Hyuga (DDH-181): un eufemismo “políticamente correcto”
• Eduardo Italo Pesce
Nota
Arriba La apariencia del Hyuga tiene muy poco que ver con aquella que se espera de un destructor (Foto: JMSDF).
Fue lanzado al mar en Yokohama, el dia 23 de agosto de 2007, el porta-helicópteros anti-submarino Hyuga (DDH-181). Este navio (cuya designación oficial es “destructor porta-helicópteros”) es la mayor nave portadora de aeronaves construída en Japón desde la Segunda Guerra Mundial y podrá ser el protótipo de la futura generación de navios-aeródromo (NAe) japoneses.
El nombre Hyuga es una antigua denominación para Japón. No será sorpresa si la segunda unidad de la classe (DDH-182), cuya incorporación se espera para 2011, recibiera el nombre de Ise. Estos nombres fueron anteriormente ostentados por dos acorazados convertidos en NAe híbridos (con superficie de vuelo a red) durante la Segunda Guerra Mundial.
En princípio, está prevista la construción de cuatro nuevas unidades. Esta clase de navios se destina a sustituir a los destructores porta-helicópteros (DDH) de las clases Haruna y Shirane, equipados como capitanías de flotilla y capaces de operar tres helicópteros anti-submarino SH-60J Seahawk cada uno.
Com 13.500t de desplazamiento ligero y aproximadamente 20.000t de desplazamiento cargado, el Hyuga tiene 195m de largo total, 32m de boca máxima, 22m de puntal y 7m de calado cargado. Por razones políticas y legales, fue mantenida la designación DDH para esta clase de naves.
El sistema de propulsión está constituído por cuatro turbinas a gas LM2500 en configuración COGAG, con dos ejes y potencia total de 100000 HP. Esto le permite desarrollar velocidades de hasta 30 nudos. Oficialmente, la tripulación está constituída por 347 oficiales y plazas, sin embargo la capacidad del navio es obviamente mayor.
El armamento incluye un sistema de lanzamiento vertical Mk. 41 de dieciséis células, para misiles superfície-aire RIM-7P Sea Sparrow ó cohetes anti-submarino ASROC, aparte de dos lanzadores triples de HOS-303 de lanzamiento de torpedos anti-submarino. Para defensa antimisil y antiaérea aproximada, tiene dos sistemas Phalanx Block 1B, con cañones automáticos Vulcan de 20 mm.
El sistema de dirección de tiro es del tipo FCS-3, con radar de vigilância aérea integrado (tipo AEGIS). Para navegación, el navio cuenta con radar OPS-20. Un sonar OQS-21 está instalado en un bulbo a proa. El sistema de comando y control es del tipo ATECS (Advanced Technology Combat System).
Está prevista una dotación nominal de tres helicópteros anti-submarino SH-60K Seahawk y uno de contramedidas de guerra de minas MCH-101 Merlin. El convoy es servido por dos elevadores y tiene cuatro “spots” a bordo.
La capacidad máxima de aeronaves de este navio es estimada en 11 helicópteros de porte médio estacionados en la plataforma, con siete u ocho más abrigados en el hangar. Operando como porta-helicópteros, el Hyuga está capacitado a actuar como capitanía de un grupo de tareas anti-submarino.
Operando con una combinación de helicópteros y aeronaves de combate STOVL, un navio de ese porte podria actuar en cobertura aérea de fuerzas navales y en el apoyo aéreo a operaciones anfíbias o expedicionarias. Entre tanto, la obtención de aeronaves STOVL para la Armada japonesa es un problema político que todavía debe ser resuelto.
Desde la Segunda Guerra Mundial, por fuerza del Articulo 9º de su Constitución, Japón quedó prohibido de tener Fuerzas Armadas. Su Marina está designada por el eufemismo “Fuerza de Autodefensa Marítima”, aún cuando posee unidades con características de empleo oceánico y esté invirtiendo en la obtención de cierta capacidad de proyección de poder.
Existe en Japón una corriente de opinión favoráble a la flexibilización del Artículo 9º y la adopción de una postura más soberana en asuntos ligados a la defensa. La “Agencia de Defensa Nacional” fue recientemente elevada a ministerio, pero fue mantenida la denominación “Fuerzas de Autodefensa” para las Fuerzas Armadas japonesas.
La participación japonesa en operaciones de paz en el exterior es una tendencia que debe ser ampliada. Japón ya dispone de uno de los mayores presupuestos de defensa del mundo. Sin duda, es candidato de peso a una posible banca de miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en caso que esto venga a ser reformulado. •
sábado, 26 de marzo de 2016
viernes, 25 de marzo de 2016
Diplomacia argentina: Argentina y Uruguay en los 60s (II)
Las relaciones con los países latinoamericanos
Las relaciones con Uruguay
Parte 2
Al gobierno uruguayo le llevó unos días decidir el reconocimiento del régimen militar que derrocara al gobierno de Illia en junio de 1966. Tras un intenso debate, el 7 de julio el Consejo Nacional de Gobierno resolvió continuar las relaciones diplomáticas con las autoridades de Buenos Aires, y autorizó al ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, Luis Vidal Zaglio, a responder afirmativamente a la nota enviada por el gobierno de Onganía, expresando el deseo de que Buenos Aires y Montevideo no interrumpieran sus vínculos. (1)
A principios de agosto de 1966, ambos países dieron un paso importante en el terreno de la cooperación energética, al establecer una comisión interministerial para coordinar las obras de Salto Grande. (2)
En junio de 1968 el ministro de Relaciones Exteriores, Nicanor Costa Méndez, viajó al Uruguay para preparar una reunión de presidentes y acordar algunas otras cuestiones. Como consecuencia de sus gestiones, el 18 de junio de 1968 un comunicado de prensa emitido por los cancilleres Costa Méndez y Venancio Flores anunciaba la creación de un grupo de trabajo sobre temas relativos al río de la Plata. Este inició sus actividades definiendo un catálogo de problemas o actividades: pesca, limpieza de tanques, salvataje, alije, contaminación de aguas, balizamiento, cuestiones sanitarias, fiscales y aduaneras, dragados, etcétera, pero las negociaciones no avanzaron porque cada parte se enfrascó en sus viejas doctrinas de división de las aguas del río de la Plata. Los uruguayos insistieron sobre su tesis tradicional de la línea media del río para fijar la jurisdicción. A su vez, los argentinos, entendiendo que el límite debía pasar por el thalweg o canal profundo y que la aceptación de la tesis uruguaya implicaba la pérdida de la isla de Martín García e incluso del canal de acceso al puerto de Buenos Aires, optaron por ampararse en el statu quo que brindaba el Protocolo Ramírez-Sáenz Peña de enero de 1910 y evitaron cualquier definición que pusiese en juego intereses vitales y exacerbara a los sectores nacionalistas y medios de prensa argentinos. (3)
El encuentro de los presidentes Juan Carlos Onganía y Jorge Pacheco Areco se realizó en julio de 1968. El día 8, ambos mandatarios acordaron institucionalizar un sistema de entrevistas a nivel presidencial, con el objetivo de incrementar los vínculos bilaterales. Además, convinieron en firmar una declaración conjunta, cuyos puntos más relevantes fueron la reafirmación de la necesidad de la integración física y económica bilateral, la ratificación del Acta de Buenos Aires firmada el 18 de diciembre de 1967, para que la obra de Salto Grande comenzara la producción de energía eléctrica antes del invierno de 1979, y el mutuo compromiso para mejorar la navegación en aguas del Plata y afluentes. (4) Por su parte, los cancilleres Costa Méndez y Flores firmaron cuatro convenios relativos al Puente Paysandú-Colón; a obras vinculadas a Salto Grande; al fomento del turismo, y a la cooperación en los usos pacíficos de la energía nuclear. (5)
De acuerdo con el sistema de entrevistas presidenciales establecido en julio de 1968, en septiembre de ese año tuvo lugar un segundo encuentro, cuyo resultado más trascendente fue la puesta en marcha formal de un sistema de interconexión eléctrica. (6)
