La ventaja “tecnológica” de los valores morales
Por EMcL
Imaginemos una situación extrema. Dos bandos se enfrentan en una contienda prolongada. Uno de ellos acepta restricciones morales: no atacar deliberadamente a civiles, no torturar prisioneros, no emplear escudos humanos, no destruir indiscriminadamente aquello que dice querer salvar. El otro, en cambio, se considera libre de esas limitaciones. Puede mentir sin freno, intimidar, infiltrar, secuestrar, aterrorizar, manipular a la población civil o convertir la ambigüedad moral en un arma. La pregunta surge casi de inmediato: ¿no tiene este segundo bando una ventaja decisiva? ¿No posee, por así decirlo, una “tecnología moral” superior, entendida no como virtud, sino como libertad de acción?
La intuición inicial parece favorecer al actor sin restricciones. En términos estrictamente tácticos, quien se libera de ciertos frenos dispone de un menú más amplio de acciones. Puede hacer cosas que el adversario no puede o no quiere hacer. Puede ocultarse entre civiles porque sabe que el enemigo vacilará antes de disparar. Puede usar hospitales, escuelas o templos como cobertura porque explota deliberadamente la inhibición moral del otro. Puede recurrir al terror selectivo para disciplinar poblaciones, asesinar colaboradores, sabotear infraestructuras críticas o producir efectos psicológicos desproporcionados con recursos relativamente escasos. Desde esta perspectiva, la moral aparece como una carga operativa: una fricción adicional en el campo de batalla, una demora en la cadena de mando, una limitación autoimpuesta en el uso de la fuerza.
Esta es la dimensión más inquietante del problema. Las normas morales, cuando son respetadas por un solo lado, pueden ser explotadas por quien no las respeta. Allí nace la idea de una asimetría moral: no simplemente una diferencia de armamento, presupuesto o tecnología, sino una diferencia en los límites de lo concebible. Para un actor, ciertas acciones están prohibidas; para el otro, están disponibles. En ese sentido preciso, el bando menos escrupuloso parece poseer una ventaja “tecnológica”: no porque tenga mejores máquinas, sino porque su arquitectura moral le habilita procedimientos vedados al adversario.
La guerra asimétrica ha ofrecido innumerables ejemplos de este fenómeno. Las insurgencias suelen operar en un terreno donde la distinción entre combatiente y no combatiente se vuelve difícil, a veces deliberadamente difícil. La población civil se transforma en refugio, fuente de información, escudo, base logística y escenario propagandístico. El adversario regular, especialmente si pertenece a una democracia liberal o a una coalición internacional, no sólo combate contra una fuerza armada; combate también contra la mirada de su propia opinión pública, de los medios, de los tribunales, de los aliados y de la historia. Cada error táctico puede convertirse en derrota política. Cada víctima civil puede tener un efecto estratégico superior al de una batalla perdida.
Pero esta ventaja inicial es menos sólida de lo que parece. La ausencia de restricciones morales amplía el espacio de acción, sí, pero también contamina el espacio político en el que toda guerra finalmente se decide. La brutalidad puede producir obediencia inmediata, pero rara vez produce lealtad estable. Puede conquistar una ciudad, pero no necesariamente gobernarla. Puede sembrar miedo, pero también odio. Puede desorganizar al enemigo, pero también unificarlo. Puede destruir la resistencia visible, pero alimentar una resistencia más profunda, más paciente y más radicalizada.
Por eso la moral no debe entenderse sólo como restricción. También puede funcionar como una tecnología de coordinación, legitimidad y supervivencia institucional. Un ejército que acepta límites no siempre es más débil; a veces es más confiable, más disciplinado y más capaz de sostener alianzas. Una sociedad que cree combatir por una causa justa puede soportar costos que serían intolerables si la guerra apareciera como mero saqueo o exterminio. Un Estado que respeta ciertas reglas preserva mejor su autoridad, incluso cuando pierde batallas. La moral, en este sentido, no es una decoración humanitaria colocada sobre la estrategia. Es parte de la estrategia misma.
La Segunda Guerra Mundial ofrece un caso extremo. Las potencias del Eje, en particular el régimen nazi y el militarismo japonés, llevaron adelante formas de guerra y dominación de una brutalidad sistemática: exterminio, trabajo esclavo, masacres, experimentación humana, castigos colectivos, desprecio generalizado por la vida de prisioneros y civiles. Esa ausencia de límites produjo efectos tácticos y políticos inmediatos. El terror desorganiza. La crueldad paraliza. La guerra total permite movilizar recursos humanos y materiales sin consideración por el costo moral. Pero esa misma lógica contribuyó a crear una resistencia feroz en los territorios ocupados, a cohesionar a sus enemigos y a justificar una guerra de aniquilación contra sus propios sistemas políticos. La violencia sin límites no sólo destruyó a sus víctimas; también erosionó las condiciones de posibilidad de una victoria duradera.
