnición enemiga, cumpliendo el objetivo estricto de no causar bajas al adversario. Asimismo, Argentina fue el primer país en erradicar dos movimientos terroristas, uno urbano y otro rural, en una sola operación: un ataque simultáneo, descentralizado y audaz que involucró a todas las unidades policiales y militares en la neutralización de los escondites insurgentes. Sin embargo, esta guerra fue posteriormente juzgada por la justicia civil argentina mediante un proceso plagado de irregularidades, incluyendo la aplicación retroactiva de leyes, juzgamiento irregular que aún permanece impune. El único error de este método fue deshacerse del cuerpo de los terroristas y no entregarlos a su familia aparentemente.
Y aquí agrego una reflexión personal. Uno espera de los militares una respuesta militar, sino no se los convoca. Cuando emerge un problema, llamar a la milicia es llamar a que ese problema se resuelve obviamente manu militari. Y ahí va el asalto frontal, el flanqueo, el fuego de precisión, la saturación de las defensas y búsqueda de la rendición del enemigo. Esta generación de Aries, regida por el Dios romano de la guerra, respondió así, con enormes errores pero coherentes a cómo los había formado la Nación. Personalmente detesto, y con una profundidad muy grande, cuando un militar analiza, "opina", planifica e implementa una acción política sobre un problema real. Cuando un táctico opina geopolíticamente sobre por qué no tomar una colina ordena por su superioridad, es un claro ejemplo de falta de profesionalidad. Los ha habido, los hay y los habrá: cuando el buque oceanográfico HMS Shackleton afrentó la soberanía argentina navegando por aguas del Mar Argentino, fue interceptado por el buque ARA Rosales la cual pidió instrucciones al edificio Libertad sobre cómo proceder. La orden fue clara: "¡húndalo!"; sin embargo, el oficial naval decidió ir a tomar un café un gesto que no solo deshonra su uniforme, autoimponiéndose funciones del estado mayor.
En 1982, el gobernador militar argentino, General Luciano Benjamín Menéndez, fue responsable de diseñar el plan defensivo de las Islas Malvinas ante una posible re-invasión británica. Lo que presentó no fue más que un dispositivo defensivo estático, completamente falto de imaginación y estrategia. Era como si el plan hubiera sido ideado por un general chileno por su falta de creatividad, más preocupado por mantener buenas relaciones con los kelpers —la población británica implantada— que por defender el territorio. Cuando finalmente se detectó el desembarco enemigo en San Carlos, las decisiones de Menéndez fueron lamentablemente reactivas, si es que siquiera llegaron a ese nivel. Desde ese momento, todo fue un descenso en espiral, con un comandante incapaz de adaptarse a las circunstancias cambiantes del avance británico. No se diseñaron emboscadas, no hubo maniobras de reagrupamiento ni intentos de envolvimiento o flanqueo. El general simplemente dejó que cada comandante en las posiciones decidiera qué hacer, sin ofrecer una coordinación centralizada desde la gobernación. Lo que se vio fue a un general con poco cerebro y menos coraje, atrapado en su mediocridad, esperando el final sin intentar, siquiera, sacar lo mejor de los recursos disponibles, fueran pocos o muchos. En lugar de liderar, Menéndez se rindió a la pasividad, demostrando una falta absoluta de visión estratégica y liderazgo. Ese fue el costo de pagarle con nepotismo a una familia que había provisto de oficiales asociados a la Revolución Libertadora y Guerra Antisubversiva. Un general obnubilado por la geopolítica de llevarse bien con gente que lo despreciaba y no con sus tropas a las que debía cuidar diseñando el mejor plan militar posible.
Dentro del trágico contexto latinoamericano, esta generación de Aries también dejó una lección de patriotismo que trasciende las generaciones. Los bochornosos ejemplos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, donde los altos mandos militares, carentes de ética, moral y disciplina, entregaron sus naciones a dictadores de poca monta, son testimonio de lo que pudo haber sido Argentina. Pero aquí, en nuestra tierra, se formó una camada de oficiales patriotas. Cuando un dictador como Perón intentó perpetuarse en el poder, fue ese 18% de tropas valientes las que se rebelaron y lo derrocaron. Aquí no estamos en el maldito Caribe, estamos en Argentina. Y en Argentina, los militares —cuando actúan con honor— no entregan su Patria a tiranos.
En resumen, la Revolución Libertadora no solo reestructuró el Ejército Argentino y a todas las fuerzas armadas en términos de su composición, sino que también estableció las bases ideológicas y operativas para las decisiones que marcarían la historia militar del país en las décadas siguientes. De ese ejemplo surgen lecciones positivas y aprendizajes de errores. Somos la generación que debe tomar ambos a conformar la doctrina que nos lleve a ser el poder militar que siempre fuimos.
miércoles, 21 de agosto de 2024
Babay vs PIPE: Útil vs inservible
Ucrania ha presentado su prototipo de dron 'Babay,' con un alcance de hasta 60 km y una carga explosiva de 3 kg, similar al dron ruso Lancet pero mucho más económico. Cuando empiecen a operarlo, os mantendré informados sobre sus resultados en el campo de batalla. Ucrania, urgida por la guerra, desarrolla un arma para uso en el campo de batalla de muy bajo costo en muy pocos meses.
Miren este esperpento de CITEDEF. Dos años tardaron en hacer este "prototipo". Es un juguete que se puede comprar en cualquier tienda. Por favor, ajusten los proyectos para SIRVAN PARA ALGO. No puede ser que estemos haciendo prototipos de escuela secundaria técnica y se le paguen salarios a gente mediocre para tengan una utilidad marginal en el campo de batalla.