A principios de diciembre de 1968, se produjo la varadura de la chata de bandera argentina Arenorte Nº 6 en aguas del río de la Plata, en las inmediaciones de Punta Negra. A fin de proteger la seguridad de navegación, las autoridades argentinas decidieron colocar en el lugar del accidente una boya a destello, mientras que a su vez las autoridades uruguayas colocaron un boyarín ciego. Este hecho dio lugar a comentarios en la prensa uruguaya sobre supuesta violación de las aguas jurisdiccionales orientales. El 6 de diciembre, la Cancillería argentina decidió hacer frente a las declaraciones periodísticas y oficiales uruguayas a través de un comunicado, que decía:
Por su parte, la Cámara de Representantes uruguaya emitió una declaración el 13 de diciembre, donde expresaba “su profunda preocupación ante las reiteradas transgresiones de las autoridades argentinas a los derechos de soberanía de la República Oriental del Uruguay sobre el Río de la Plata” y declaraba “su apoyo a toda medida -adoptada o a adoptarse- de firme defensa de esos inalienables derechos nacionales.” (8) A su vez, los integrantes de la Cámara de Senadores en su reunión del 11 de diciembre coincidieron en que el condominio del río de la Plata debía ser claramente delimitado, habida cuenta de la posible existencia de hidrocarburos en el lecho del río, así como en la necesidad de tener una política más firme frente a las autoridades de Buenos Aires frente a una cuestión que no era un problema de blancos y colorados, sino de soberanía. (9)
Obrando en consecuencia con la posición de los legisladores y reivindicando la tesis de que el límite del Río de la Plata debía pasar por la línea media del río, en ese mismo mes de diciembre, las autoridades orientales llamaron unilateralmente a concurso para la adjudicación de contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. La Cancillería argentina reaccionó con la emisión de un nuevo comunicado el 17 de enero de 1969, en el cual sostenía que previamente a toda exploración o explotación del fondo fluvial afectado por esa licitación, era necesario determinar con precisión el alcance de las jurisdicciones argentina y uruguaya sobre el río de la Plata y la plataforma continental adyacente, confiando para ello en que el grupo de trabajo constituido por representantes de ambos países pudiera llegar antes a una solución satisfactoria. (10)
Un artículo aparecido en el diario uruguayo Acción, el 11 de febrero de 1969, revela el motivo de la adjudicación de los contratos de exploración de hidrocarburos por parte del gobierno de su país:
En enero de 1969 tuvo lugar la reunión del grupo de trabajo argentino-uruguayo en la ciudad de Montevideo, pero una disputa sobre los derechos territoriales en el islote llamado por la Argentina Punta Bauzá, y por Uruguay Timoteo Domínguez agravó la crisis provocada por el límite en el río de la Plata y derivó en la interrupción de las conversaciones el 16 de enero. (12) Estas se reanudaron cuando el presidente Onganía ordenó la evacuación del islote Punta Bauzá, decisión que las autoridades uruguayas retribuyeron con la concurrencia del presidente Pacheco Areco a la celebración del 25 de mayo de 1810 en la sede de la embajada argentina. (13)
Finalmente, a fines de 1969 se reinició la actividad del grupo de trabajo con otro enfoque de la tarea (abandonar los intentos de fijar líneas divisorias y buscar soluciones prácticas por tipo de actividad). A partir de ese momento, y durante varios años se dieron numerosas reuniones en Buenos Aires y Montevideo en las que se analizaron, actividad por actividad, los usos que se daban al río, sin considerar los aspectos limítrofes.
En marzo de 1970, tuvo lugar, de acuerdo con el sistema de entrevistas establecido en 1968, un nuevo encuentro entre los presidentes Onganía y Pacheco Areco. Los mandatarios viajaron en el yate presidencial argentino Tacuara y aprovecharon la ocasión para tratar la cuestión de concretar el antiguo anhelo de unir las dos riberas del río Uruguay con puentes internacionales. Las conversaciones se centraron en cuatro temas: a) el problema del estancamiento del proyecto energético de Salto Grande -que inquietaba al gobierno uruguayo, pero que no se podía solucionar mientras la gestión de Onganía concentrara sus esfuerzos en la construcción de El Chocón-; b) la exploración en busca del petróleo en el lecho del río de la Plata; c) el financiamiento externo para el desarrollo de los programas del Tratado de la Cuenca del Plata, y d) las posibilidades de complementación industrial. (14)
Como resultado de este encuentro, ambos mandatarios firmaron el día 15 de marzo de 1970, la llamada “Declaración del Río Uruguay” cuyos puntos más salientes fueron: a) la decisión de intensificar la negociación respecto de la cuestión limítrofe en torno de la delimitación del río de la Plata y de no entorpecer las actividades pesqueras en dicha área, otorgando a los pesqueros argentinos y uruguayos facilidades provisorias hasta que se llegase a un arreglo; b) el compromiso de estudiar la posibilidad de un convenio para la explotación petrolífera en aguas del Río de la Plata; c) la decisión de acelerar la interconexión eléctrica como paso previo al objetivo de integración energética de la Cuenca del Plata mencionado en el Acta de Santa Cruz de la Sierra; y d) el aceleramiento de los trámites pendientes para la ratificación de un acuerdo sobre uso pacífico de la energía nuclear suscripto entre los dos países. (15)
Al año siguiente, en febrero de 1971, el presidente Levingston realizó una visita a Uruguay, suscribiendo el día 18 junto a Pacheco Areco la Declaración de San Juan. Este documento anunciaba: a) la continuación de las gestiones encaminadas a negociar el problema de la jurisdicción limítrofe en el río de la Plata; b) las medidas de integración física y económica entre ambos países, y c) los proyectos de interconexión eléctrica y cooperación científica argentino-uruguaya. Levingston respaldó implícitamente la gestión de Pacheco Areco, en vísperas de las elecciones presidenciales uruguayas, al prometer ayuda económica: desgravaciones a productos exportables uruguayos y un crédito de 20 millones de pesos para que los uruguayos construyeran la represa de El Palmar. (16)
Los temas en ese entonces más ríspidos de la agenda bilateral -la actitud a adoptar frente al terrorismo regional y el entredicho del islote Punta Bauzá o Timoteo Domínguez- no fueron tocados en esta visita. En el primer caso, vale recordar que la representación uruguaya había votado en la reunión de enero-febrero de 1971 una posición en la OEA que limitaba la cuestión a la protección frente a secuestros de diplomáticos, mientras la delegación argentina había sido partidaria de una postura más “dura” que abarcaba medidas anti-terroristas de amplio alcance. No obstante, la posición “flexible” adoptada por la Cancillería uruguaya, no parecía ser un problema para las autoridades del Palacio San Martín, quienes decidieron que durante la visita de Levingston a tierra oriental no se tocara un tema en el que, tarde o temprano, las autoridades de Montevideo terminarían orientándose hacia la posición “dura” liderada por la Argentina y Brasil. Con respecto a la segunda cuestión -el entredicho sobre Punta Bauzá- primó entre las autoridades de ambas cancillería la actitud de “continuar los trabajos sobre problemas jurisdiccionales en el Río de la Plata”. (17)
En julio de 1971 tuvo lugar la visita del presidente Jorge Pacheco Areco a la Argentina, ya en época del gobierno del general Lanusse. El primer mandatario uruguayo expresó que las dos naciones se hallaban unidas ante el enemigo común: la violencia planificada. El saldo más importante de la visita de Pacheco Areco fue la firma, por parte de los cancilleres argentino y uruguayo, Luis María de Pablo Pardo y José A. Mora Otero, de cuatro documentos: la “Declaración Argentino-Uruguaya sobre Recurso Agua”, el “Acta Argentino-Uruguaya sobre Derecho del Mar”, el “Acta Argentino-Uruguaya sobre Energía Hidroeléctrica” y el “Acta Argentino-Uruguaya sobre Cooperación Económica e Intercambio Comercial”.
