Los días que siguieron al alzamiento fueron de mucha tensión y expectativa. El balance de los daños y el recuento de muertos y heridos tenían sumida a la población en una profunda consternación en tanto la prensa nacional y extranjera se hacía eco de los terribles sucesos, reflejando con claridad (especialmente la extranjera) los hechos acaecidos.
Los enfrentamientos armados y el bombardeo a la ciudad arrojaron un saldo de 380 víctimas fatales que se elevaron casi hasta 400 en días posteriores y casi un millar de heridos. Nueve granaderos cayeron durante la defensa de la Casa de Gobierno1. Otros treinta y dos sufrieron heridas de distinta consideración, lo mismo dos oficiales del Regimiento Motorizado “Buenos Aires” y siete del Regimiento 3 de Infantería que también tuvo un general y un soldado muertos, el primero cuando intentaba reunirse con su unidad.
El gobierno dispuso una serie de redadas y allanamientos, que dieron como resultado unanumerosos arrestos, tanto de militares como de civiles y religiosos, quienes fueron conducidos al penal de Villa Devoto en espera de una sentencia.
Mientras la población intentaba reponerse de los terribles acontecimientos que habían tenido lugar en la Capital Federal, se organizaron peregrinaciones a los templos incendiados y la CGT dispuso un paro general para el día 17, en señal de duelo y en apoyo al gobierno.
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Destrozos en la iglesia Nuestra Señora de Lourdes de Bahía Blanca
(Fotografías: Miguel Ángel Cavallo: Puerto Belgrano. Hora Cero. La Marina se subleva)
Ese día, ante una multitud que colmaba Plaza de Mayo, Perón se dirigió a la ciudadanía para pedir nuevamente calma y deplorar los desmanes acaecidos durante la lucha. Por la tarde, a las 17.00 horas, se reunió en pleno con su gabinete con el objeto de plantear su definitivo alejamiento, decisión que los presentes rechazaron terminantemente, especialmente el gobernador Aloé y los representantes de la CGT aduciendo, entre otras cosas que eso sería ceder a la insurrección.
Lo que sí se produjo fue un recambio de funcionarios (casi todos cuestionados por la oposición), necesario para apaciguar los ánimo, el primero de ellos, el ministro del Interior, Ángel Borlenghi, apartado de sus funciones por consejo de los principales asesores gubernamentales.
Como era de esperar, fueron removidos los altos mandos de la Armada, importantes jefes de la Fuerza Aérea y numerosos oficiales del Ejército. La Base Aeronaval de Punta Indio fue anulada y el Batallón 4 de Infantería de Marina junto con la Fuerza Aeronaval Nº 2, quedaron disueltos.
Por decisión de los altos mandos, los aviones de la Base Aeronaval Comandante Espora fueron desarmados, sus municiones depositadas en Puerto Belgrano y sus espoletas enviadas al Arsenal de Zárate.
La VII Brigada Aérea de Caza con asiento en Morón fue suspendida y reorganizada como Destacamento Aeronáutico Militar2, designándose como su primer jefe al comodoro Ricardo Alberto Accinelli. Como el plan CONINTES seguía en vigencia, el personal de la nueva entidad permaneció acuartelado por tercios en tanto su jefatura adoptaba, como primera medida, repatriar el material aéreo que los pilotos sublevados habían llevado hacia Uruguay3.
De los treinta y nueve aviones utilizados por los rebeldes durante las acciones, veintitrés aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Carrasco de Montevideo; seis lo hicieron en el aeródromo de Colonia, siete en la base militar Boiso Lanza, uno fue derribado por la Fuerza Aérea, otro se estrelló en Tristán Suárez, un tercero cayó por falta de combustible en el Río de la Plata entre Carmelo y Colonia y un cuarto aterrizó en pleno campo, cerca del aeródromo civil de Melilla, al norte de Montevideo, sin poder desplegar su tren de aterrizaje a causa de un sabotaje.
