Revolución Libertadora ¿Se debió impedir que escapara Perón en 1955?

Historia alternativa: La revolución decapitadora

Introducción – Argentina, 1955: un país al borde del abismo

A mediados de 1955, la Argentina era un país profundamente fracturado. La figura de Juan Domingo Perón dominaba la escena desde hacía casi una década, con un gobierno que había transformado radicalmente el país desde su llegada al poder en 1946. Desde el punto de vista de los sectores populares y del movimiento obrero, el país vivía una etapa de inédita inclusión social. Perón había institucionalizado los derechos laborales o, mejor presentado, había logrado hacer creer a la población que las leyes laborales provenían de su mano y obra. Así, se había creado una red de seguridad social robusta y empoderado a los trabajadores como actores políticos fundamentales. La Fundación Eva Perón, aún tras la muerte de Evita, mantenía su impronta asistencial en los sectores más humildes. La economía, sin embargo, atravesaba turbulencias: el agotamiento del modelo industrialista de sustitución de importaciones, las restricciones externas, la galopante inflación y la caída de las reservas comenzaban a generar tensiones. Aun así, el aparato sindical y la maquinaria peronista mantenían una fuerte capacidad de movilización y resistencia. Para millones, Perón era el líder legítimo que había dignificado al pueblo y encarnaba una nueva forma de justicia social.

En el otro extremo del escenario, una parte significativa de la sociedad —compuesta por sectores de las clases medias, la cúpula empresarial, amplios sectores de la Iglesia, la intelectualidad liberal y buena parte de las Fuerzas Armadas— consideraba al peronismo un régimen autoritario, populista y corrupto. Acusaban al gobierno de haber cooptado el aparato del Estado para consolidar un culto personalista, perseguir a opositores, controlar la prensa y degradar las instituciones republicanas. La educación había sido subvertida para convertirse desde el jardín de infantes hasta la escuela secundaria en un culto pleno la personalidad del líder. Los únicos que resistían era la universidad, la intelectualidad y los científicos. Las tensiones con la Iglesia, particularmente tras la supresión de feriados religiosos y la legalización del divorcio, escalaron al punto de romper una relación que había sido aliada en los primeros años. El clima político se tornó asfixiante: clausuras de diarios, censura, proscripción de partidos y creciente militarización del discurso. Para la oposición, la defensa de la "República" justificaba el uso de medios extremos, y los sectores más conservadores veían con creciente simpatía la idea de un golpe militar como única salida al “atropello peronista”.

En ese contexto crispado y polarizado, el bombardeo del 16 de junio de 1955 marcó un punto de no retorno. El fallido intento de magnicidio, que dejó más de 300 civiles muertos en Plaza de Mayo, evidenció que la lucha política había cruzado el umbral hacia la violencia. Tres meses más tarde, con una sublevación militar consolidándose desde Córdoba y el país al borde de una guerra civil, Perón entendió que la continuidad de su figura solo significaría más sangre. El 19 de septiembre presentó su renuncia y partió al exilio, dejando un vacío de poder que la Revolución Libertadora se apuraría en llenar con proscripciones, persecuciones en forma de búsqueda de justicia por los abusos y una promesa incierta de “republicanismo recuperado”.

La huida y después

La huida de Juan Domingo Perón en septiembre de 1955 fue tan dramática como reveladora del colapso político que vivía el país. Tras semanas de creciente inestabilidad, con alzamientos militares desde el interior y un respaldo cada vez más debilitado dentro de las propias Fuerzas Armadas, Perón comprendió que su permanencia en el poder podía desencadenar una guerra civil abierta. El 19 de septiembre, presentó su renuncia en una carta dirigida al general Franklin Lucero, ministro de Ejército, invocando su deseo de evitar una “catástrofe fratricida”. A partir de ese momento, comenzó una retirada silenciosa pero cuidadosamente ejecutada.


El general fusilador al final era Perón, como lo dice claramente acá.

Perón pasó esa noche en el Palacio Unzué, su residencia oficial, desde donde partió en secreto al amanecer del 20 de septiembre. En otra carta, a su edecán, le pide traer una lista de objetos de su casa, incluyendo fotos de su amante de 15 años. Fue trasladado al arsenal de la Marina en Río Santiago, donde permaneció oculto bajo protección naval, disfrazado con uniforme de marinero para no ser reconocido. Desde allí, fue llevado en una lancha hasta un buque paraguayo anclado en el Río de la Plata —el Paraguay, una cañonera diplomática— que lo trasladó bajo asilo político a Asunción, con el visto bueno del presidente paraguayo Alfredo Stroessner.
Paraguay fue apenas una escala. Perón pasó unos días allí en condiciones precarias y con la permanente amenaza de ser entregado a los nuevos mandos militares argentinos. Decidido a evitar esa posibilidad, buscó rápidamente un destino más seguro. Viajó primero a Panamá, país que tradicionalmente ofrecía asilo a exiliados latinoamericanos, y desde allí comenzaría un largo periplo que lo llevaría luego a Nicaragua, Venezuela, y finalmente a su exilio más duradero en España, bajo el régimen franquista.
En esos primeros días, sin embargo, el exilio de Perón no fue ni cómodo ni seguro. Viajaba con documentación provisoria, sin garantías de protección diplomática estable, y en muchos casos debió depender del auxilio de amigos personales, contactos del movimiento peronista y gobiernos latinoamericanos afines. En paralelo, en Argentina comenzaba la llamada Revolución Libertadora, que prometía restaurar la “república” pero que rápidamente adoptó una política sistemática de proscripción, persecución y represión contra el peronismo, lo que sellaría la fractura política del país por décadas.