En la “Declaración Argentino-Uruguaya sobre Recurso Agua”, se establecía el siguiente compromiso: 1) la utilización de los recursos naturales en forma equitativa y razonable; 2) la prohibición de cualquier forma de contaminación de los ríos internacionales y afluentes y la preservación de las zonas ecológicas; 3) el reconocimiento del principio argentino de consulta previa a los Estados interesados en el caso de que un Estado miembro de la Cuenca del Plata se proponga un aprovechamiento de los recursos hídricos; 4) la obligación, por parte de este mismo Estado miembro, de comunicar a los otros Estados los posibles perjuicios del proyecto; y 5) la utilización de la Comisión Técnica Mixta Argentino-Uruguaya como instancia para la resolución de diferendos bilaterales. A su vez, en el “Acta Argentino-Uruguaya sobre Derecho del Mar”, se reiteró la adhesión al principio del límite de soberanía marítima de 200 millas, ratificando los principios enunciados en la Declaración de Montevideo sobre Derecho del Mar. En el “Acta Argentino-Uruguaya sobre Energía Eléctrica, se acordaba el aporte argentino a la obra de El Palmar y se establecía el compromiso de estimular obras hidroeléctricas y de interconexión eléctrica entre la Argentina y Uruguay. Finalmente, en el “Acta Argentino-Uruguaya sobre Cooperación Económica e Intercambio Comercial”, se expresaba la común voluntad de alcanzar una estrecha complementación en materia económica. (18)
NOTAS
Dentro del Consejo Nacional de Gobierno del Uruguay, votaron a favor de la continuación de relaciones diplomáticas con el gobierno argentino todos los miembros de la mayoría nacionalista y el consejero de la minoría colorada de la oposición, doctor Augusto Legnani. Lo hicieron en contra los otros dos consejeros colorados, Alberto Abdala y Amílcar Vasconcellos. “Resolvió continuar las relaciones con la Argentina el gobierno del Uruguay”, La Razón, 8 de julio de 1966, p. 1.
“Actúa la Comisión Interministerial para Salto Grande”, La Nación, 13 de septiembre de 1966, p. 7.
J.A. Lanús, op. cit., vol. II, p. 170; y José María Rosa, “El Río de la Plata: diálogo o polémica?”, Estrategia, Nº 1, Buenos Aires, mayo-junio de 1969, p. 126.
Texto de la declaración conjunta de los presidentes argentino y uruguayo en La Nación, 9 de julio de 1968, pp. 1 y 16.
Textos de los convenios firmados por los cancilleres argentino y uruguayo citados en La Nación, 9 de julio de 1968, p. 16.
Clarín, 23 de septiembre de 1968, pp. 15 y 17.
Comunicado de prensa de la Cancillería argentina, 6 de diciembre de 1968, citado en “Documentos oficiales del gobierno argentino con motivo del entredicho planteado con el Uruguay en 1968”, Estrategia, Nº 1, Buenos Aires, mayo-junio 1969, p. 139.
Declaración de la Cámara de Representantes uruguaya del 13 de diciembre de 1968, citada en “El problema en el Congreso uruguayo”, Estrategia, Nº 1, Buenos Aires, mayo-junio 1969, p. 149.
“Expresiones vertidas en el Senado”, en “El problema en el Congreso uruguayo”, op. cit., pp. 149-150.
Comunicado de prensa de la Cancillería argentina, 17 de enero de 1969, citado en “Documentos oficiales del gobierno argentino...”, op. cit., pp. 139-140.
“La licitación del petróleo”, editorial del diario uruguayo Acción, 11 de febrero de 1969, citado en “Editoriales de la prensa uruguaya”, Estrategia, Nº 1, mayo-junio 1969, pp. 170-171.
Respecto de este incidente, sostiene un comunicado de prensa de la Cancillería argentina del 21 de enero de 1969:
(...) En cuanto a la punta Bauzá, ella consiste en una formación aluvional de tierras adyacentes y accesorias de la isla de Martín García, sobre la cual Argentina ejerce una soberanía indiscutible y efectiva. Colocar pantallas u otros elementos sobre Bauzá es tan impropio como lo sería por parte de la Argentina efectuar actos similares en tierras que, por la acción de las aguas, se han venido a agregar a las islas o a las costas del Uruguay (...).
Comunicado de prensa de la Cancillería argentina, 21 de enero de 1969, citado en “Documentos oficiales del gobierno argentino...”, op. cit., p. 141. Por su parte, La Nación, del 3 de enero de 1969, en su editorial “Los derechos argentinos en el Plata”, adoptó una posición muy dura sobre el problema, sosteniendo que
(...) nada puede negociarse sino sobre la base del status existente. Admitir en este sentido la división del Plata en dos partes iguales significaría renunciar a derechos ejercidos soberanamente por la Argentina aun antes de 1828 y poner nada menos que el control del puerto de Buenos Aires y la entrada del Paraná bajo jurisdicción extranjera.
Consecuentemente con ello la Argentina ejerce derechos territoriales sobre la isla Martín García y la formación aluvional que la ha accedido desde hace unos cuatro años y que es llamada Punta Bauzá. A esta sedimentación el Uruguay ha resuelto llamarla isla Timoteo Domínguez, desvinculándola de un hecho natural y jurídico que favorece a la Argentina. No tiene, pues, ningún asidero la afirmación de que la marina argentina “ha desembarcado” efectivos en Punta Bauzá. (...)
Formulamos votos sinceros por la superación de un episodio que en nada favorece a los dos países, pero en el cual la Argentina no puede adoptar otra postura que la de sostener con firmeza derechos soberanos.
Editorial “Los derechos argentinos en el Plata”, La Nación, 3 de enero de 1969, citado en “Editoriales de la prensa argentina”, Estrategia, Nº 1, Buenos Aires, mayo-junio de 1969, pp. 153-154.
La Nación, 27 de mayo de 1969, pp. 1 y 10.
Ver al respecto el editorial “La alegoría de los puentes”, La Nación, 19 de marzo de 1970, p. 8.