El 17 de junio el gobierno procedió a borrar los rastros de la batalla, haciendo detonar las bombas que permanecían sin explotar, cosa que llenó de pavor a los desprevenidos transeúntes que circulaban por las cercanías.
Los jefes complotados fueron sometidos a juicio frente a tribunales militares especialmente constituidos y se esperaba para ellos las penas más severas. Durante uno de los interrogatorios, acaeció un hecho que volvió a conmocionar a la opinión pública.
Perón, a la derecha, observa los daños en la Casa de Gobierno
Se hallaban declarando los oficiales Julio César Cáceres y Dardo Eugenio Ferreyra ante el comodoro Luis Lapuente, jefe del Servicio de Informaciones y Seguridad Aeronáutica, cuando en un momento de descuido, el último, al grito de “¡Viva la Patria!”, se arrojó al vacío desde el tercer piso donde estaba compareciendo, sin lograr su cometido de quitarse la vida porque cayó sobre un techo plástico de la planta baja que amortiguó el golpe. Fue internado en grave estado en el Hospital Aeronáutico donde continuaron interrogándolo sin considerar su estado.
Las aeronaves argentinas comenzaron a ser devueltas por decisión del gobierno uruguayo a partir del 21 de junio, no así sus pilotos, quienes permanecieron en el vecino país magníficamente atendidos por las autoridades y el pueblo oriental. Y es que el Uruguay sentía sobre sí toda la presión que el régimen justicialista venía aplicando desde 1946, a raíz de la protección que Montevideo ofrecía a sus opositores cuando aquellos buscaban refugio en su territorio. Esa hostilidad se manifestó en el cierre de los pasos fronterizos, la venta de carnes y cereales a menor precio en los mercados internacionales y la amenaza latente de un ataque, especialmente el bombardeo a Radio Colonia debido a su marcada campaña antiperonista.
Las dos primeras aeronaves devueltas por el Uruguay fueron los Gloster Meteor I-031 e I-098 piloteados por el comandante Eduardo Catalá y el primer teniente Antonio Corradini respectivamente, el primero con un remache que cubría el impacto de un proyectil antiaéreo. Tres días después, el 24 de junio de 1955, llegaron el I-094 al comando del capitán Daniel Aubone y el I-058 al del primer teniente José Lembi y en días posteriores, lo hicieron el I-029 y el I-064, el primero a bordo de un Bristol 170 Freigther. El total de los aviones navales se fue reintegrando de manera escalonada4.
El 21 de julio el flamante Departamento Aeronáutico de Morón pasó a depender directamente del Comando en Jefe de la Fuerza Aérea, organizándose al mismo tiempo la incorporación de nuevos oficiales procedentes de diferentes unidades5. Una semana después, el gobierno decidió reactivar a la VI Brigada Aérea con asiento en Tandil designándose a su frente al brigadier Juan C. Ríos y jefe del Grupo 2 de Caza Interceptora6.
Los vándalos han arrasado la Catedral de Bahía Blanca
(Fotografías: Miguel Ángel Cavallo: Puerto Belgrano. Hora Cero. La Marina se subleva)
Serios Daños en el Inmaculado Corazón de María (Bahía Blanca)
(Fotografías: Miguel Ángel Cavallo: Puerto Belgrano. Hora Cero. La Marina se subleva)
Incendio y destrozos en la redacción de "Democracia", periódico opositor de Bahía Blanca
(Fotografías: Miguel Ángel Cavallo: Puerto Belgrano. Hora Cero. La Marina se subleva)
Luis E. Vera, director de "Democracia" (luciendo impermeable) observa los daños en la redacción
(Fotografías: Miguel Ángel Cavallo: Puerto Belgrano. Hora Cero. La Marina se subleva)
Pero pese a la derrota, a las detenciones y los allanamientos y haciendo caso omiso de las amenazas, los apremios y las redadas, los oficiales de la Armada encabezados por el capitán de navío Arturo H. Rial y el capitán de corbeta Carlos Pujol a la cabeza, pusieron en marcha la segunda fase del movimiento a través de una charla informal que mantuvieron en dependencias de la Dirección de Escuelas Navales ubicada en Florida 610, esquina Paraná. En días posteriores, se les unieron otros oficiales y suboficiales del arma, destacando entre ellos el teniente Horacio Mayorga y los capitanes Jorge Gallastegui, Juan Carlos Duperré, Carlos Sánchez Sañudo y Jorge Palma, quienes comenzaron a organizar reuniones clandestinas, tendientes a dar forma al movimiento.