La comparación, por supuesto, no debe idealizar a los Aliados. Los bombardeos estratégicos sobre ciudades, desde Dresde hasta Tokio, muestran que incluso los actores que se presentan como defensores de un orden moral pueden transgredirlo gravemente. Pero justamente allí aparece un punto crucial: la fuerza de la moral como tecnología estratégica no depende sólo de proclamar normas, sino de sostenerlas con cierta consistencia. Cuando el bando que invoca la justicia viola sus propios principios, pierde parte de su ventaja simbólica. La moral no funciona como escudo retórico automático. Exige credibilidad.
Vietnam muestra una dinámica distinta, más ambigua y más moderna. Las fuerzas norvietnamitas y el Viet Cong explotaron con notable eficacia las ventajas de la guerra irregular: movilidad, ocultamiento, conocimiento del terreno, inserción entre la población, ataques sorpresa, túneles, emboscadas y una extraordinaria capacidad para convertir la supervivencia en victoria política. Estados Unidos y Vietnam del Sur, aunque contaban con superioridad material abrumadora, estaban condicionados por reglas de enfrentamiento, presión mediática, límites diplomáticos y una opinión pública cada vez menos dispuesta a aceptar los costos de la guerra. La ofensiva del Tet, militarmente costosísima para los comunistas, fue sin embargo una victoria estratégica en el plano perceptivo: mostró que el enemigo no estaba derrotado y quebró la confianza pública en el relato oficial de progreso.
Pero Vietnam también advierte contra una lectura demasiado simple. Estados Unidos cometió graves violaciones, desde matanzas como My Lai hasta campañas de bombardeo de enorme impacto civil. El problema no fue que un bando tuviera moral y el otro no. El problema fue que la legitimidad se volvió un campo de batalla en sí mismo. La insurgencia entendió que no necesitaba derrotar militarmente a Estados Unidos en sentido convencional; necesitaba hacer políticamente insostenible su permanencia. Allí la “tecnología moral” no consistió únicamente en carecer de límites, sino en explotar las contradicciones del adversario: obligarlo a elegir entre eficacia militar inmediata y legitimidad política de largo plazo.
Las guerras de Irak y Afganistán después de 2001 llevaron esta tensión a un nuevo nivel. Grupos como Al Qaeda, los talibanes o ISIS recurrieron a atentados suicidas, ejecuciones filmadas, bombas en mercados, uso de civiles como cobertura, destrucción patrimonial y violencia ejemplarizante. Esa brutalidad tuvo una eficacia táctica evidente: con recursos limitados, podían generar efectos psicológicos, mediáticos y políticos enormes. Una bomba improvisada podía alterar una campaña electoral, condicionar la estrategia de una coalición o forzar cambios doctrinarios en ejércitos enteros. En términos de costo-beneficio inmediato, la crueldad podía parecer racional.
Sin embargo, la misma brutalidad que les otorgó visibilidad también les impuso límites. ISIS, por ejemplo, logró una expansión territorial vertiginosa, pero su régimen de terror produjo rechazo local, coaliciones internacionales, rebeliones internas y una movilización militar sostenida contra su proyecto. La violencia extrema puede servir para capturar poder; es mucho menos eficaz para institucionalizarlo. Gobernar exige previsibilidad, extracción regular de recursos, administración, alianzas, obediencia no puramente coercitiva. La amoralidad puede ganar espacio; rara vez construye orden estable.
Algo semejante puede observarse en las guerras coloniales. En Argelia, el FLN recurrió al terrorismo urbano y a la guerra de guerrillas, mientras Francia respondió con tortura, desapariciones y represión sistemática, especialmente durante la Batalla de Argel. Desde el punto de vista táctico, la tortura produjo información. Desde el punto de vista estratégico, destruyó legitimidad. Francia podía ganar operaciones, desmontar células y controlar barrios; pero cada victoria obtenida mediante métodos moralmente corrosivos debilitaba la justificación misma de su presencia. El resultado fue una paradoja recurrente: el poder colonial podía imponerse militarmente y, al mismo tiempo, perder políticamente.