Texto de la Declaración del Río Uruguay o comunicado conjunto argentino-uruguayo, firmado por Onganía y Pacheco Areco el 15 de marzo de 1970, citado en La Nación, 16 de marzo de 1970, pp. 1 y 6, en La Nación (una selección de la semana), 16 de marzo de 1970, pp. 1 y 8, y en “Documentos. Declaración del Río Uruguay. Reunión Onganía-Pacheco Areco”, Estrategia, Nº 6, marzo-baril 1970, pp. 142-144. Ver también G. Bra, op. cit., p. 82.
Texto de la Declaración de San Juan o declaración conjunta de los presidentes Levingston y Pacheco Areco, citado en La Nación, 19 de febrero de 1971, pp. 1 y 16 y La Nación, (una selección de la semana), 23 de febrero de 1971, pp. 1 y 5. Ver también editoriales “Principales temas de la Declaración de San Juan”, La Nación, 18 de febrero de 1971, p. 10 y “Profundo análisis de la subversión”, La Nación, 18 de febrero de 1971, pp. 1 y 20.
“Reuniones. Juguemos a las visitas”, Panorama, Año VIII, Nº 200, Buenos Aires, 23 de febrero al 1º de marzo de 1971, p. 10.
Texto de los acuerdos firmados por los cancilleres argentino y uruguayo, citados en “Nuevos acuerdos con el Uruguay”, La Nación, 10 de julio de 1971, pp. 1 y 9.
Aclaración: Las obras citadas (op. cit.) que no se mencionan explícitamente en este listado de citas, se encuentran en las páginas inmediatamente anteriores. Para ello, haga un click en el botón "Anterior". También puede utilizar la opción "Búsqueda" , ingresando el nombre del autor de las obras respecto de las cuales se requiere información.
Argentina - RREE
Las relaciones con Uruguay
Parte 2
Al gobierno uruguayo le llevó unos días decidir el reconocimiento del régimen militar que derrocara al gobierno de Illia en junio de 1966. Tras un intenso debate, el 7 de julio el Consejo Nacional de Gobierno resolvió continuar las relaciones diplomáticas con las autoridades de Buenos Aires, y autorizó al ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, Luis Vidal Zaglio, a responder afirmativamente a la nota enviada por el gobierno de Onganía, expresando el deseo de que Buenos Aires y Montevideo no interrumpieran sus vínculos. (1)
A principios de agosto de 1966, ambos países dieron un paso importante en el terreno de la cooperación energética, al establecer una comisión interministerial para coordinar las obras de Salto Grande. (2)
En junio de 1968 el ministro de Relaciones Exteriores, Nicanor Costa Méndez, viajó al Uruguay para preparar una reunión de presidentes y acordar algunas otras cuestiones. Como consecuencia de sus gestiones, el 18 de junio de 1968 un comunicado de prensa emitido por los cancilleres Costa Méndez y Venancio Flores anunciaba la creación de un grupo de trabajo sobre temas relativos al río de la Plata. Este inició sus actividades definiendo un catálogo de problemas o actividades: pesca, limpieza de tanques, salvataje, alije, contaminación de aguas, balizamiento, cuestiones sanitarias, fiscales y aduaneras, dragados, etcétera, pero las negociaciones no avanzaron porque cada parte se enfrascó en sus viejas doctrinas de división de las aguas del río de la Plata. Los uruguayos insistieron sobre su tesis tradicional de la línea media del río para fijar la jurisdicción. A su vez, los argentinos, entendiendo que el límite debía pasar por el thalweg o canal profundo y que la aceptación de la tesis uruguaya implicaba la pérdida de la isla de Martín García e incluso del canal de acceso al puerto de Buenos Aires, optaron por ampararse en el statu quo que brindaba el Protocolo Ramírez-Sáenz Peña de enero de 1910 y evitaron cualquier definición que pusiese en juego intereses vitales y exacerbara a los sectores nacionalistas y medios de prensa argentinos. (3)
Gral. Juan Carlos Onganía (Argentina) |
El encuentro de los presidentes Juan Carlos Onganía y Jorge Pacheco Areco se realizó en julio de 1968. El día 8, ambos mandatarios acordaron institucionalizar un sistema de entrevistas a nivel presidencial, con el objetivo de incrementar los vínculos bilaterales. Además, convinieron en firmar una declaración conjunta, cuyos puntos más relevantes fueron la reafirmación de la necesidad de la integración física y económica bilateral, la ratificación del Acta de Buenos Aires firmada el 18 de diciembre de 1967, para que la obra de Salto Grande comenzara la producción de energía eléctrica antes del invierno de 1979, y el mutuo compromiso para mejorar la navegación en aguas del Plata y afluentes. (4) Por su parte, los cancilleres Costa Méndez y Flores firmaron cuatro convenios relativos al Puente Paysandú-Colón; a obras vinculadas a Salto Grande; al fomento del turismo, y a la cooperación en los usos pacíficos de la energía nuclear. (5)
De acuerdo con el sistema de entrevistas presidenciales establecido en julio de 1968, en septiembre de ese año tuvo lugar un segundo encuentro, cuyo resultado más trascendente fue la puesta en marcha formal de un sistema de interconexión eléctrica. (6)
A principios de diciembre de 1968, se produjo la varadura de la chata de bandera argentina Arenorte Nº 6 en aguas del río de la Plata, en las inmediaciones de Punta Negra. A fin de proteger la seguridad de navegación, las autoridades argentinas decidieron colocar en el lugar del accidente una boya a destello, mientras que a su vez las autoridades uruguayas colocaron un boyarín ciego. Este hecho dio lugar a comentarios en la prensa uruguaya sobre supuesta violación de las aguas jurisdiccionales orientales. El 6 de diciembre, la Cancillería argentina decidió hacer frente a las declaraciones periodísticas y oficiales uruguayas a través de un comunicado, que decía:
(...) Los comentarios aludidos inducen a error en cuanto el régimen legal vigente en el Río de la Plata y perturban la armonía con que los dos países han encarado siempre cualquier dificultad que pudiera suscitarse. Sin perjuicio de los títulos históricos argentinos, el régimen de uso y navegación de las aguas en el Río de la Plata se rige por el protocolo de 1910, la declaración de 1961 (que fijó su límite exterior) y el protocolo de 1964 (sobre levantamiento integral del río), acuerdos internacionales que tienen plena fuerza jurídica y valor obligatorio para las partes. Ninguno de estos instrumentos autoriza una interpretación que pretenda innovar sobre el “statu quo” que ellos consagran. No corresponde, por lo tanto, sostener la existencia de una supuesta división de las aguas del Plata por alguna línea delimitadora de las jurisdicciones respectivas(...). (7)
Por su parte, la Cámara de Representantes uruguaya emitió una declaración el 13 de diciembre, donde expresaba “su profunda preocupación ante las reiteradas transgresiones de las autoridades argentinas a los derechos de soberanía de la República Oriental del Uruguay sobre el Río de la Plata” y declaraba “su apoyo a toda medida -adoptada o a adoptarse- de firme defensa de esos inalienables derechos nacionales.” (8) A su vez, los integrantes de la Cámara de Senadores en su reunión del 11 de diciembre coincidieron en que el condominio del río de la Plata debía ser claramente delimitado, habida cuenta de la posible existencia de hidrocarburos en el lecho del río, así como en la necesidad de tener una política más firme frente a las autoridades de Buenos Aires frente a una cuestión que no era un problema de blancos y colorados, sino de soberanía. (9)