Toda una red de espionaje y contraespionaje fue puesta en marcha con el firme propósito de reactivar la revolución. La misma se fue extendiendo a las principales bases navales del país, especialmente las de Puerto Belgrano y Comandante Espora, donde se comenzó a trabajar con mucha cautela para obtener el compromiso de la Flota de Mar, las fuerzas de Infantería de Marina y la Aviación Naval dependientes del Área Naval Marítima. El capitán de navío Jorge E. Perren fue designado para encabezar el alzamiento en ese sector aunque el verdadero cabecilla de esta segunda fase sería el contralmirante Isaac Francisco Rojas, que por esos días acababa de llegar del Brasil, donde había desempeñado funciones en la embajada argentina, para hacerse cargo de la dirección de la Escuela NavalMilitar con asiento en la Base Naval de Río Santiago. Y fue él a quien se dirigieron los complotados para solicitarle expresamente que se pusiese al frente de la Armada durante las acciones que iban a tener lugar en el mes de septiembre.
El 23 de junio Perón volvió a hablar por la cadena nacional para referirse a los sucesos del 16, minimizando los actos vandálicos contra templos e instituciones que habían tenido lugar a poco de finalizadas las hostilidades. Cuatro días después comenzaron a ser liberados algunos de los militantes católicos que habían sido arrestados durante la defensa de la Catedral y el 28 del mismo mes, el templo mayor de la ciudad de Buenos Aires reanudó sus oficios religiosos, en lo que fue una ceremonia multitudinaria.
Ese mismo día, en San Miguel Arcángel, monseñor Miguel Ángel de Andrea ingresó al templo de rodillas mientras era ovacionado por la concurrencia. Durante los oficios, prometió vestir ropas negras en lugar de las púrpuras, en señal de luto por los muertos, los heridos y los permanentes agravios que estaba padeciendo la Iglesia Católica Argentina.
En el mes de julio, con motivo de la fiesta de San Pedro y San Pablo, Perón envió sus respetos al Papa Pío XII quien, en respuesta, le dijo que esperaba de todo corazón que el Señor guiase sus pasos para que el pueblo argentino pudiese profesar libremente su fe.
Donde comenzó a percibirse lentamente el descontento fue en las filas del Ejército, fuerza que durante la jornada del 16 de junio había mantenido su fidelidad absoluta a la persona del primer mandatario. Los últimos acontecimientos habían llamado a la reflexión a muchos de sus oficiales y de esa manera, en los días que siguieron al bombardeo, se puso en marcha un silencioso complot en favor de la revolución, acordándose para ello realizar los primeros sondeos con elementos de la Armada. La persecución a la Iglesia y la quema de la bandera nacional habían mal predispuesto a amplios sectores castrenses, incentivados por civiles nacionalistas opositores al gobierno que trabajaban afanosamente por establecer contacto entre elementos de las tres armas.
General Pedro Eugenio Aramburu
Altos oficiales del Ejército, entre los que se encontraban el general Pedro Eugenio Aramburu, los coroneles Eduardo Señorans y Arturo Ossorio Arana, el capitán Ramón Eduardo Molina y el mayor Juan Francisco Guevara, iniciaron gestiones para establecer contacto con la Fuerza Aérea pues se sabía que pese a tratarse de una fuerza extremadamente adicta a la persona del presidente, había numerosos oficiales que estaban dispuestos a plegarse al movimiento, como el comodoro Julio César Krausse y los capitanes Luis A. Bianchi y Orlando Capellini.