Roma ofrece una lección más antigua y quizá más profunda. Los romanos no fueron un pueblo sentimental ni ajeno al terror. Destruyeron ciudades, esclavizaron poblaciones y castigaron rebeliones con ferocidad. Pero su grandeza imperial no se sostuvo sólo en la violencia. También dependió de una formidable capacidad de integración: derecho, ciudadanía progresiva, cooptación de élites locales, infraestructura, rituales compartidos, administración. Roma entendió que la dominación duradera requiere algo más que miedo. Requiere convertir enemigos en subordinados, subordinados en aliados y aliados en romanos. Su “tecnología moral” no fue humanitaria en el sentido moderno, pero sí institucional: supo combinar coerción con incorporación. Allí donde otros actores sólo destruían, Roma absorbía.
La cuestión filosófica de fondo es si la moral en la guerra es una ilusión, un lujo de los fuertes o una condición de racionalidad estratégica. El realismo político, desde Maquiavelo en adelante, ha insistido en que el poder no puede ser juzgado con la ingenuidad de la moral privada. El gobernante que se ata las manos frente a enemigos despiadados puede condenar a su comunidad. Hay en ese argumento una verdad incómoda: ninguna sociedad sobrevive si convierte sus principios en una forma de suicidio. Pero también hay una verdad opuesta, igualmente severa: ninguna comunidad política sobrevive indemne si, para vencer, destruye todos los principios que justificaban su existencia.
Autores contemporáneos como Jeff McMahan han insistido en que la guerra no suspende la moralidad. Los actos siguen siendo evaluables; los individuos siguen siendo responsables; la pertenencia a un bando no absuelve automáticamente. Esta perspectiva obliga a rechazar la idea de que la guerra sea una zona moralmente vacía. Pero incluso si uno adoptara un enfoque más realista, menos normativo, la conclusión no sería muy diferente: la moral tiene consecuencias estratégicas. No es sólo un deber; es también un recurso. Produce confianza, reputación, obediencia voluntaria, alianzas, disciplina y continuidad institucional.
Aquí resulta útil volver a Shannon Vallor y a la idea de virtudes tecnomorales. En sociedades tecnológicamente complejas, virtudes como honestidad, humildad, justicia, autocontrol, prudencia y responsabilidad no son adornos éticos. Son capacidades operativas. Una comunidad científica no puede funcionar sin confianza epistémica. Una alianza militar no puede sostenerse sin credibilidad. Un sistema de inteligencia artificial no puede desplegarse socialmente si se percibe como arbitrario, opaco o abusivo. Una economía de innovación no prospera donde cada actor espera ser traicionado por el otro. La moral, en estos contextos, no reduce simplemente el conjunto de acciones disponibles; estructura las condiciones bajo las cuales la cooperación compleja se vuelve posible.
Esta es la inversión conceptual decisiva. El actor sin restricciones parece más libre porque puede hacer más cosas. Pero muchas de esas cosas destruyen las condiciones que permiten hacer cosas más difíciles: coordinar, innovar, gobernar, persuadir, reconstruir, heredar legitimidad. La amoralidad expande el repertorio táctico y empobrece el horizonte estratégico. Permite golpear con menos freno, pero dificulta construir con mayor profundidad. En el corto plazo, la restricción moral puede parecer una desventaja; en el largo plazo, puede ser una forma superior de tecnología social.
La historia militar, la política internacional y la competencia económica muestran una regularidad persistente: quienes renuncian a todo límite pueden ganar ventaja inicial, pero pagan costos acumulativos en legitimidad, cohesión y sostenibilidad. La moral no garantiza la victoria. Ningún principio detiene por sí solo a un ejército, a una insurgencia o a una corporación depredadora. Pero la ausencia de moral tampoco garantiza eficacia duradera. A menudo produce victorias huecas, territorios ingobernables, alianzas imposibles, sociedades quebradas y enemigos más determinados.
La pregunta inicial, entonces, debe reformularse. No se trata de saber si el bando sin restricciones tiene más opciones. Las tiene. La verdadera cuestión es qué tipo de opciones son esas, qué destruyen al ser usadas y qué clase de orden permiten construir después. La moral es una restricción, sin duda. Pero también es una tecnología de largo plazo: una arquitectura invisible que permite sostener confianza, coordinar esfuerzos, limitar la autodestrucción y convertir la fuerza en autoridad legítima. Quien carece de ella puede ganar una batalla con menos escrúpulos. Quien logra incorporarla de manera consistente puede estar mejor preparado para ganar la paz, que es siempre la forma más exigente de la victoria.