Obrando en consecuencia con la posición de los legisladores y reivindicando la tesis de que el límite del Río de la Plata debía pasar por la línea media del río, en ese mismo mes de diciembre, las autoridades orientales llamaron unilateralmente a concurso para la adjudicación de contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. La Cancillería argentina reaccionó con la emisión de un nuevo comunicado el 17 de enero de 1969, en el cual sostenía que previamente a toda exploración o explotación del fondo fluvial afectado por esa licitación, era necesario determinar con precisión el alcance de las jurisdicciones argentina y uruguaya sobre el río de la Plata y la plataforma continental adyacente, confiando para ello en que el grupo de trabajo constituido por representantes de ambos países pudiera llegar antes a una solución satisfactoria. (10)
Un artículo aparecido en el diario uruguayo Acción, el 11 de febrero de 1969, revela el motivo de la adjudicación de los contratos de exploración de hidrocarburos por parte del gobierno de su país:
(...) El Uruguay llamó a licitación para la prospección y explotación de hidrocarburos en el Río de la Plata y en su plataforma continental en un área de 61 mil hectáreas que parceló en cinco zonas (...) La zona uno se encuentra totalmente en el Río de la Plata, mientras que las zonas dos y tres sólo en parte se hallan dentro del río. La zona uno comprende el Río de la Plata medio y un sector del Río de la Plata inferior; las zonas dos y tres se ubican a partir del Río de la Plata inferior. Por su parte la República Argentina durante el año 1968 convocó a una licitación similar limitando áreas dentro del Río de la Plata medio e inferior y en su plataforma continental desde el cabo San Antonio hasta Bahía Blanca. (...) La licitación argentina se llevó a cabo por parte de la Secretaría de Energía y Combustibles y se fijó en la misma, para delimitar las áreas situadas dentro del Río de la Plata, un límite que coincide con la línea media. Por su parte el Uruguay aplicó el mismo criterio, o sea el de la línea media. Tanto la Argentina como el Uruguay han actuado sin que exista previamente sobre el lecho del río delimitación alguna de jurisdicción, o sea que ambos países se han movido reconociendo de hecho la existencia de una jurisdicción propia que no iba más allá del lecho de la línea media. El asunto es muy claro cualquiera sea el criterio que en definitiva se utilice para establecer en el lecho del río las respectivas jurisdicciones: a) si se utiliza la línea media cada uno está dentro de su soberanía, porque cada uno se autolimitó en el llamado, a esa línea; b) si se recurre al “thalweg” habría que modificar en beneficio del Uruguay el área Número Uno, porque en el Plata medio la línea del “thalweg” corre al occidente de la línea media y por tanto al Uruguay le correspondería en el lecho un área mayor que la licitada (...). (11)
En enero de 1969 tuvo lugar la reunión del grupo de trabajo argentino-uruguayo en la ciudad de Montevideo, pero una disputa sobre los derechos territoriales en el islote llamado por la Argentina Punta Bauzá, y por Uruguay Timoteo Domínguez agravó la crisis provocada por el límite en el río de la Plata y derivó en la interrupción de las conversaciones el 16 de enero. (12) Estas se reanudaron cuando el presidente Onganía ordenó la evacuación del islote Punta Bauzá, decisión que las autoridades uruguayas retribuyeron con la concurrencia del presidente Pacheco Areco a la celebración del 25 de mayo de 1810 en la sede de la embajada argentina. (13)
Finalmente, a fines de 1969 se reinició la actividad del grupo de trabajo con otro enfoque de la tarea (abandonar los intentos de fijar líneas divisorias y buscar soluciones prácticas por tipo de actividad). A partir de ese momento, y durante varios años se dieron numerosas reuniones en Buenos Aires y Montevideo en las que se analizaron, actividad por actividad, los usos que se daban al río, sin considerar los aspectos limítrofes.
Presidente Jorge Pacheco Areco (Uruguay) |
Como resultado de este encuentro, ambos mandatarios firmaron el día 15 de marzo de 1970, la llamada “Declaración del Río Uruguay” cuyos puntos más salientes fueron: a) la decisión de intensificar la negociación respecto de la cuestión limítrofe en torno de la delimitación del río de la Plata y de no entorpecer las actividades pesqueras en dicha área, otorgando a los pesqueros argentinos y uruguayos facilidades provisorias hasta que se llegase a un arreglo; b) el compromiso de estudiar la posibilidad de un convenio para la explotación petrolífera en aguas del Río de la Plata; c) la decisión de acelerar la interconexión eléctrica como paso previo al objetivo de integración energética de la Cuenca del Plata mencionado en el Acta de Santa Cruz de la Sierra; y d) el aceleramiento de los trámites pendientes para la ratificación de un acuerdo sobre uso pacífico de la energía nuclear suscripto entre los dos países. (15)
Al año siguiente, en febrero de 1971, el presidente Levingston realizó una visita a Uruguay, suscribiendo el día 18 junto a Pacheco Areco la Declaración de San Juan. Este documento anunciaba: a) la continuación de las gestiones encaminadas a negociar el problema de la jurisdicción limítrofe en el río de la Plata; b) las medidas de integración física y económica entre ambos países, y c) los proyectos de interconexión eléctrica y cooperación científica argentino-uruguaya. Levingston respaldó implícitamente la gestión de Pacheco Areco, en vísperas de las elecciones presidenciales uruguayas, al prometer ayuda económica: desgravaciones a productos exportables uruguayos y un crédito de 20 millones de pesos para que los uruguayos construyeran la represa de El Palmar. (16)
Los temas en ese entonces más ríspidos de la agenda bilateral -la actitud a adoptar frente al terrorismo regional y el entredicho del islote Punta Bauzá o Timoteo Domínguez- no fueron tocados en esta visita. En el primer caso, vale recordar que la representación uruguaya había votado en la reunión de enero-febrero de 1971 una posición en la OEA que limitaba la cuestión a la protección frente a secuestros de diplomáticos, mientras la delegación argentina había sido partidaria de una postura más “dura” que abarcaba medidas anti-terroristas de amplio alcance. No obstante, la posición “flexible” adoptada por la Cancillería uruguaya, no parecía ser un problema para las autoridades del Palacio San Martín, quienes decidieron que durante la visita de Levingston a tierra oriental no se tocara un tema en el que, tarde o temprano, las autoridades de Montevideo terminarían orientándose hacia la posición “dura” liderada por la Argentina y Brasil. Con respecto a la segunda cuestión -el entredicho sobre Punta Bauzá- primó entre las autoridades de ambas cancillería la actitud de “continuar los trabajos sobre problemas jurisdiccionales en el Río de la Plata”. (17)
En julio de 1971 tuvo lugar la visita del presidente Jorge Pacheco Areco a la Argentina, ya en época del gobierno del general Lanusse. El primer mandatario uruguayo expresó que las dos naciones se hallaban unidas ante el enemigo común: la violencia planificada. El saldo más importante de la visita de Pacheco Areco fue la firma, por parte de los cancilleres argentino y uruguayo, Luis María de Pablo Pardo y José A. Mora Otero, de cuatro documentos: la “Declaración Argentino-Uruguaya sobre Recurso Agua”, el “Acta Argentino-Uruguaya sobre Derecho del Mar”, el “Acta Argentino-Uruguaya sobre Energía Hidroeléctrica” y el “Acta Argentino-Uruguaya sobre Cooperación Económica e Intercambio Comercial”.
