Los antecedentes del bombardeo para matar a Perón
@OldArg1810Un 16 de junio de 1955 (haga clic aquí para revisar ese evento) tuvieron lugar los bombardeos a Plaza de Mayo que llevo a cabo la Marina de Guerra con el objetivo de asesinar al presidente Juan Domingo Perón.
Pero, ¿Por qué pasó? ¿Cuáles fueron los factores que desencadenaron el hecho?
Cuatro años antes, en 1951, se inició el nuevo año con una gran huelga ferroviaria en reclamo de aumentos salariales y en contra de las autoridades de la Unión Ferroviaria. La huelga continuó aunque el presidente Perón la había declarado ilegal.
Esta terminó siendo reprimida brutalmente por el Ejército con los trabajadores ferroviarios siendo despedidos de sus empleos y detenidos por la policía por violar la Ley de Seguridad del Estado.
La participación de las Fuerzas Armadas en aspectos de la seguridad interior estaba permitida desde agosto de 1948, cuando la Cámara de Diputados aprobó en el lapso de unos pocos minutos, sin despacho de comisión ni debate previo,
la Ley de Organización de la Nación para Tiempos de Guerra, que legitimaba e institucionalizaba la participación de las Fuerzas Armadas en la represión interna.
Ante la interpretación de un “peligro inminente”, el presidente de la Nación podía asumir funciones judiciales y someter a los civiles a la justicia militar.
Esta ley fue aplicada por primera vez a los obreros ferroviarios en la huelga de 1951, cuya responsabilidad fue adjudicada por el gobierno a elementos socialistas y comunistas.
Esto se sumaba a que desde el año 1947 el gobierno había comenzado a atacar con dureza a la oposición, siendo detenidos muchos dirigentes opositores por el crimen de “desacato” o por violar el edito policial sobre reuniones públicas.
En mayo de 1951 se siguió en esa línea con el secuestro y tortura por parte de la policía del estudiante universitario y militante comunista, Ernesto Bravo, quien había sido detenido ilegalmente en su domicilio del barrio de La Paternal.
Hubo una intensa movilización estudiantil y de los partidos opositores exigiendo la reaparición de Bravo y la Federación Universitaria de Buenos Aires, presidida por David Viñas, decretó un paro de dos días en el mismo sentido.
El 12 de junio de 1951 el rector de la UBA, que era un funcionario nombrado por el Poder Ejecutivo, negaba la versión estudiantil de los hechos y la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia afirmaba que a Bravo lo mantenían oculto los mismos comunistas.
La CGT, los medios de prensa oficialistas y la bancada del Congreso del Partido Peronista denunciaron "las absurdas mentiras" de los comunistas, y que todo el llamado caso Bravo era una conspiración comunista para tomar el poder.
El gobierno intervino la Federación Universitaria de Buenos Aires, deteniendo a sus miembros, y clausurando los Centros de Estudiantes, debido al paro que realizaron exigiendo la aparición de Bravo con vida.
Bravo fue encontrada con vida, y declaró que había sido llevado a una comisaria, donde fue torturado reiteradamente con picana eléctrica, golpes de cachiporra y duchas de agua helada, permaneciendo inconsciente por mucho tiempo.
Por las torturas a Bravo fueron acusados los comisarios Cipriano Lombilla y José Faustino Amoresano pero en agosto del mismo año la Cámara de Apelaciones revocó la medida arguyendo que no había evidencias de torturas.
El médico que contrastó las lesiones de Bravo, el doctor Alberto J. Caride, y el juez que dispuso la libertad de Bravo tuvieron que exiliarse en el Uruguay debido a las amenazas que comenzaron a recibir.
En noviembre de 1949, un hecho similar había ocurrido en Tucumán, cuando diez sindicalistas de la capital de la provincia fueron detenidos por planear un paro general de solidaridad con la huelga de obreros de los ingenios azucareros.
Uno de ellos, Carlos Antonio Aguirre, dirigente del sindicato de mozos e integrante del comité provincial del Partido Comunista de Tucumán, fue secuestrado, torturado y asesinado por la policía; al parecer, en el subsuelo de la Casa de Gobierno.
A posteriori se hizo desaparecer el cuerpo, mientras fuentes policiales y gubernamentales, y desde la propia CGT oficialista, promovían la hipótesis del auto secuestro y se responsabilizaba a los comunistas, lo que generó nuevos allanamientos en casas de militantes comunistas.
Empero, la investigación judicial permitió hallar su cuerpo dos semanas después en la provincia de Santiago del Estero. A contragusto de la CGT, el 20 de diciembre de 1949 hubo una huelga general en la ciudad de Tucumán de repudio al asesinato, que se extendió a los
ingenios azucareros de Santa Lucia y La Florida. Los policías que tuvieron una responsabilidad directa contaron con penas de prisión en suspenso y quedaron en libertad.
En esos tiempos, algunos científicos como Bernardo Houssay eran perseguidos y fueron apartados de sus cátedras en las distintas universidades del país debido a sus críticas al gobierno nacional.