En el mes de julio tuvieron lugar varias manifestaciones contra Perón, en una de las cuales cayó muerto víctima de la represión policial, el militante de la juventud radical Alfredo Prat. Días después, el Partido Demócrata emitió un comunicado en el que criticaba duramente al gobierno denunciaba el clima de temor en el que vivía la ciudadanía, poniendo especial énfasis en la necesidad de una amnistía total.
El 15 de ese mes se produjeron una serie de renuncias en el gobierno a raíz de ciertas manifestaciones del primer mandatario en cuanto al curso que tomaba su revolución. Entre las mismas, destacaron especialmente la del vicepresidente de la Nación, contralmirante Alberto Teissaire, reemplazado por el diputado nacional bonaerense Dr. Alejandro H. Leloir y la de varios ministros y secretarios.
El 21 fue detenido el dirigente conservador Dr. Pablo González Bergez. Pocos después fue arrojado al río Paraná el cuerpo sin vida del doctor Juan Ingalinella, militante comunista desaparecido el 17 de junio, torturado y asesinado por la policía de Rosario. En Córdoba tuvo lugar una multitudinaria manifestación estudiantil y en Buenos Aires se llevaron a cabo numerosas protestas en pro de libertad y justicia, duramente reprimidas por las fuerzas del orden.
Ante semejante clima, el gobierno acordó, por primera vez en muchos años, conceder a los partidos de la oposición, espacios de radio para expresar sus puntos de vista. El primero en hablar fue el Dr. Arturo Frondizi, titular de la Unión Cívica Radical, quien el 27 de julio pronunció desde Radio Belgrano un enérgico discurso que finalizó con vivas y salutaciones de una multitud de seguidores que lo esperaba en las calles.
La conspiración, en tanto, continuaba, con los capitanes de fragata Aldo Molinari y Jorge Palma haciendo de enlaces con elementos del Ejército. Rojas por su parte, tenía sus propios “agentes encubiertos” en las personas de los tenientes de fragata Oscar Ataide, su secretario personal, y Jorge Isaac Anaya, a través de los cuales supo del desarrollo de los acontecimientos e hizo llegar sus puntos de vista.
Ocurrió que por esos días tuvo lugar un hecho, en Puerto Belgrano que sirvió para dar impulso a la conjura y acelerar sus preparativos.
Por decisión del gobierno, el total de las municiones que después del 16 de junio habían sido retiradas de las unidades rebeldes, fueron enviadas a ese destino junto a los aviones navales recuperados del Uruguay, reforzando de ese modo y de manera inesperada, el potencial de fuego de la unidad. La repentina decisión llevó a los mandos rebeldes a adoptar apresuradas medidas, una de ellas la acelerada construcción de espoletas especiales para suplir a las que habían sido retiradas y enviadas al arsenal de Zárate y la puesta en estado operativo de los aviones navales.
Mientras tanto, cuadros del Ejército seguían trabajando activamente en la compleja misión de captar adeptos, aunque con mucha dificultad dada la extrema vigilancia a la que estaba siendo sometida el arma.
En la provincia de San Luis, sede del II Cuerpo de Ejército, se movía incansablemente el teniente coronel Gustavo Eppens, asistido por un importante número de oficiales. La unidad se hallaba al mando del general Julio Alberto Lagos, de conocida postura nacionalista y afiliado desde el primer momento al movimiento peronista, por lo que cada movimiento debía hacerse con mucha cautela. Por su parte, en la Agrupación de Montaña Cuyo con asiento en la ciudad de Mendoza, varios de sus jefes intentaban neutralizar la marcada posición oficialista de su comandante, el general Héctor Raviolo Audisio y su segundo, el coronel Ricardo Botto. La agrupación se dividía en cuatro poderosos destacamentos siendo Botto jefe del Nº 3 con base en Callingasta, provincia de San Juan.