En la “Declaración Argentino-Uruguaya sobre Recurso Agua”, se establecía el siguiente compromiso: 1) la utilización de los recursos naturales en forma equitativa y razonable; 2) la prohibición de cualquier forma de contaminación de los ríos internacionales y afluentes y la preservación de las zonas ecológicas; 3) el reconocimiento del principio argentino de consulta previa a los Estados interesados en el caso de que un Estado miembro de la Cuenca del Plata se proponga un aprovechamiento de los recursos hídricos; 4) la obligación, por parte de este mismo Estado miembro, de comunicar a los otros Estados los posibles perjuicios del proyecto; y 5) la utilización de la Comisión Técnica Mixta Argentino-Uruguaya como instancia para la resolución de diferendos bilaterales. A su vez, en el “Acta Argentino-Uruguaya sobre Derecho del Mar”, se reiteró la adhesión al principio del límite de soberanía marítima de 200 millas, ratificando los principios enunciados en la Declaración de Montevideo sobre Derecho del Mar. En el “Acta Argentino-Uruguaya sobre Energía Eléctrica, se acordaba el aporte argentino a la obra de El Palmar y se establecía el compromiso de estimular obras hidroeléctricas y de interconexión eléctrica entre la Argentina y Uruguay. Finalmente, en el “Acta Argentino-Uruguaya sobre Cooperación Económica e Intercambio Comercial”, se expresaba la común voluntad de alcanzar una estrecha complementación en materia económica. (18)
NOTAS
Dentro del Consejo Nacional de Gobierno del Uruguay, votaron a favor de la continuación de relaciones diplomáticas con el gobierno argentino todos los miembros de la mayoría nacionalista y el consejero de la minoría colorada de la oposición, doctor Augusto Legnani. Lo hicieron en contra los otros dos consejeros colorados, Alberto Abdala y Amílcar Vasconcellos. “Resolvió continuar las relaciones con la Argentina el gobierno del Uruguay”, La Razón, 8 de julio de 1966, p. 1.
“Actúa la Comisión Interministerial para Salto Grande”, La Nación, 13 de septiembre de 1966, p. 7.
J.A. Lanús, op. cit., vol. II, p. 170; y José María Rosa, “El Río de la Plata: diálogo o polémica?”, Estrategia, Nº 1, Buenos Aires, mayo-junio de 1969, p. 126.
Texto de la declaración conjunta de los presidentes argentino y uruguayo en La Nación, 9 de julio de 1968, pp. 1 y 16.
Textos de los convenios firmados por los cancilleres argentino y uruguayo citados en La Nación, 9 de julio de 1968, p. 16.
Clarín, 23 de septiembre de 1968, pp. 15 y 17.
Comunicado de prensa de la Cancillería argentina, 6 de diciembre de 1968, citado en “Documentos oficiales del gobierno argentino con motivo del entredicho planteado con el Uruguay en 1968”, Estrategia, Nº 1, Buenos Aires, mayo-junio 1969, p. 139.
Declaración de la Cámara de Representantes uruguaya del 13 de diciembre de 1968, citada en “El problema en el Congreso uruguayo”, Estrategia, Nº 1, Buenos Aires, mayo-junio 1969, p. 149.
“Expresiones vertidas en el Senado”, en “El problema en el Congreso uruguayo”, op. cit., pp. 149-150.
Comunicado de prensa de la Cancillería argentina, 17 de enero de 1969, citado en “Documentos oficiales del gobierno argentino...”, op. cit., pp. 139-140.
“La licitación del petróleo”, editorial del diario uruguayo Acción, 11 de febrero de 1969, citado en “Editoriales de la prensa uruguaya”, Estrategia, Nº 1, mayo-junio 1969, pp. 170-171.
Respecto de este incidente, sostiene un comunicado de prensa de la Cancillería argentina del 21 de enero de 1969:
(...) En cuanto a la punta Bauzá, ella consiste en una formación aluvional de tierras adyacentes y accesorias de la isla de Martín García, sobre la cual Argentina ejerce una soberanía indiscutible y efectiva. Colocar pantallas u otros elementos sobre Bauzá es tan impropio como lo sería por parte de la Argentina efectuar actos similares en tierras que, por la acción de las aguas, se han venido a agregar a las islas o a las costas del Uruguay (...).
Comunicado de prensa de la Cancillería argentina, 21 de enero de 1969, citado en “Documentos oficiales del gobierno argentino...”, op. cit., p. 141. Por su parte, La Nación, del 3 de enero de 1969, en su editorial “Los derechos argentinos en el Plata”, adoptó una posición muy dura sobre el problema, sosteniendo que
(...) nada puede negociarse sino sobre la base del status existente. Admitir en este sentido la división del Plata en dos partes iguales significaría renunciar a derechos ejercidos soberanamente por la Argentina aun antes de 1828 y poner nada menos que el control del puerto de Buenos Aires y la entrada del Paraná bajo jurisdicción extranjera.
Consecuentemente con ello la Argentina ejerce derechos territoriales sobre la isla Martín García y la formación aluvional que la ha accedido desde hace unos cuatro años y que es llamada Punta Bauzá. A esta sedimentación el Uruguay ha resuelto llamarla isla Timoteo Domínguez, desvinculándola de un hecho natural y jurídico que favorece a la Argentina. No tiene, pues, ningún asidero la afirmación de que la marina argentina “ha desembarcado” efectivos en Punta Bauzá. (...)
Formulamos votos sinceros por la superación de un episodio que en nada favorece a los dos países, pero en el cual la Argentina no puede adoptar otra postura que la de sostener con firmeza derechos soberanos.
Editorial “Los derechos argentinos en el Plata”, La Nación, 3 de enero de 1969, citado en “Editoriales de la prensa argentina”, Estrategia, Nº 1, Buenos Aires, mayo-junio de 1969, pp. 153-154.
La Nación, 27 de mayo de 1969, pp. 1 y 10.
Ver al respecto el editorial “La alegoría de los puentes”, La Nación, 19 de marzo de 1970, p. 8.
Texto de la Declaración del Río Uruguay o comunicado conjunto argentino-uruguayo, firmado por Onganía y Pacheco Areco el 15 de marzo de 1970, citado en La Nación, 16 de marzo de 1970, pp. 1 y 6, en La Nación (una selección de la semana), 16 de marzo de 1970, pp. 1 y 8, y en “Documentos. Declaración del Río Uruguay. Reunión Onganía-Pacheco Areco”, Estrategia, Nº 6, marzo-baril 1970, pp. 142-144. Ver también G. Bra, op. cit., p. 82.
Texto de la Declaración de San Juan o declaración conjunta de los presidentes Levingston y Pacheco Areco, citado en La Nación, 19 de febrero de 1971, pp. 1 y 16 y La Nación, (una selección de la semana), 23 de febrero de 1971, pp. 1 y 5. Ver también editoriales “Principales temas de la Declaración de San Juan”, La Nación, 18 de febrero de 1971, p. 10 y “Profundo análisis de la subversión”, La Nación, 18 de febrero de 1971, pp. 1 y 20.
“Reuniones. Juguemos a las visitas”, Panorama, Año VIII, Nº 200, Buenos Aires, 23 de febrero al 1º de marzo de 1971, p. 10.
Texto de los acuerdos firmados por los cancilleres argentino y uruguayo, citados en “Nuevos acuerdos con el Uruguay”, La Nación, 10 de julio de 1971, pp. 1 y 9.