El Premio Nobel de Medicina que le fue galardonado en 1947, fue ignorado en el país. El gobierno, a través de la Subsecretaria de Prensa y Difusión, dio la orden de no darle difusión al acontecimiento, por lo tanto muchos no se enteraron de tal distinción hasta tiempo después.
En 1951 también se produjo la expropiación del diario La Prensa, principal medio opositor al gobierno peronista junto al diario La Nación (que tuvo problemas con el acceso al papel de diario). Alberto Gainza Paz, director del diario, se exilio en los Estados Unidos.
En los años anteriores se habían prohibido la circulación, y por lo tanto clausurado, distintos diarios opositores como La Vanguardia, órgano del Partido Socialista, El Intransigente de Salta, propiedad del dirigente radical David Michel Torino.
Otros diarios que sufrieron la clausura incluyen las publicaciones comunistas La Hora y Orientación, La Nueva Provincia de Bahía Blanca, La Capital de Rosario, Los Andes de Mendoza, El Liberal de Santiago del Estero, Democracia de Junín, y otros.
Con exepción de La Nación, que operaba con reducida capacidad, y de los diarios que circulaban clandestinamente, el gobierno había montando un exclusivo y gigantesco aparato propagandístico que incluía diarios, radios, revistas y noticieros oficialistas.
También se clausuraron las oficinas de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, organización de derechos humanos que denunciaba los secuestros y torturas, distintas radiodifusoras del país, y se secuestraban libros.
El encargado de ordenar todas estas acciones era el diputado peronista José Emilio Visca, antiguo hombre de Manuel Fresco en la provincia de Buenos Aires, que mediante la llamada "Comisión Visca", formada en 1949 y que estaba formada por diputados y senadores peronistas,
se encargaba de cerrar publicaciones opositoras con las excusas más insignificantes o esgrimiendo "razones de seguridad, higiene y moralidad".
En noviembre de 1951 se celebraron las elecciones presidenciales que decidirán al sucesor de Perón. De acuerdo a la nueva Constitución Nacional, sancionada en 1949, Perón podría buscar la reelección.
Perón anunció su candidatura a la presidencia, y como acompañante de su fórmula los sindicatos y el Partido Peronista Femenino reclamaban a Eva Perón, quien en un dramático discurso terminaría rechazando el ofrecimiento.
Mientras eso sucedía dentro del ejército se preparaban movimientos golpistas que buscaba terminar con el gobierno de Perón, uno encabezado por el general (R) Benjamín Menéndez y otro por el general Eduardo Lonardi.
Menéndez y Lonardi no pudieron ponerse de acuerdo en una estrategia en común y el segundo terminó retirándose del plan, siendo Menéndez el ejecutor. La revolución tuvo lugar el 28 de septiembre de 1951 con muy poca preparación.
Firmaron la proclama revolucionaria dirigentes del Partido Demócrata (Reynaldo Pastor, Felipe Yofre, y Héctor González Iramain), de la Unión Cívica Radical (Arturo Frondizi, Eduardo Laurencena, Mauricio Yadarola),
del Partido Demócrata Progresista (Julio A. Noble y Horacio Thedy), y del Partido Socialista (Américo Ghioldi). La proclama que difundieron los rebeldes, mediante panfletos lanzados desde aviones, decía lo siguiente:
Debido a esto el golpe fallo y fue contenido por las autoridades peronistas. Los militares golpistas fueron detenidos y también políticos opositores por conspirar con ellos como Arturo Frondizi, Reynaldo Pastor, Américo Ghioldi, etc.
Algunos de los jóvenes militares que integraron el golpe incluían a Julio Alsogaray, Alejandro Agustín Lanusse, y Francisco Manrique, futuros protagonistas de la política argentina, quienes estuvieron detenidos entre 1951 y 1955 bajo duras condiciones en el sur del país.
Esto provocó la declaración del estado de guerra interno por parte de Perón, que terminó extendiéndose por lo que seguiría de su mandato hasta 1955. Bajo esas circunstancias se desarrollaron las elecciones presidenciales de 1951.
La campaña electoral, que estuvo marcada por el intento de golpe encabezado por el general Menéndez, fue difícil para la oposición ya que no les era permitido el acceso a las radioemisoras, y los diarios se manifestaban abiertamente partidarios de los candidatos peronistas.
Sólo por medio de reuniones al aire libre la oposición podía exponer sus programas, y aún para ello dependían de las autoridades policiales para obtener autorización para el lugar y la fecha que tendrían que llevarse a cabo.
Aún cuando las reuniones eran permitidas por la policía, estos opositores eran blanco de ataques físicos, como ocurrió con el candidato comunista Rodolfo Ghioldi, que fue baleado por la espalda en un acto electoral de su partido en Paraná.
Otra desventaja que tuvieron fue que una gran parte de los candidatos opositores estaban detenidos al momento de la campaña electoral y de la elección. Por ejemplo los candidatos del Partido Socialista a la presidencia y vicepresidencia, Alfredo Palacios y Américo Ghioldi,
así como la mayoría de los nominados para integrar el Congreso, estaban en presión o permanecían ocultos de la policía. Reynaldo Pastor, candidato a presidente por el Partido Demócrata, también estaba detenido, al igual que otros dirigentes conservadores y también radicales.