A los complotados se les sumaron el teniente coronel Fernando Elizondo, jefe del Grupo de Artillería Antiaérea 2; el mayor Armando Aguirre, jefe del Liceo Militar “General Espejo”; el juez de instrucción militar mayor Enzo Garutti, todos ellos con destino en Mendoza; el teniente coronel Mario A. Fonseca, jefe del Destacamento de Montaña 3 de San Juan y el general Eugenio Arandía, jefe del Estado Mayor del Ejército de Cuyo, con asiento en San Luis. Por ese lado, solo restaba sondear la postura del general Lagos y luego decidir que hacer al respecto.
Mientras el general Aramburu realizaba febriles gestiones para incorporar gente, se le sumaron otras dos figuras de importancia dentro del escalafón de oficiales del Ejército, el general Juan José Uranga y el coronel Héctor Solanas Pacheco.
En Córdoba, por su parte, conspiraba activamente el coronel Arturo Ossorio Arana mientras los comandos civiles revolucionarios trabajaban activamente, haciendo las veces de enlaces entre las distintas agrupaciones militares. Sus principales centros de operaciones en la ciudad de Buenos Aires eran el domicilio del Dr. Eduardo Fauzón Sarmiento y la escribanía de su hermano Jorge, ubicada en el 4º piso de Cerrito 512.
Un hecho inesperado que desconcertó un tanto a los conspiradores fue la sorpresiva incorporación a sus filas del general Dalmiro Videla Balaguer, de quien todos pensaban, era ferviente partidario de Perón. Aquello provocó sospechas y algo de inquietud ya que había más de un conjurado que suponían al alto oficial, espía al servicio del gobierno.
General Eduardo Lonardi
¿Qué había ocurrido para que se produjera tan repentina decisión? Algo simple. La fidelidad del general sanjuanino hacia la figura del primer mandatario había comenzado a resquebrajarse a causa de la persecución desatada contra la Iglesia Católica. Videla Balaguer era un hombre profundamente devoto y desde el momento en que la turba arrasó los principales templos de la capital, se produjo en él una suerte de lucha interna que lo llevó a la difícil situación de tener que optar.
Fue durante su visita a las ruinas de la iglesia de San Ignacio, en compañía de su esposa, que al ver tanta desolación decidió plegarse a la revolución.
Así lo hizo, después de contemplar aquel terrible espectáculo y de orar ante la arruinada imagen de Santa Teresa, poco antes de su regreso a Córdoba.
Otro que decidió volcarse al movimiento, movido por causas similares, fue el general Julio Alberto Lagos quien, después de un segundo encuentro con Aramburu en Buenos Aires, comprometió su palabra y al cabo de unos días de reflexión, confirmó su apoyo. Lo hizo durante un encuentro con el coronel Señorans, poco antes de que el alto mando decidiese su reemplazo por el general José María Sosa Molina, hermano del ministro de Defensa y hombre de la más absoluta confianza de Perón.
Quien se mantenía recluido en su domicilio, sin ser participado de los preparativos era el general de división Eduardo Lonardi, detenido y pasado a retiro tras el frustrado alzamiento de 1951.
Ni Señorans ni Aramburu tenían buena relación con él y si se lo tuvo en cuenta en algún momento fue por la insistencia de su amigo, el coronel Arturo Ossorio Arana y del Dr. Fauzón Sarmiento, a quienes mucho les costó acordar una entrevista entre ellos. Aramburu fue quien puso más reparos, argumentando que el aludido era un oficial en retiro, carente de autoridad.
-Aquí hace falta un general con mando sobre la tropa. Oficiales antiperonistas retirados hay miles – dijo en una reunión.