Aclaración: Las obras citadas (op. cit.) que no se mencionan explícitamente en este listado de citas, se encuentran en las páginas inmediatamente anteriores. Para ello, haga un click en el botón "Anterior". También puede utilizar la opción "Búsqueda" , ingresando el nombre del autor de las obras respecto de las cuales se requiere información.
Argentina - RREE
Radar de vigilancia: INVAP RPA 3D (Argentina)
Radar de vigilancia de largo alcance INVAP Radar Primario Argentino 3D (RPA)
En el año 2005 INVAP comenzó el desarrollo del primer modelo de radar primario 3-D. A fines de 2007, la Dirección General de Fabricaciones Militares e INVAP suscribieron el contrato RP3DLAP para el diseño, desarrollo, construcción, puesta en servicio, certificación, homologación y provisión de un prototipo de Radar Primario 3D de Largo Alcance. En noviembre de 2011 dicho radar fue instalado y puesto en marcha en la localidad de Las Lomitas, Prov. de Formosa y tiene como función principal la de proporcionar datos de situación y movimiento de la actividad aérea dentro del volumen de su cobertura, de forma que permita realizar tareas de detección, vigilancia, identificación y control en el espacio aéreo de su responsabilidad.
Este desarrollo complementa la tarea realizada por INVAP dentro del Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial (SINVICA) sancionado en 2004, a través del Decreto N° 1.407, tarea gracias a la cual varios radares secundarios (RSMA) diseñados y construidos por INVAP ya están actualmente instalados en una decena de sitios del nuestro país.
Radar Primario Argentino instalado en LAS LOMITAS (Formosa) en noviembre de 2011
Características sobresalientes del Radar Primario Argentino (RPA)
• Frecuencias de operación en banda L (banda D)
• Agilidad de frecuencia dentro del ancho de Banda disponible
• Modos de operación configurables
• Parámetros de pulsos totalmente programables
• Electrónica y módulos transmisores / receptores totalmente de estado sólido
• 3-D con barrido electrónico en elevación
• Antena monopulso con muy bajo nivel de lóbulos secundarios
• Procesamiento digital de las señales con MTI, CFAR, MTD/Doppler
• Mapa de clutter actualizado automáticamente
• Radar Secundario (IFF)
• Procesador combinador de plots y de seguimiento
• Formato de salida Asterix
• Conjunto de contra-contra medidas electrónicas (ECCM)
• Nuevo diseño con últimas tecnologías (alta confiabilidad, soporte logístico prolongado)
• Monitoreo integrado de todo el sistema
• Simulador de entorno radar
• Alcance instrumentado: 5 - 240 MN (+440 km)
• Altura máxima: 100 Kpies (+30.000 m)
• Operación remota
• Transportable por tierra, agua o aire.
• Fácilmente desplegable en el sitio
Detalles de la conformación interior
Conformación del Shelter
Fuente: INVAP Radar Primario Argentino 3D (RPA)
jueves, 24 de marzo de 2016
Fuerzas Aéreas: Aeronautica Militare Italiana
Aeronautica Militare Italiana
Escarapela
ORBATS de la AMI
Historia
Aeronautica Militare Italiana
Italia es uno de los países que pueden presumir de algunas de las tradiciones más antiguas en el ámbito de la aviación. Ya en 1884, de hecho, el Regio Esèrcito estaba autorizado a dotarse de su propio componente aéreo, el Servizio Aeronáutico, con sede en Roma. En 1911, durante la guerra ítalo-turca, Italia empleó aviones, por primera vez en el mundo, para misiones de reconocimiento y bombardeo. Como resultado de Benito Mussolini, que quería que Italia se convierta en una potencia mundial, la Regia Aeronautica nació el 23 de marzo de 1923. Durante los años treinta la Regia Aeronautica estaba involucrado en sus operaciones militares en primer lugar, inicialmente en Etiopía en 1935, y más tarde en España entre 1936 y 1939. Después de un período de neutralidad, Italia entró en la Segunda Guerra Mundial el 10 de junio 1940, junto con Alemania, en el que la Regia Aeronautica podrían invertir más de 3.000 aviones, de los cuales menos del 60% fueron reparados. La Regia Aeronautica luchó desde las estepas heladas de Rusia a las arenas del desierto de África del Norte perdiendo hombres y máquinas. Después del armisticio del 8 de septiembre de 1943, Italia se dividió en dos, y corrió la misma suerte la Regia Aeronautica. El fin de las hostilidades, el 8 de mayo de 1945, abrió las puertas al renacimiento de la aviación militar en Italia.
Un referéndum dio lugar a la proclamación de Italia como República el 18 de junio de 1946, y en paralelo la Regia Aeronautica se transformó en la Aeronautica Militare Italiana - el título que ocupa en la actualidad. El Tratado de Paz de París de 1947, impuso severas restricciones a las fuerzas armadas italianas, pero la membresía de la OTAN en 1949 abrió el camino para la modernización de la AMI. La ayuda militar estadounidense a través del Programa de Asistencia Mutua Defensa vio la llegada de cazas con motores de pistón P-51 Mustang y P-47 Thunderbolt. Más tarde en 1952 los mejores aviones de la época, cazas F-84G, F-86 E (M) y F-84F y medios de transporte C-119 llegaron a Italia. No contento con ver aeronaves diseñadas en el exterior en servicio en la AMI, la renacida industria de aviación italiana comenzó el desarrollo y producción de aeronaves de su propia Fiat, como el G91, Aermacchi MB326, Piaggio P166 y la línea de helicópteros Agusta-Bell. La barrera del sonido fue rota por la AMI con la introducción de la Lockheed Starfighter F-104G, construido bajo licencia de Fiat. El ex-CADE de los años setenta fue testigo de la adquisición del G222 Aeritalia y Lockheed C-130, que renovaron la flota de transporte, y el Aeritalia Lockheed F-104s, un luchador de variante de la Starfighter desarrollado específicamente para satisfacer las exigencias del sistema de guiado italiano.
El impulso para mejorar y ampliar la industria de la aviación llevó a Italia en el programa del Panavia Tornado y el desarrollo y la introducción del AMX, esta tarde con Embraer de Brasil. En 1990, tras la invasión iraquí de Kuwait, Italia se unió a las fuerzas de la coalición y por primera vez en 45 años los pilotos italianos y los aviones se encargaron de las operaciones militares en tiempo de guerra. nuevas crisis se va a requerir la intervención de las fuerzas italianas en Somalia, Mozambique, y en los Balcanes. El conflicto en la ex Yugoslavia, a pocos minutos de vuelo desde las fronteras de Italia, vio la necesidad de mejorar la defensa aérea en el futuro. Como medida de emergencia y en sustitución de los interceptores Tornado ADV arrendadas, el AMI arrendará 30 F-16A ADF Block 15 y cuatro F-16B Block 10 Fighting Falcons, con la opción de unos poco más. Los próximos años también verá la introducción de 121 EF2000 Typhoon, que sustituye al envejecido F-104 S y los arrendados F-16 Fighting Falcons. Además se prevén cambios en el Tornado IDS / IDT y la flota de AMX. La capacidad de transporte será mejorado con la entrega de dieciocho C-130Js (para 2 º Gr.) y un programa de modernización de la C-130Hs. También una completa G222 nuevos desarrollados, denominado C-27J Spartan, que entrará en servicio para sustituir a las de G222.