El encuentro con Aramburu y Lonardi tuvo lugar en el Hospital Militar, al que ambos concurrieron para visitar al general Roberto Nazar, que se hallaba allí internado. En la oportunidad, Lonardi manifestó estar dispuesto a subordinarse pero Aramburu le respondió secamente que no estaba encabezando ningún complot.
En el mes de julio la Flota de Mar hacía maniobras frente al golfo San Matías cuando detectó la presencia de naves foráneas en aguas jurisdiccionales. Casi al mismo tiempo, aviones navales interceptaron mensajes radiofónicos en inglés, que fueron grabados y enviados inmediatamente a los altos mandos de la Armada en Puerto Belgrano.
Para asombro de la oficialidad, los mismos fueron ignorados, razón por la cual, comenzó a circular la inquietante versión de que naves británicas o norteamericanas vigilaban los movimientos de la Armada a pedido del gobierno, versión que provocó indignación e incertidumbre en todos los niveles de la institución. Ese temor pareció confirmarse cuando el almirante Guillermo Brown ordenó la dispersión de la Aviación Naval y la clausura de la Base Comandante Espora, a efectos de neutralizar a la fuerza, mostrando abiertamente que la Marina de Guerra inquietaba a las autoridades del gobierno y seguía en la mira de la dirigencia peronista. Ante aquellas extremas medidas, el capitán de corbeta Eduardo A. Estivariz, pidió el retiro.
El 18 de agosto de 1955 la ciudadanía conoció el fallo del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que juzgaba a los militares alzados el 16 de junio. El contralmirante Samuel Toranzo Calderón fue condenado a la pena capital con degradación, de acuerdo a lo establecido por el artículo Nº 63, inciso 1º del Código de Justicia Militar, noticia que conmocionó a la ciudadanía.
En vista de ello, el general Juan Heriberto Molinuevo despachó al secretario del tribunal, coronel Juan C. Villafañe para que informara la novedad a Perón pero cuando el presidente escuchó el fallo, fue terminante en su decisión.
-Hijo, yo no fusilo a nadie. Que Molinuevo busque la forma de evitarlo.
De repente, el hombre que instigaba a las masas a “dar leña”, a “colgar con alambres de púa” y a “dar muerte a los enemigos”, mostraba una faceta prudente y humanitaria. Mucha gente, dentro de las Fuerzas Armadas, quedó realmente desconcertada.
Casi el total de los implicados, fueron condenados a prisión por tiempo indeterminado y enviados al penal de Santa Rosa, provincia de La Pampa, donde permanecerían encerrados por los siguientes dos meses.
Con la conspiración en marcha, los conjurados del Ejército y la Marina efectuaban frecuentes reuniones en el domicilio del doctor Fauzón Sarmiento, en pleno barrio de Belgrano, custodiados por un grupo de oficiales retirados al mando del coronel Ladislao Fernández Castellanos. Acudían a las mismas los coroneles Francisco Zerda, Arturo Ossorio Arana y Eduardo Señorans, el mayor Juan Francisco Guevara, el capitán Tomás Sánchez de Bustamante, el capitán de navío Arturo Rial y el capitán de fragata Jorge J. Palma.
Al primer de ellos cónclaves debía asistir el general Aramburu pero un llamado de último momento del padre Septimio Walsh, le advirtió que era vigilado las veinticuatro horas del día y que, por consiguiente, no era prudente que se moviera.
Los complotados se pusieron al tanto de lo que acontecía y trazaron un plan. Se decidió que la plana mayor de la armada debería esperar el pronunciamiento del Ejército que todavía buscaba una mano firme que tomase el mando y entonces Ossorio Arana manifestó que si se tenía que hacer cargo de Córdoba, deseaba contar el general Lonardi, por tratarse del jefe con mayor jerarquía dentro del arma. Su petición fue escuchada con atención y nadie puso objeciones.
Días después, el general Lucero removió a Aramburu, pasándolo de su puesto al frente de la Dirección de Sanidad al de jefe de la Escuela Nacional de Defensa.