Aviones en servicio
Ultimo usuario en el Mundo del F-104 Starfighter
Panavia Tornado
Vistosisimo AMX del 103°Gruppo CBR/51°Stormo en Treviso-Istrana
Eurofighter Tifone
Freccia Tricolore, el equipo acrobático
C-27J Spartan italiano
Sea King italiano
MD 500 artillado italiano
Scramble
Escarapela
ORBATS de la AMI
Historia
Aeronautica Militare Italiana
Italia es uno de los países que pueden presumir de algunas de las tradiciones más antiguas en el ámbito de la aviación. Ya en 1884, de hecho, el Regio Esèrcito estaba autorizado a dotarse de su propio componente aéreo, el Servizio Aeronáutico, con sede en Roma. En 1911, durante la guerra ítalo-turca, Italia empleó aviones, por primera vez en el mundo, para misiones de reconocimiento y bombardeo. Como resultado de Benito Mussolini, que quería que Italia se convierta en una potencia mundial, la Regia Aeronautica nació el 23 de marzo de 1923. Durante los años treinta la Regia Aeronautica estaba involucrado en sus operaciones militares en primer lugar, inicialmente en Etiopía en 1935, y más tarde en España entre 1936 y 1939. Después de un período de neutralidad, Italia entró en la Segunda Guerra Mundial el 10 de junio 1940, junto con Alemania, en el que la Regia Aeronautica podrían invertir más de 3.000 aviones, de los cuales menos del 60% fueron reparados. La Regia Aeronautica luchó desde las estepas heladas de Rusia a las arenas del desierto de África del Norte perdiendo hombres y máquinas. Después del armisticio del 8 de septiembre de 1943, Italia se dividió en dos, y corrió la misma suerte la Regia Aeronautica. El fin de las hostilidades, el 8 de mayo de 1945, abrió las puertas al renacimiento de la aviación militar en Italia.
Un referéndum dio lugar a la proclamación de Italia como República el 18 de junio de 1946, y en paralelo la Regia Aeronautica se transformó en la Aeronautica Militare Italiana - el título que ocupa en la actualidad. El Tratado de Paz de París de 1947, impuso severas restricciones a las fuerzas armadas italianas, pero la membresía de la OTAN en 1949 abrió el camino para la modernización de la AMI. La ayuda militar estadounidense a través del Programa de Asistencia Mutua Defensa vio la llegada de cazas con motores de pistón P-51 Mustang y P-47 Thunderbolt. Más tarde en 1952 los mejores aviones de la época, cazas F-84G, F-86 E (M) y F-84F y medios de transporte C-119 llegaron a Italia. No contento con ver aeronaves diseñadas en el exterior en servicio en la AMI, la renacida industria de aviación italiana comenzó el desarrollo y producción de aeronaves de su propia Fiat, como el G91, Aermacchi MB326, Piaggio P166 y la línea de helicópteros Agusta-Bell. La barrera del sonido fue rota por la AMI con la introducción de la Lockheed Starfighter F-104G, construido bajo licencia de Fiat. El ex-CADE de los años setenta fue testigo de la adquisición del G222 Aeritalia y Lockheed C-130, que renovaron la flota de transporte, y el Aeritalia Lockheed F-104s, un luchador de variante de la Starfighter desarrollado específicamente para satisfacer las exigencias del sistema de guiado italiano.
El impulso para mejorar y ampliar la industria de la aviación llevó a Italia en el programa del Panavia Tornado y el desarrollo y la introducción del AMX, esta tarde con Embraer de Brasil. En 1990, tras la invasión iraquí de Kuwait, Italia se unió a las fuerzas de la coalición y por primera vez en 45 años los pilotos italianos y los aviones se encargaron de las operaciones militares en tiempo de guerra. nuevas crisis se va a requerir la intervención de las fuerzas italianas en Somalia, Mozambique, y en los Balcanes. El conflicto en la ex Yugoslavia, a pocos minutos de vuelo desde las fronteras de Italia, vio la necesidad de mejorar la defensa aérea en el futuro. Como medida de emergencia y en sustitución de los interceptores Tornado ADV arrendadas, el AMI arrendará 30 F-16A ADF Block 15 y cuatro F-16B Block 10 Fighting Falcons, con la opción de unos poco más. Los próximos años también verá la introducción de 121 EF2000 Typhoon, que sustituye al envejecido F-104 S y los arrendados F-16 Fighting Falcons. Además se prevén cambios en el Tornado IDS / IDT y la flota de AMX. La capacidad de transporte será mejorado con la entrega de dieciocho C-130Js (para 2 º Gr.) y un programa de modernización de la C-130Hs. También una completa G222 nuevos desarrollados, denominado C-27J Spartan, que entrará en servicio para sustituir a las de G222.
Aviones en servicio
Ultimo usuario en el Mundo del F-104 Starfighter
Panavia Tornado
Vistosisimo AMX del 103°Gruppo CBR/51°Stormo en Treviso-Istrana
Eurofighter Tifone
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C-27J Spartan italiano
Sea King italiano
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Scramble
URSS: Tanques rusoviéticos de la SGM al presente
TANQUES DE RUSIA
Mini-esbozo histórico
Sputnik
El tanque ligero T-40s (1941).
Dibujo del tanque ligero T-26 fabricado en 1933.
El tanque medio T-34 producido entre 1939 y 1945.
El tanque ligero T-70 (1942). Fue diseñado en la planta automotriz de Gorki para sustituir el tanque ligero T-60.
Dibujo del tanque ligero BT-7 (1936)
Dibujo del tanque pesado KV-1 fabricado en 1941.
El tanque pesado IS-1 (1943).
El tanque pesado IS-2 (1943).
Dibujo del tanque pesado IS-3 (1944-45).
El tanque T-80U muestra su potencia de fuego en la Feria de Nizhni Taguil
El tanque T-90S exhibe sus capacidades en la Feria Internacional de Armamento en Nizhni Taguil.
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Dibujo del tanque ligero T-26 fabricado en 1933.
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El tanque ligero T-70 (1942). Fue diseñado en la planta automotriz de Gorki para sustituir el tanque ligero T-60.
Dibujo del tanque ligero BT-7 (1936)
Dibujo del tanque pesado KV-1 fabricado en 1941.
El tanque pesado IS-1 (1943).
El tanque pesado IS-2 (1943).
Dibujo del tanque pesado IS-3 (1944-45).
El tanque T-80U muestra su potencia de fuego en la Feria de Nizhni Taguil
El tanque T-90S exhibe sus capacidades en la Feria Internacional de Armamento en Nizhni Taguil.
SSBN: clase Xia (China)
Submarino de misiles balísticos clase Xia
El único submarino de la clase Xia es lento, ruidoso y el reactor no es fiable
Entró en servicio 1987
Tripulación 140 hombres
Profundidad de inmersión (en funcionamiento) 300 m
Dimensiones y desplazamiento
-Longitud 120 m
-Eslora 10 m
-Calado 8 m
Desplazamiento sumergido 6 500 toneladas
Propulsión y velocidad
-Velocidad sumergido 22 nudos
-Propulsión reactor a una presión refrigerado por agua que entrega 90 MW en un eje
Armamento
-Misiles 12 x SLBM JL-1A (CCS-N-3)
-Torpedos de 6 x 533 mm tubos de proa para torpedos Yu-3
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