Al margen de las actividades sediciosas, desde la residencia del Dr. Fauzón Sarmiento y otros domicilios particulares, los comandos civiles iniciaron sus aprestos para colaborar con las fuerzas rebeldes, ya como tropas de apoyo, ya como enlaces o aportando su concurso en toda actividad que les fuese encomendada.
Un grupo de ellos, encabezados por el ingeniero Roque Carranza e integrado por oficiales retirados como el capitán Walter Viader y el vicecomodoro Jorge Rojas Silveyra, se dedicó a fabricar bombas caseras con gelinita. Otras reuniones se llevaron a cabo en el Colegio Nuestra Señora del Huerto, a cargo del padre Walsh, donde se imprimieron miles de folletos, trabajando activamente en ello los ingenieros Florencio Arnaudo, Carlos Burundarena y Manuel Gómez Carrillo junto al oficial retirado Edgardo García Puló, Raúl Puigbó, que por entonces era permanentemente buscado por la policía y Adolfo Sánchez Zinny. En el comando liderado por el capitán Aldo Luis Molinari, actuaban Héctor Eduardo Bergalli, Roberto Etchepareborda y otros militantes radicales, grupos a los que se les encomendó la misión de copar e inutilizar las radios.
En el comando civil de la parroquia de Santo Cristo (Espíritu Santo), el capitán Carlos Fernández tenía a su cargo un nutrido grupo de militantes entre quienes se encontraban Alberto Pechemiel, Martín Cires Irigoyen y el abogado Ismael Carlos Gutiérrez Pechemiel, los tres, familiares del general Benjamín Menéndez. Alberto Pechemiel era esposo de Ángela Menéndez, sobrina del célebre militar y junto a ella, actuó como enlace durante el frustrado alzamiento de 1951, sufriendo ambos apremios, cárcel, allanamientos domiciliarios y agresiones físicas.
Mientras tenía lugar la entrelazada red de espionaje, se sucedían hechos de violencia que continuaban enrareciendo el clima en todo el ámbito de la nación.
El 12 de agosto una manifestación católica que se dirigía a la iglesia de Santo Domingo, fue atacada por elementos dela Alianza Libertadora Nacionalista en momentos en que llegaba a la esquina de Florida y Av. Corrientes, resultando detenidos muchos de sus integrantes. Dos días después, la policía allanó varios domicilios para arrestar a los integrantes de una agrupación opositora organizada en la Facultad de Derecho de la UBA y varios jóvenes armados fueron detenidos a bordo de un jeep cuando circulaba por el corazón del barrio de Recoleta, lo mismo la profesora de Religión Sara Mackintosh, cesante desde el mes de mayo7.
El 17 de agosto tuvo lugar una concurrida manifestación en Plaza San Martín, con motivo de un nuevo aniversario del fallecimiento del Libertador, acto en el que se lanzaron insultos de todo tipo contra Perón y su gobierno. Una vez más la Alianza Libertadora Nacionalista atacó a los manifestantes, hiriendo de una cuchillada a un joven de apellido Menéndez Behety.
Se enrarecía el aire en los principales epicentros del país y todo parecía presagiar nuevos estallidos de violencia.
Notas
- Entre esos nueve granaderos figuraban los conscriptos Pedro H. Baigorria y Héctor Leónidas Paz, cuyos cadáveres fueron depositados en el Hospital Ramos Mejía.
- Resolución 519/55 fechada el 20 de junio de 1955 y publicada en el Boletín Aeronáutico Nº 922.
- A. Marino, J. Mosquera, G. Gebel, V. Cettolo, H. Claria, G. Posaba, Gloster Meteor FMk IV en la Fuerza Aérea Argentina, Avialatina.
- Ídem.
- Publicado en el Boletín Aeronáutico Nº 1002.
- El 28 de julio de 1955.
- En su domicilio se hallaron panfletos opositores
1955 Guerra Civil. La Revolucion Libertadora y la caída de Perón
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